22/07/2014 Salud

Advierten falta de control por parte del SENASA

Fue en el segundo encuentro del programa de Planificación Participativa a cargo de la Auditoría General de la Nación. El organismo de control se reunió con una decena de organizaciones civiles y funcionarios legislativos quienes debatieron sobre el uso de los agroquímicos. Todos coincidieron en la necesidad de avanzar en una Ley de presupuestos mínimos que regule la actividad y denunciaron la “falta de especificidad de las enfermedades producto de los pesticidas”.

Más de una decena de ONG y funcionarios legislativos participaron la semana pasada del segundo taller del programa de Planificación Participativa que ofreció la Auditoria General de la Nación (AGN). El tema central giró en torno al uso de los agroquímicos.

“Estamos convencidos de que las políticas públicas no se pueden implementar sin el apoyo de la sociedad civil”, afirmó el titular de la AGN, Leandro Despouy, tras abrir el encuentro. El presidente del organismo de control manifestó la intención de “intercambiar información y opiniones” con las organizaciones a fin de verificar la tarea realizada y “entender qué más se puede hacer”.

En relación al uso de los agroquímicos, la mayor inquietud de las ONG tiene que ver con la necesidad de una ley de presupuestos mínimos que regule la actividad y la falta de especificidad de las enfermedades producto del uso de los pesticidas.

“La principal preocupación tiene que ver con el uso indebido de los agroquímicos, hecho que afecta no solamente al ambiente sino a la salud tanto de los pueblos fumigados como de los aplicadores e incluso de los consumidores”, dijo María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Además, la integrante de FARN, pidió por una ley presupuestos mínimos y alertó acerca de la falta de control y registros “en los hospitales acerca de la causalidad de determinados tipos de cáncer y discapacidades”. Por otra parte, Di Paola señaló que es necesario controlar “los residuos peligrosos”, crear “un registro de aplicadores” y realizar un “ordenamiento del territorio para dejar asentado las distintas actividades productivas que se realizan”.

Durante el encuentro, los técnicos de la AGN comentaron acerca de un informe publicado años atrás sobre la gestión de la Dirección de Inocuidad -que está bajo la órbita del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)- y expusieron los primeros avances de la auditoría sobre el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones que depende del Ministerio de Salud de la Nación.

“Si bien existen leyes y normas, el Estado tiene que profundizar el control. El SENASA, que es el organismo que registra y tiene que autorizar toda la aplicación de los agroquímicos, no está controlando de manera eficiente. Si las buenas prácticas de agricultura se cumpliesen bien, no habría tantas denuncias ni tanta gente intoxicada”, cuestionó Adriana Piffaretti, integrante del equipo del área de auditoria ambiental de la AGN.

Por su parte, Azucena Sasso, de la Asociación de Abogados Ambientalistas apuntó también contra el SENASA por no hacer “los controles correspondientes ni emitir estadísticas”.

En sintonía, el coordinador de proyectos de gestión sustentable en la Fundación ProYungas, Hernán de Arriba, precisó que “hay un déficit de legislación a nivel nacional” por lo que resulta imperioso “generar conciencia en toda la cadena productiva”. “Cuando hablamos de buenas prácticas, el control es necesario. Hay que concientizar a cada sector de la cadena productiva y tener información accesible porque con las leyes únicamente no alcanza”, concluyó.

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