12/05/2014 Columnista

Difícil coyuntura política brasileña

Por Atilio A. Boron. El próximo 5 de Octubre se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil. Si bien la presidenta Dilma Rousseff sigue encabezando con cierta holgura las encuestas de opinión, las cifras están lejos de ser tranquilizadoras.

La más reciente encuesta realizada por Datafolha, entre los días 7 y 8 de Mayo, demuestra que la intención de voto de la presidenta se ha estancado en torno al 37 %, y que no logra crecer para aproximarse al 50 % de los votos que exige la legislación electoral brasileña para consagrar al ganador.​

 

Su más cercano competidor aún está lejos: el senador del PSDB, Aécio Neves registra una intención de voto del 20 %, pero ha crecido desde el 16 % en las últimas semanas. En caso de una segunda vuelta, y ateniéndonos a lo que indican las cifras actuales, se registraría en este momento una paridad absoluta entre el gobierno y el polo opositor.

 

El estancamiento, e inclusive el leve retroceso de la popularidad de Dilma –el nivel de aprobación de su gestión como “buena” o “muy buena” es de apenas el 36 %- refleja la crítica situación social y política imperante en el Brasil en vísperas de la Copa del Mundo y de una trascendental elección presidencial​. Pero también expresa algo más: de hecho, tres de cada cuatro votantes del oficialismo preferirían que el candidato presidencial fuese Lula y no Dilma. Por eso es que el ex presidente ha salido a la palestra para declarar enfáticamente que su candidata es Dilma y que él no será candidato a nada. 

El gobierno petista se enfrenta a una serie inédita de problemas. Primero, la eclosión, en Junio del 2013, de un vigoroso movimiento de protestas populares cuyos únicos antecedentes comparables serían las grandes movilizaciones a favor de las elecciones directas de presidente que tuvieron lugar en los años 1984 y 1985. Es decir, el año pasado ​se puso fin a un período de casi treinta años de inmovilismo y aquiescencia políticas en el cual la vida política brasileña se desenvolvió  al interior de las herméticas instituciones del estado, completamente aisladas de las aspiraciones de las grandes mayorías nacionales​. La inercia de aquella inesperada irrupción de masas, gatillada por un tema sólo trivial en apariencia como es el costo del transporte urbano, puso en marcha una oleada de movilizaciones que continúan hasta el día de hoy, generando un clima de inestabilidad y violencia pocas veces visto en la historia brasileña. El fondo de estas reivindicaciones es una exigencia de democratización del proceso político y sobre todo de las decisiones en relación al gasto público.

En el país gobernado por el PT, inventor del “presupuesto participativo”, aquel se ha planificado y ejecutado sin estar sometido a ninguna clase de control democrático. El despilfarro, la corrupción y la insensatez de los enormes desembolsos presupuestarios exigidos por la realización de la Copa del Mundo y las Olimpíadas, cuando grandes sectores de la sociedad brasileña carecen de lo más elemental, parecen haber sido los disparadores de estas grandes protestas que aún no terminan. Segundo, y relacionado con lo anterior, la sentida necesidad de discutir el rumbo y la estrategia económica que está tomando Brasil y que ha desindustrializado al país, tornándolo más vulnerable a las influencias externas y en donde las prioridades gubernamentales parecen ser, antes que nada, la de satisfacer las demandas de los sectores empresariales más concentrados.

Por otra parte, este modelo económico brasileño -que muchos supuestos analistas califican sin más como de “posneoliberal” pese a que el capital financiero ha sido quien, de lejos, más se ha beneficiado del mismo- ha tenido como una de sus peores consecuencias un aumento exponencial de la deuda pública, cuyo pago insume casi la mitad del presupuesto federal, en detrimento de la inversión social. Todo lo anterior se relaciona, obviamente, con el papel que Brasilia esté dispuesta a jugar en el terreno internacional: líder del proceso de integración sudamericana, vía Unasur y Mercosur, o cabeza de playa del capital transnacional, vía acuerdos de libre comercio con Europa o sucedáneos que son los que, desgraciadamente para el Brasil y la América Latina,  el gobierno de Dilma está impulsando muy fuertemente. Por último también influyen los sombríos legados de la dictadura militar, que ante la debilidad gubernamental perpetúan y alimentan un núcleo reaccionario, violento y racista que se expresa en las feroces represiones de los últimos meses y en la insólita celebración del cincuentenario del golpe militar de Abril de 1964. En suma, una herencia que arroja espesas sombras de dudas sobre la vitalidad y perdurabilidad de la frágil democracia laboriosamente construida en las últimas décadas. En este escenario Dilma llega con muchas dificultades a las elecciones presidenciales, si bien la dispersión de los opositores y el enorme prestigio que conserva Lula podrían -¿y por qué no, un éxito en la Copa del Mundo!?-  ser decisivos para volcar la votación a su favor, aunque no exenta de sustos a última hora. Sería una victoria pírrica que, en el plano regional, debilitaría aún más los esquemas integracionistas sudamericanos como la UNASUR y el Mercosur. Y esto sería una muy mala noticia para nuestros pueblos.​

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