23/09/2014 Delitos económicos

Un avance contra la impunidad

Por Claudio Castelli*. El envío al Senado del proyecto de transformación de los tres Juzgados en lo Penal Tributario, en Juzgados Nacionales en lo Penal Económico es una buena noticia, porque “datos duros indican que el Fuero Penal Tributario hizo, hasta el momento, muy poco para disuadir de su conducta delictiva a quienes evaden impuestos en la Capital Federal” (Martín Gershanik -Revista Pensamiento Penal).

Además, la hiper-especialización sin resultados es quitar esfuerzos para combatir unificadamente los mismos temas trascendentes de Penal Económico, como el negocio de divisas, el giro de monedas al exterior, maniobras aduaneras, falsedades contables,  etc.

Para lograr ese objetivo  los once Juzgados tienen que tener la misma competencia, y puede redundar también en una lucha contra la Evasión tributaria más eficiente, con criterios más amplios para perseguir estos hechos, que el que pueden tener sólo tres Jueces.

El delito económico, entendido como delito de los poderosos, tiene como característica principal la impunidad, que claramente viola el artículos 16 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad de los habitantes ante la ley, los poderosos no son solamente los funcionarios públicos, sino el poder económico: directivos de Bancos, Compañías de Seguros, Sociedades Comerciales y grandes corporaciones económicas, etc., en consecuencia es imprescindible contar con una reforma procesal donde todo el procedimiento tanto la instrucción, como el juicio sean orales, y establezca de una vez un sistema acusatorio, donde el Fiscal lleve adelante la investigación, sin desdeñar la posibilidad de instalar el Juicio por Jurados, para delitos de corrupción pública, delitos económicos y casos graves con penas elevadas.

Simultáneamente debe pensarse en un fuero Penal Económico más amplio, que abarque todos los fraudes, como administración fraudulenta de bancos, lavado de dinero, delitos tributarios, y el resto de la competencia que hoy tiene el fuero que lleva ese nombre, para legislar un sistema penal especial para estos casos cometidos por personas, que no han obrado motivados por “la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos” (Art. 41 inc. 2 del Código Penal), y además cuentan con abogados, contadores, economistas y debido asesoramiento para burlar las leyes, sistema parecido al que proponía el Dr. David Baigún, en el libro “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”, Depalma).

Todos los esfuerzos del Estado deben estar empeñados en estas transformaciones pues de lo contrario los pocos que luchan contra la delincuencia económica, parecen evangélicos predicando en las plazas desiertas, pues chocan contra la dura estructura judicial, preparada y sistematizada para condenar perejiles.

*abogado penalista dedicado a la criminalidad económica

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