30/09/2014 Columnista

La Argentina en el círculo vicioso

Por Facundo Martínez*. La presión ejercida la semana pasada sobre el valor del dólar blue, que llegó a perforar el techo de los 16 pesos, ciertamente estiró la brecha con el dólar oficial a una cifra que ronda el 85 por ciento. La disparada del blue tuvo unos días de repercusión mediática estelar, que fue cediendo terreno frente a las denuncias del Gobierno contra los grandes grupos económicos y de medios que parecieran querer apostar a una nueva devaluación de peso como la que tuvo lugar entre diciembre y enero pasado.

Muchos economistas han intentado explicar estos días la corrida cambiaria poniendo el foco en una suerte de devaluación “natural” del dólar paralelo, debido a la fuga de pesos hacía ese mercado ilegal e incluso afirman que su valor recién podría detenerse en el cruce de la inflación y la incertidumbre que el propio Gobierno aporta sobre la economía nacional. Según dicen, si el dólar paralelo no alcanza valores que perforen los 20 es simplemente porque todavía no habría pesos suficientes en la economía nacional como para comprar en ese valor. Pero, advierten, eso pasará tarde o temprano.

Quienes alientan una nueva devaluación encuentran argumentos positivos en sectores específicos de la economía como el turismo. La suba del dólar blue, y su consecuente arrastre sobre el dólar oficial, atraería a los turistas internacionales al consumo de productos argentinos, aunque la competitividad estaría dada en la posibilidad que estos tengan de vender sus divisas en el mercado paralelo o ilegal.

Quienes sostienen este tipo de teorías poco o nada dicen sobre los sectores que se perjudicarían con una suba desmedida del dólar y sobre el efecto que esto podría acarrear sobre los precios y, consecuentemente, sobre el salario de los trabajadores. El propio ministro de Economía, Axel Kicillof, había advertido días atrás que la suba del dólar ilegal formaba parte de un “plan especulativo” de parte de los fondos buitres, que implicaban ataques a la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que el principal objetivo era forzar una devaluación. “No es casual el aumento del blue, los buitres y las declaraciones de la embajada de Estados Unidos”, sintetizó el ministro. Luego detalló este supuesto plan en cinco puntos: “ataque a la moneda para forzar una devaluación, el ataque a la persona de la Presidenta; impedir el pago local de los próximos vencimientos, bloquear el financiamiento, y esperar al 2016”.

Kicillof instó a la gente a “estar tranquila” argumentando que “no hay razones económicas ni financieras que justifiquen estos movimientos especulativos”. Si bien no es posible determinar cuánto volumen de dinero se mueve en el mercado ilegal, y en esto coinciden todos los economistas, la cifra sería insignificante para el resto de la economía.

Está claro que la incertidumbre no es buena amiga de los inversores ni, por supuesto, de los exportadores, quienes antes que liquidar sus divisas en el mercado oficial prefieren, en la medida de sus posibilidades, bien ir demorando el cambio a la espera de un valor más conveniente que el del dólar oficial, o bien, como se ha descubierto, recurrir a otras estrategias como puede ser la compra-venta de títulos públicos o acciones, que posteriormente se pueden cancelar obteniendo el valor del denominado dólar liqui, que se sitúa por encima del oficial y apenas por debajo del ilegal.

Este último camino, que no es el oficial y obligatorio, está siendo investigado conjuntamente por el Ministerio de Economía y la Comisión Nacional de Valores (CNV), atendiendo a una cuestión clave para el Banco Central que es el fortalecimiento del stock de reservas. La AFIP también parece tomar cartas en el asunto, investigando la capacidad contributiva de quienes consiguen contado con liqui. El presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, reveló este lunes que en la reunión sostenida la semana pasada con sociedades de bolsa, el Gobierno transmitió un mensaje claro: que “miran con lupa” y van a “investigar hasta las últimas consecuencias, las operaciones cambiarias de contado con liquidación, para iniciar sumarios o ir a la Justicia”.

Está claro que el contado con liquidación es una maniobra legal e que incluso está reglamentada, pero el problema surge por el uso de esta herramienta para intentar violar el régimen penal cambiario, es decir “que no se quieran hacer operaciones comerciales con un instrumento válido para otras cuestiones como una inversión legítima”. En palabras de Vanoli, “estos movimientos especulativos podrían tener intencionalidad política, en vísperas de un año electoral, ya que algunos sectores quieren forzar inestabilidad y que este gobierno tenga mayores dificultades, más allá de la cuestión absurda del juez (Thomas) Griesa”.

Precisamente, Griesa declaró este lunes a la Argentina “en desacato” por incumplir con su fallo que obliga al país a pagarles 1330 millones de dólares más intereses a una parte de los fondos buitres. Eso sí, la decisión del juez neoyorquino no contempló, al menos por ahora, ninguna sanción monetaria como le exigía el fondo buitre NML Capital, que pedía 50 mil dólares de multa diaria. Mientras que la Cancillería expresó su malestar formalmente a las autoridades diplomáticas de los Estados Unidos, y el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de recurrir a la Corte de Apelaciones, desde el Ministerio de Economía confirmaron que se depositarán en las cuentas de Nación Fideicomisos, el agente pagador que tras la aprobación de Ley de Pago Soberano de la Deuda reemplazó al Bank of New York Mellon, los 191 millones de dólares correspondientes al vencimiento de los bonos Par.

“La decisión del juez municipal Thomas Griesa de declarar en desacato a la Argentina es violatoria del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Todos estos instrumentos establecen que los Estados Unidos como Estado es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos, como la reciente decisión de su Poder Judicial”, afirmó el lunes la Cancillería. “La decisión no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina”, se añade en el comunicado.

En su último discurso en las Naciones Unidas, la Presidenta había advertido al resto del mundo que esa figura del desacato sobre un Estado Soberano constituía una rareza legal y era algo así como “disparate”. El argumento principal por el cual la Argentina no puede cumplir el fallo de Griesa es sencillamente por está impedida legalmente debido a la cláusula RUFO.

Para finalizar, y volviendo a la cuestión del dólar blue, el Gobierno advirtió por diferentes canales que recrudecerá su política de control sobre las cuevas de venta ilegal de moneda extranjera. El jefe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, aseguró que existen sospechas a partir de informes del BCRA sobre filtraciones del propio banco para advertir a los operadores ilegales sobre los operativos contra la venta ilegal de divisas e incluso denunció cobertura de la Policía Federal a los cueveros. “Los fiscales tienen firmes sospechas de connivencia entre los grandes operadores de este negocio y los funcionarios que deberían combatirlos”, apuntó Gonella en declaraciones al diario La Nación. En las últimas horas, trascendió que el Gobierno estudia una reforma del Régimen Penal Cambiario del año 1971, debido a que no contempla cuestiones como las del dólar paralelo y los mecanismos para combatirlo. Las amenazas de un mayor control y los allanamientos de la CNV a sociedades de Bolsas y bancos y “la lupa puesta” sobre las operaciones de contado con liqui, sumadas a la intervención del BCRA en el mercado, le pusieron un freno a la estampida del dólar blue. Se verá entonces hasta cuándo.

*Sociólogo y periodista.

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