05/08/2014 Federalismo fiscal

La gestión local y el desafío de descentralizar

Por Luis Rappoport*. Uno de los socios del Club Político analiza el lugar que ocupan los municipios, su vínculo con provincia, Nación y la gestión de los servicios públicos. “A partir del 2016, la sociedad argentina deberá cambiar el sistema de incentivos de los gobernadores, del poder central y de los ciudadanos”, sostiene el autor.

Desde hace unas cuantas décadas, en todos los países, los gobiernos, los medios académicos y los organismos financieros internacionales promovieron criterios de subsidiariedad en la gestión de las políticas públicas.  

Esos criterios apuntan a que “por default”, el ámbito ideal para la gestión debería ser el más próximo a los ciudadanos.  Y que se subiría de rango según la naturaleza de los problemas y los proyectos. Así, por ejemplo, si de lo que se trata es de conservar los espacios verdes de una ciudad, la decisión y ejecución deberían ser las del gobierno de esa ciudad. Y en la otra punta, si de lo que se trata es de enfrentar los problemas globales vinculados al cambio climático, el ámbito de resolución debe ser –inevitablemente–supranacional.

Esa tendencia tiene como uno de sus correlatos acercar las políticas públicas a la participación y el control de la población. Es, por lo tanto una tendencia que afirma la democracia y la construcción de ciudadanía. Cuanto más autónomo es el nivel subnacional, mayor es su capacidad para construir su destino y el de sus habitantes, y aportar sus “olores y sabores” a la comunidad más amplia. Se habla de “clusters” para expresar la sintonía entre el desarrollo de cadenas productivas sectoriales en espacios regionales. Se habla también de lo “glocal” para expresar una relación virtuosa entre los desafíos globales y el desarrollo de la competitividad local.

En el transcurso del tiempo, se fue percibiendo la complejidad del problema. ¿Tiene el ámbito local las capacidades para recibir la descentralización?, ¿de dónde emanan los recursos para la gestión local?, ¿cómo evitar que los distritos menos afluentes tengan peores servicios que los más ricos?, ¿cómo se organiza el control ciudadano?, ¿qué rol cumple el nivel central?, ¿quién y cómo se fijan los estándares de equidad y calidad en la prestación de los servicios públicos?, ¿alcanza con el control ciudadano para que los ámbitos locales cumplan con los mejores estándares?, ¿qué instancias de coordinación interprovincial se construyen?, ¿qué lugar tienen los municipios?, ¿cuál debe ser el vínculo entre municipios, provincias y Nación?, ¿las capacidades y los recursos para el desarrollo de la competitividad regional, se fortalecen o se debilitan con la transferencia de servicios públicos a la gestión local?

La Argentina no escapó a la tendencia y descentralizó un buen número de servicios hacia las provincias y los municipios. Salud, educación y seguridad –entre otros–, que se gestionaban desde una mezcla desordenada de organismos nacionales y provinciales pasaron plenamente a la gestión provincial. Pero, al cabo de 30 años de democracia, muchas de las preguntas mencionadas siguen abiertas o encontraron respuestas precarias que generan incentivos perversos sobre los gobiernos locales.

Hoy la forma como se organizó la relación entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales constituye una traba para la mejora de la democracia y para afianzar las autonomías locales y el desarrollo económico y social.

En esa relación, hay una primacía de los intereses políticos de corto plazo del gobierno central en desmedro de las políticas públicas. Y hay una primacía del personalismo en desmedro de las instituciones.

Los recursos provinciales emanan, cada vez más, de la mendicidad de los gobernadores y de la obsecuencia política hacia el poder central. Y existe, en la dirigencia local, la presunción de que el éxito político de los gobernadores depende cada vez más del empleo público y de prebendas clientelares hacia sectores de la población.

A partir del 2016, la sociedad argentina deberá cambiar el sistema de incentivos de los gobernadores, del poder central y de los ciudadanos. Pocos debates son tan cruciales para la mejora de la democracia argentina como este.

Acá va una propuesta: atar el crecimiento de los recursos provinciales coparticipables al incremento de la masa  salarial privada de cada provincia. De esa forma, asegurar que los gobernadores tengan más recursos si desarrollan en cantidad y calidad el empleo privado. Los ciudadanos sabrán que el empleo privado creativo y competitivo es la mejor opción, y el poder central podrá especializarse en el control de las políticas públicas provinciales con la certeza que los intereses de la Nación se alinean con los de las provincias y los de los ciudadanos.

*Socio del Club Político Argentino

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