16/09/2014 Columnista

La Argentina frente a la Ley de Pago Soberano

Por Facundo Martínez*. Los argentinos vivimos tiempos electorales, quizás anticipados para lo que todavía falta para las presidenciales de 2015, y es necesario remarcar esto para entender las posiciones encontradas en el Congreso entre el oficialismo y la oposición respecto a la sanción de la Ley de Pago Soberano de la Deuda, mediante la cual el país podrá cancelar su deuda externa reestructurada a través de un fideicomiso depositado en el Banco Central.

Se evitarían así los perjuicios que los interesados fallos del juez federal neoyorquino Thomas Griesa, defensor acérrimo de los denominados fondos buitres, ocasionan a los tenedores de bonos que aceptaron en 2005 y 2010 los canjes de deuda, que le permitió a la Argentina reducir significativamente su deuda con el mundo.

Luego de aprobada la ley, oficialistas y opositores se prendieron en una batalla dialéctica que deja en evidencia la división tajante, y de apariencia insalvable, que de un tiempo a esta parte –incluso con intensidades similares a las de otros conflictos de la historia nacional- atraviesan las diferentes escenas de la vida política, social, económica y, por supuesto, mediática del país.

“Efectividad” y “consecuencias” de la medida, fueron los tópicos elegidos por los legisladores de un amplio espectro político para dar curso a un debate que, tal es la extraña costumbre en la Argentina actual, los medios oficialistas y opositores leyeron de diferentes maneras. La excepción que confirmó la regla fueron las posiciones adoptadas por el dirigente del Frente Renovador y ex ministro de economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, y el voto a favor de la ley del diputado nacional por el radicalismo Eduardo Santín, quienes aún con reparos se pronunciaron a favor de la iniciativa del Gobierno.

Pero antes, un dato insoslayable. La Ley de Pago Soberano de la Deuda, que autoriza el reemplazo del Bank of New York por Nación Fideicomisos y que, además de permitir el pago de la deuda en Buenos Aires, crea una comisión bicameral que deberá investigar el origen de la deuda externa desde 1976, es decir a partir de la última dictadura hasta las reestructuraciones de 2005 y 2010. Para alcanzar los 134 votos que permitieron sancionar la ley, el oficialismo puro sumó los votos de sus aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, Partido Justicialista de La Pampa, Nuevo Encuentro, Movimiento Solidario Popular y Movimiento Popular Fueguino, y el apoyo de tres diputados del Movimiento Popular Neuquino y el del radical Santín, quien luego expuso los argumentos de su decisión de acompañar en esta votación al Ejecutivo: “En este caso creo que el oficialismo es el que tiene más herramientas que la oposición para resolver un tema de Estado (…) Esta ley era necesaria para los que apostaron a la Argentina”.

Entre los opositores que votaron en contra, primaron diferentes percepciones. El ex vicepresidente y ahora diputado radical, Julio Cobos, consideró que “la ley no soluciona ni el tema de los holdouts ni de los buitres, ni el tema de los actuales tenedores de los bonos”; postura similar a la adoptada por el también radical Miguel Giubergia, quien catalogó la Ley de Pago Soberano como “una ley innecesaria, carente de validez y relevancia” e instó “a actuar de acuerdo a las condiciones contractuales oportunamente acordadas”, algo que, según quedó demostrado en los últimos meses, no tiene otra manera de aplicación que no sea cediendo a la presión de los fondos buitres.

Por su parte, el economista y diputado del PRO Federico Sturzenegger, consideró que esta ley “no resuelve el litigio que Argentina tiene con los holdouts” y, avanzando un poco más en su posición, dio a entender que, en caso de ganar Mauricio Macri, en 2015 se derogaría. El también diputado y ex ministro de economía de Cristina Kirchner, Martín Lousteau -ahora en UNEN- también cuestionó que la normativa “no resuelve el problema del bloqueo de los fondos de los bonistas reestructurados”.

El desarrollo del debate y las posiciones encontradas respecto a la importancia de la Ley de Pago Soberano de la Deuda fue sintetizado por la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio. “No veo espíritu constructivo en la oposición, veo un espíritu destructivo, como si quisieran que esto no funcionara. Esperábamos una jornada de unidad nacional. La Presidenta no toma esta decisión pensando sólo en su gobierno, sino que lo hizo pensando en el futuro de todos los argentinos”.

