30/06/2014 Opinión

Alerta por el escaso acceso a la información pública en Mendoza

Por Alejandro Belmonte*. Falta una ley provincial y hay siete proyectos cajoneados en la Legislatura, incluida una iniciativa del gobernador Francisco Pérez. Distintas ONG y universidades cuyanas impulsan la consolidación del derecho. “Debemos seguir apostando a profundizar y extender la democracia”, aclaman.

Una de las problemáticas comunes que enfrentan la mayoría de las ciudades de América Latina radica en la falta de garantías de los ciudadanos para acceder a la información pública. Sin esta garantía la ciudadanía se ve privada del derecho a conocer lo que sucede al interior de la estructura estatal, la información que fundamenta los procesos de toma de decisión, los criterios de asignación de recursos y los alcances de las políticas.

La información pública es una condición esencial para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente la participación en los asuntos públicos. La información en manos del Estado es pública y toda persona debe poder requerirla sin importar los motivos de la solicitud. Es esencial para poder ejercer plenamente otros derechos, esa información es vital para la participación ciudadana y el monitoreo de las instituciones públicas.

El ejercicio de la ciudadanía activa tiene como condición para su efectividad la disponibilidad de información que permita construir una opinión pública autónoma y crítica, con ciudadanos capaces de argumentar y defender sus posiciones en relación a cuestiones de interés público.

En Argentina todavía no contamos con una ley de acceso a la información pública, aun cuando se trata de un derecho reconocido en nuestra Constitución. Sin embargo, se han sancionado leyes en las que se prevé el acceso a la información en materias concretas. La única norma reglamentaria del mandato constitucional que se refiere al acceso a la información es el decreto de "Acceso a la Información Pública" No 1172//2003, el cual sólo está previsto para el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

En las provincias, en cambio, el proceso de reconocimiento del derecho ha sido mucho más intenso. Sin embargo, Mendoza tiene algunas características especiales: no posee una ley a nivel provincial (aunque está reconocido parcialmente para temas ambientales por la ley 5961); existen siete proyectos sobre el tema en la legislatura (uno de ellos aprobado en la cámara de diputados hace ya cinco años); fue incluido por el gobernador de la provincia como un aspecto prioritario para la reforma de la constitución en el proyecto que envió a la legislatura en octubre de 2012 y; sólo 4 (Capital, Guaymallén, San Martín y Luján de Cuyo) de sus 18 municipios poseen una ordenanza que reglamenta el derecho de acceso a la información pública.

Desde hace más de 10 años, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y universidades de Mendoza impulsan la consolidación del derecho tanto a nivel local como provincial. En conjunto han elaborado proyectos de ordenanzas y de ley que recogen los últimos avances y recomendaciones mundiales sobre la temática.

La concreción del derecho de acceso a la información pública brinda mejores bases institucionales para lograr objetivos políticos, económicos y sociales en la medida que propicia la transparencia en las organizaciones estatales y con ello un incremento de la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes; sienta las bases para procesos decisorios más públicos, sostenidos en el tiempo y con mayor consenso político y social y reduce las asimetrías sociales en el acceso a la información creando mejores condiciones para la formación de una opinión pública fundada y la participación.

Pero deben generarse mecanismos y garantías ciertas para el ejercicio del derecho, permitiendo que los ciudadanos se involucren, se comprometan con las políticas públicas, estableciendo una posibilidad real de nuevas formas de interacción entre el estado y los ciudadanos, dotando a las políticas públicas de mayor consenso social y legitimidad. Abriendo nuevos canales de comunicación y mejorando los procesos de producción de información que redunden en mayor eficacia del accionar público.

Si bien hasta ahora se ha presentado este derecho como fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, también es necesario para el buen funcionamiento del Estado. Los tres poderes necesitan de la mayor cantidad de información posible para tomar buenas decisiones. A su vez, una mayor transparencia de la gestión pública podrá contribuir a incrementar la credibilidad de las instituciones estatales.

Finalmente, y en el mismo sentido, la construcción de un mejor Estado y una democracia fuerte necesita de una sociedad civil sólida y capaz de asumir sus responsabilidades. Debemos seguir apostando a profundizar y extender la democracia, y hay que hacerlo en todos los frentes, incluyendo la gran política, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales.

* Director ejecutivo en Fundación Nuestra Mendoza.

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