20/08/2014 Medio Ambiente

Primera en adherirse a la Ley de Bosques y primera en violarla

Se trata de la provincia de Salta. Un informe de la Auditoría General de la Nación advirtió este año sobre algunos cambios en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos. A pesar de estar prohibido, se recategorizaron 14 mil hectáreas y quedaron habilitadas para desmontes. Además, según el organismo de control, tampoco se realizan las audiencias públicas correspondientes para evaluar el impacto ecológico de los emprendimientos productivos en la zona.

Hace unos meses se conoció un informe de la Auditoría General de la Nación que advierte sobre algunos cambios en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) que violan la Ley Nacional de Bosques (Nro. 26.331). Salta es una de las provincias que está en la mira ya que desde el 2007 (año en que entró en vigencia la normativa) recategorizó, por su cuenta, 14 mil hectáreas, que estarían ahora habilitadas para desmontes. La situación empeora si se tiene en cuenta los números no oficiales de distintas Organizaciones No Gubernamentales que indican que, en realidad, la cifra llega a 100 mil.

En diálogo con gestionpublica.info, Ana di Pangracio, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), aseguró que “hoy son más de 100 mil hectáreas. En el informe de la AGN no se analizó parte del año 2013 y 2014, dejando afuera los cambios hechos en ese periodo en el ordenamiento”. Otro claro ejemplo de esta situación de irregularidad es Santiago del Estero, donde se arman mapas de zonas explotables en medio de terrenos protegidos. Estos cambios fueron llevados adelante sin previa consulta pública y sin tener en cuenta a las comunidades originarias de la zona.

La Ley Nacional de Bosques delimita, en uno de sus artículos, seis eco-regiones: Parque Chaqueño, Selvas de Las Yungas y Misionera, zonas Espinal y Andino-patagónica, y Montes. Estas áreas tienen a su vez tres categorías de protección: la Roja con un valor muy alto de conservación, la Amarilla con un nivel intermedio de cuidado; y la Verde, que habilita desmontes, siempre que se sigan las reglamentaciones vigentes. Esta normativa busca proteger casi 29 millones de hectáreas de bosques nativos argentinos.

De acuerdo a la Resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) Nº 236/2012, los cambios prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática. Gestionpublica.info dialogó con Inés Gómez, Directora de la Dirección de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, quien sostuvo que “hay situaciones donde se necesitan recategorizaciones, pero esto se está volviendo un procedimiento normal sobre todo en el este de Salta para llevar adelante la expansión de la frontera agropecuaria. De esta manera, se provoca el desplazamiento de habitantes del lugar y una pérdida de bosques nativos de difícil recuperación”.

A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, la situación en Salta es la más preocupante ya que fue la primera en adherir a la ley de bosques y hoy es la que registra más desmontes anuales. Según Gustavo Pauls, representante COFEMA, en dicha jurisdicción, “la ley de adhesión en el articulo nº47 reza que los propietarios podrán solicitar un plan de ordenamiento predial. Los desmontes que se fueron dando son absolutamente legales. Tenemos un ritmo de desmonte muy bajo comparado con años atrás. Seguimos determinados protocolos, no se pueden desmontar más de 1.500 hectáreas por año por propiedad”.

Sin embargo, un informe de Greenpeace detalló que se desmontaron 1.900 hectáreas en la finca “La Luz del Chaco”, 1.700 en la finca “El Carmen”, 1.100 en la “La Peregrina”, sumado a otras talas de menor cantidad de hectáreas. Por esta razón, 60 organizaciones realizaron el mes pasado un pedido a la Secretaria de Ambiente de la Nación, exigiendo que se deroguen los decretos 2211/10 y 3136/11 que le permiten a los propietarios realizar recategorizaciones de bosques. “Estamos abiertos al dialogo, a recibir sugerencias, acordar días de trabajo. Pero no podemos renunciar al derecho inalienable que tiene el pueblo de salta al desarrollo y a la inclusión social”, destacó Pauls.

La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o al pastoreo de ganado. “Es algo que ocurre en toda Latinoamérica”, admitió el responsable del COFEMA.

Otra de las falencias detectadas por la AGN es la falta de audiencias públicas para evaluar el impacto ecológico de los emprendimientos productivos, lo cual fue negado por Pauls, quien sostuvo que las mismas se realizaban y que estaban contempladas en la ley 7070/00. Respecto a las comunidades originarias, aclaró que “no le damos curso a ninguna recategorización que afecten sus derechos como de los propietarios individuales”.

Además, añadió que “tenemos pedido un permiso para desmontar en áreas de comunidades indígenas categorizadas en amarillo, de menor valor de conservación. Y eso no lo dice nadie”. Contrario a esto, hace poco integrantes de la Comunidad wichí realizaron un acampe para impedir el desmonte de más de seis mil hectáreas en su territorio en El Arenal Oveja, finca Cuchuy, en el departamento San Martí.

Inés Gómez, Directora de la Dirección de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, agregó que “comunidades wichis y de criollos presentaron un recurso de amparo en la comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Hasta el momento, las medidas tomadas por la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable fueron hacer los reclamos correspondientes, elevar notas, pero hoy se encuentran esperando respuestas. “Estamos tratando de llegar a un acuerdo con las provincias a través del COFEMA para trabajar en conjunto. No queremos actuar autoritariamente, buscamos un consenso, el mes que viene vamos a tener algún tipo de definición. Sino tendremos que ver las posibilidades con nuestros abogados de hacer algún tipo de acción legal”, adelantó Gómez.

Recomendaciones acatadas

Una de las recomendaciones que llevaron adelante en Salta fue la actualización de la OTBN y del inventario de bosques. “Estamos haciendo un balance de superficie total, de toda la provincia para acercárselo a la secretaria de ambiente de la nación. Además, hemos estado incorporando personal y equipamiento para los trabajos de control para que sea mucho más estricto. Incorporamos al cuerpo de abogados de control y fiscalización, profesionales para generar la gestión de las multas. Estamos haciendo cursos de capacitación para los inspectores, con el fin de mejorar su capacidad para hacer los controles”, concluyó. 

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