12/05/2014 Telefonía móvil

“Apoyamos este debate y todo tipo de control”

Así afirmó Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, en relación a la discusión que se inició la semana pasada en la Cámara alta. Además, cuestionó que la falta de regulación significó que se “vayan del país entre 3000 y 6000 millones de euros y que no se invierta absolutamente nada”.

Por primera vez, el Senado planteó el debate para regular y establecer como servicio público a la telefonía celular. Los legisladores de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta debatieron los cinco proyectos de ley, los cuales, en líneas generales, tienen el mismo fin.

Las iniciativas que se discutieron corresponden a Carlos Verna (PJ) y Eugenio Artaza (UCR); Graciela Di Perna (PJ); Rubén Giustiniani (Partido Socialista) y Gerardo Morales (UCR). La última en ingresar en la comisión corresponde al senador del Frente para la Victoria Juan Manuel Irrazábal quien, en diálogo con La Nación¸ afirmó que el secretario de Comunicaciones de la Nación, Norberto Berner, “dio luz verde para avanzar” con esta propuesta.

Uno de los puntos centrales del debate gira en torno a declarar a la telefonía celular como servicio público, hecho que, de aprobarse, le concedería al Estado la potestad de controlar y fijar tarifas. Consultado sobre este asunto, Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADUC), sostuvo que “con el avance de la ciencia, la telefonía móvil se transformó en un servicio muy necesario y estratégico para la comunidad”.

Además, calificó a la discusión parlamentaria como “muy positiva” y reiteró la necesidad de que se establezca el servicio público ya que cada vez más “las dos empresas de telefonía fija –Telecom y Telefónica– expulsan a los usuarios hacia la telefonía celular”. En la actualidad se estima que hay casi 36 millones de usuarios de telefonía móvil y más de 60 millones de celulares en circulación.

Según aseguró Bassano, “los presidente de las empresas telefónicas rechazan la declaración de servicios públicos porque no quieren ser regulados”. En este sentido, la falta de regulación significó que se “vayan del país entre 3000 y 6000 millones de euros y que no se invierta absolutamente nada”, cuestionó y añadió que es imperioso que se discuta acerca de la estructura  de costo que tienen las empresas.

Más allá de la falta de inversión, el presidente de ADUC objetó que “la situación de facturación de estas empresas es dudosa”. “Existe una seria y cierta evasión y elusión fiscal. Intentan ocultar las ganancias y no pagan los impuestos correspondientes”, denunció.

Hacia un nuevo reglamento centrado en el usuario

El año pasado, tras un fuerte cruce con las empresas de telefonía celular para frenar un aumento tarifario, el titular de la Secretaría de Comunicaciones, Norberto Berner, promovió la modificación del Reglamento de Clientes el cual data de 1997.

Bassano calificó a la iniciativa que impulsó Berner como “muy buena” e indicó que el reglamento que rige hasta ahora “no mira al usuario” sino que sólo hace hincapié “la parte comercial y mercantil”. “En Argentina se habla  mucho de las empresas, de lo que ganan o pierden. Pero falta la perspectiva en relación al usuario. Es por esto que apoyamos ese debate y todo tipo de control”, concluyó.  

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