Una contradicción que llama la atención es la existente entre las posiciones de dos referentes de peso dentro del Frente Renovador. El diputado Sergio Massa, uno de los presidenciables para el 2015, dijo que la ley “es la pérdida de la oportunidad que la Argentina tiene de abrirse a los mercados y acceder al financiamiento”. Mientras que, su economista estrella, Lavagna, si bien consideró que el proyecto “no es lo mejor”, apuntó que “es bueno que el Gobierno se haya ocupado de lo principal, que es el 93 por ciento de los acreedores que ingresaron al canje. Es valorable no haber caído en el error, casi me animaría a decir la trampa, de atender al uno por ciento que ha conseguido esta sentencia en Estados Unidos”.

Por si le hubiera hecho falta algún impulso mayor que el de la soberanía nacional, la propuesta del G77 más China –que nuclea a unos 133 países- ante la asamblea de la ONU, impulsada por la Argentina y que establece “la necesidad de crear un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana”, recibió un apoyo contundente con el voto positivo de 124 países, 41 abstenciones y sólo 11 votos en contra, encabezados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. Ese apoyo a nivel mundial, considerado “histórico” por las autoridades nacionales, le permitió a la funcionaria Marita Pérceval, representante permanente ante la ONU, criticar con inusitada dureza el comportamiento posterior de la oposición en el Congreso Nacional: “Qué pena que digan que Argentina no respeta la ley, que no se den cuenta de que ellos (los opositores), desde sus bancas, también hacen al Estado de derecho en Argentina. Son los que también hablaban de la mano invisible del mercado, esa mano que asfixió de hambre y pobreza a tantos argentinos”.

La propia presidenta, CFK, puso en vigencia la ley con la que el país pretende dar respuesta a los tenedores de bonos de la deuda, frente al incumplimiento del Banco de Nueva York, a través de la firma del decreto 1577/2014, horas después de la aprobación en la Cámara de Diputados. En su discurso, volvió a pedirle “responsabilidad” a la oposición frente a esta cuestión particular y valoró el apoyo internacional.

La flamante ley de Pago Soberano de la Deuda, declara de interés público las reestructuraciones realizadas en 2005 y 2010 y el pago “en condiciones justas, equitativas y legales y sustentables” a la totalidad de los bonistas. Su objetivo principal es “pagar” ante la “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro de los fondos pagados por la República Argentina con fecha 26 de junio de 2014, dispuesta por órdenes judiciales dictadas por la Corte de Distrito Sur de la ciudad de Nueva York en el marco de la causa NML Capital Ltd. et al v. Republic of Argentina”. Órdenes dictadas por el juez Griesa y que, según consta en la normativa, “resultan de imposible cumplimiento, y violatorias tanto de la soberanía e inmunidades de la República Argentina como de los derechos de terceros”.

Justamente, para remover al Bank of New York Mellon (BoNY) la ley dispone la creación de una cuenta especial de Nación Fideicomisos S.A. en el BCRA, "cuyo objeto será mantener en fiducia los fondos allí depositados y aplicarlos al pago de los servicios de deuda correspondientes”. En tanto que, para el 7,6 por ciento de los bonistas que no ingresaron en los dos canjes anteriores, la normativa contempla un nuevo canje “en virtud de la buena fe de la Nación Argentina, y de su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas para todos sus acreedores”. Y, finalmente, dispone la creación en el ámbito del Congreso la de una “Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación” -entiéndanse renegociaciones, canjes, megacanjes, blindajes, etc…-, compuesta de ocho senadores y ocho diputados designados proporcionalmente por los diferentes bloques que componen ambas cámaras.

“Estamos en una situación exactamente inversa, en un verdadero giro de campana. El Parlamento asegura el pago y el presidente no declara el default, sino que promulga la ley que asegura el pago soberano. Argentina vuelve a decirle al mundo que quiere y está en condiciones de afrontar sus compromisos”, remarcó la presidenta CFK, en clara alusión a la asamblea de 31 de diciembre de 2001, cuando los senadores aplaudieron el default tras el anuncio del fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá de la suspensión de pagos de la deuda externa.

*Sociólogo y periodista.

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