01/04/2014 Opinión

Una ley para no depender de la voluntad política de turno

Por Karina Banfi* Por segunda vez un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en el centro de la escena el debate en torno a la falta de una normativa que facilite el acceso a la información pública. La ex titular de Alianza Regional por la Libre Expresión e Información analiza lo que dejó el veredicto del Máximo Tribunal e indicó que “Argentina se encuentra hoy dentro del pequeño grupo de países que no tienen un marco regulatorio”. “Si estamos frente a un derecho humano, por qué no es suficiente la sola invocación para su ejercicio”, se interroga la especialista.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en su fallo en el caso Cippec c/ Min. de Desarrollo Social sobre información de padrones de planes sociales, se manifestó de forma categórica sobre el carácter fundamental del acceso a la información pública, reconocido como un derecho humano en los tratados internacionales que la Argentina ha suscripto, y la mención en su Constitución. La negativa por parte del gobierno nacional para entregar información se consideró irrazonable e ilegal.

Desde hace más una década se viene promoviendo una ley de acceso a la información que permita tener mayores datos sobre la actividad del Estado. En especial la sociedad civil impulsó acciones a lo largo de estos años para mejorar el alcance del decreto 1172/03 de acceso a la información pública, así como también, la aprobación de una ley por el Congreso Nacional. No sólo en Argentina representa un tema de interés, sino también en distintos países de Latinoamérica, en los que se ha trabajado por el reconocimiento de este derecho. Algunos han contado con el apoyo regional de organizaciones y referentes mundiales, tales como la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una red de ONGs de 19 países que ha colaborado en la promulgación de varias leyes y en la elaboración de la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información de la OEA.

El caso mexicano ha sido el más resonante, cuando un grupo de periodistas y académicos conformaron el "Grupo OAXACA" para promover la ley de acceso a la información y transparencia. Este proceso que se inició en el 2002 y tuvo réplicas en los siguientes años en distintos países: Honduras, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Chile. Le siguieron Brasil y Colombia, hasta en el viejo continente, España acaba de aprobar una ley de transparencia. Argentina se encuentra hoy dentro del pequeño grupo de países que no tienen un marco regulatorio en la región. En la columna deudores está junto con Paraguay, Venezuela, Bolivia y Costa Rica, y sin duda se dificulta el ejercicio pleno de este derecho.

La Corte Suprema de Argentina por segunda vez exhorta al Estado a que promulgue una ley de acceso a la información. Recientemente, perdió estado parlamentario media sanción de un proyecto aprobado en Cámara de Senadores. Los argumentos de los diputados es la obstaculización permanente que ejerce el Poder Ejecutivo y sus aliados en el congreso para que no se vote esta ley. Similares situaciones se vivieron en los países que lograron tener una ley. Sus gobernantes tampoco querían tener un marco regulatorio que los obligara a informar de todas actividades que financia el presupuesto nacional. Sin embargo, fue un proceso continuo y perseverante hacia la oportunidad política en el que reducir el secretismo y la opacidad en la administración, implicó ganar en transparencia y buena gestión.

Ahora bien, si estamos frente a un derecho humano, por qué no es suficiente la sola invocación para su ejercicio. Se ha hecho costumbre de los gobiernos que este ejercicio esté condicionado a la voluntad política del funcionario y se entienda más como "una gracia o un favor del gobierno de turno", como destaca la Corte en su último fallo. Esta mala práctica genera la necesidad de contar con una ley que de manera exhaustiva contenga las excepciones para ejercer el derecho, así como deberá entender los plazos y sanciones para quienes no cumplan con la obligación de entregar información.

Por lo tanto, los argumentos que usó hasta ahora el gobierno nacional para no entregar información quedaron obsoletos cuando los jueces entendieron el valor de la máxima publicidad para conocer la gestión del Estado, así como de las actividades que todos desarrollamos frente a un gobierno. De esto trata el último fallo de la Corte, conocer acerca de los beneficiarios de planes sociales no afecta la vida privada de las personas, ni puede considerarse un dato sensible, sino todo lo contrario, que sea accesible esta información facilita la ayuda estatal, toda vez que la transparencia y el control social beneficia a los sectores más vulnerables.

*Abogada, especialista en acceso a la información, ex-secretaria de Alianza Regional

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