01/04/2014 A 20 años de la creación

Piden que se designe al Defensor del Pueblo de la Nación

Senadores, diputados, ONG y un integrante del organismo se reunieron la semana pasada en el Anexo del Congreso para pedir que se designe al titular de la institución. Hace cuatro meses que se venció el mandato de Anselmo Sella, el defensor adjunto, quien hasta ese momento ocupaba dicho cargo ya que desde 2009 no se nombra a nadie para ese puesto. Desde las organizaciones sociales hablan de una “situación de debilidad institucional”.

Legisladores de ambas cámaras junto a varias organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación se reunieron la semana pasada en el Anexo de la Cámara de Diputados para analizar la situación del organismo que se encuentra desde hace cuatro meses acéfalo ya que el 10 de diciembre de 2013 se venció el mandato de Anselmo Sella, el defensor adjunto, quien hasta ese momento ocupaba dicho cargo ya que desde 2009 ningún funcionario es designado como titular de la institución.   

En una mesa redonda, y bajo el lema "La Defensoría de Pueblo en Argentina: Logros y desafíos a 20 años de su jerarquización constitucional", representantes de las ONG, diputados y senadores manifestaron sus preocupaciones producto de la situación de la institución e identificaron las principales limitaciones que enfrenta el organismo para adquirir un rol de mayor protagonismo en la agenda pública.

Durante la reunión, la Senadora Norma Morandini (Frente Cívico) sostuvo que no pueden debatirse los logros y desafíos de una institución como la Defensoría del Pueblo sin hacer especial énfasis en el contexto institucional que atraviesa. Además manifestó su preocupación en torno a la falta de interés en iniciar el proceso para designación del titular del organismo, puesto que desde 2009 está bacante, y reclamó que los postulantes “cumplan condiciones de idoneidad e independencia”.

A su turno, los Diputados Ricardo Alfonsín y Miguel Bazze (UCR) consideraron como necesario que haya una sociedad que reclame a los funcionarios que cumplan su deber, y rescataron el rol y desafío de que eso se ejerza en relación a la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, hicieron hincapié en el hecho de que no es posible discutir normas que regulen la protesta social en contextos en donde los canales institucionales de reclamo de derechos, como la Defensoría, no se encuentran en condiciones de actuar eficazmente.

Por último, el Jefe del área de legales de la Defensoría del Pueblo, Daniel Bugallo Olano,  aseveró que actualmente el personal de la Defensoría “está abocado a dar el mayor cumplimiento posible a la misión de la entidad y dar respuesta a los reclamos nuevos y preexistentes que les llegan”. Por su parte, el funcionario detalló las limitaciones que en la práctica encuentran para tal fin como por ejemplo la imposibilidad de iniciar nuevos juicios.

En un comunicado común, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Fundación Poder Ciudadano, consideraron que “la Defensoría del Pueblo tiene un rol constitucional demasiado importante como para que se encuentre acéfala hace 4 meses, y en situación de debilidad institucional hace 5 años”. 

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