14/10/2014 Columnista

Entre la ley y la trampa

Por Facundo Martínez*. En este año preelectoral, donde se juegan alianzas no sólo partidarias sino también sectoriales y donde los contendientes se agreden diariamente y son capaces de adoptar posiciones incluso contrarias a su naturaleza por el sólo hecho de posicionarse, todo ocurre vertiginosamente. Hace apenas dos meses el Grupo Clarín anunciaba con bombos y platillos su plan de adecuación a la Ley de Medios que presentó ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

El plan incluía una serie de reclamos, entre ellos “los actos de conformidad administrativa”, a las autoridades intervinientes. El Multimedios exigía una respuesta de parte de la AFSCA, y de otros organismos como Comisión Nacional de Valores (CNV), Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Secretaría de Comunicaciones y Ministerio de Economía. También, abría un paraguas de protección, denunciando la amenaza de la aplicación de una adecuación de oficio de parte de la mayoría kirchnerista del directorio de la AFSCA.

Según lo presentado, el Grupo Clarín se dividiría en seis unidades distintas, una que continuaría con Cablevisión –la empresa más redituable en términos económicos-, otra para los medios periodísticos del grupo; mientras que las cuatro restantes se venderían a terceros. El plan de adecuación era acompañado por un escrito en el que Clarín les pedía a los directivos de la AFSCA que cesaran de “aplicar la ley discriminando al Grupo Clarín y favoreciendo a sus competidores”, entre los cuales se encontraban los planes de adecuación de Telefe y PRISA, e instaba a los funcionarios a no desobedecer las recomendaciones de la Corte Suprema, que se había pronunciado a favor de “la aplicación igualitaria” de la Ley de Medios.

El plan vuelve a centro de la escena la semana pasada, tras el anuncio del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, de la decisión del directorio del organismo de terminar con la adecuación voluntaria para iniciar la adecuación de oficio, contemplada en la ley para su aplicación.

Clarín no se quedó de brazos cruzados y acusó al Gobierno de avanzar contra la libertad de prensa. En conferencia de prensa, Sabbatella retrucó: “Estamos presentando las irregularidades del Grupo Clarín porque es el que más lesiona la libertad de prensa en la Argentina, nosotros tenemos que trabajar para garantizar la libertad de expresión”, y luego deslizó que, ante la sospecha de la existencia de algún delito económico por parte del Grupo, la AFSCA haría presentaciones ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad de Información Financiera (UIF), la CNV y la AFIP. “(El Grupo Clarín) tuvo todas las posibilidades, todos los tiempos de adecuarse a la ley, pero como no lo hizo e intenta burlar la norma, es obligación de la AFSCA establecer la adecuación de oficio. Se están burlando de una forma tan burda… tan burda, que es la AFSCA el que tiene ahora la obligación de hacerla cumplir”, denunció Sabbatella. 

El funcionario remarcó la existencia de “vínculos societarios y comerciales entre los administradores y los miembros propuestos para las unidades 1 y 2, las de mayor importancia tanto periodística como económica” y mencionó “condicionamientos” de parte del Multimedios sobre “los supuestos compradores” de las otras cuatro unidades, que demostrarían que se está “ante ventas ficticias”.

Clarín contestó inmediatamente con un comunicado y un artículo a doble página en el que denunciaba “Mentiras, trampas y embrollos del presidente de la AFSCA”, en el que denunciaba “ignorancia o mala fe” de parte del directorio de la AFSCA para justificar la aplicación de oficio. A la contraofensiva, el Grupo Clarín sumó las voces de los presidenciables opositores. Sergio Massa, del Frente Renovador, prefirió hablar de “trato igualitario”; Hermes Binner, referente del Socialismo y UNEN, se pronunció a favor de la ley pero contra la discrecionalidad que “no le hace bien a la democracia ni a la libertad de expresión”; Ernesto Sanz, de UCR-UNEN, prefirió hablar de avance del Gobierno contra Clarín y la intención de “avanzar contra todo y todos”; el ex vicepresidente Julio Cobos, vinculó el enfrentamiento permanente del Gobierno con Clarín como la negación de los conflictos reales”; mientras que Mauricio Macri, del PRO, habló directamente de “ataque a la libertad de prensa, basado en un instrumento (la Ley de Medios) que claramente ha demostrado ser inútil”.

Sabbatella, por su parte, salió al cruce otra vez para manifestar que toda información recabada por la AFSCA daba cuenta de sociedades comerciales cruzadas en Panamá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Argentina, y concluyó que todo el plan presentado por Clarín es una “mentira brutal” y que “no han mostrado una voluntad verdadera de adecuación”.

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, respaldó la iniciativa de la AFSCA y, en diálogo con la prensa, remarcó que “el poder visible es la administración del Estado que ejerce un gobierno elegido por la voluntad popular, pero hay un poder invisible a través de las corporaciones mediáticas o judiciales”, e insistió con que “la ciudadanía debe saber que los grupos mediáticos concentrados no respetan la libertad de prensa, lo que hacen es sostener su libertad de prensa para extorsionar a los gobiernos en virtud de sus propios intereses y generar miedo”.

La ruptura entre el Gobierno y el Grupo Clarín se presenta así, nuevamente, como insalvable. No es descabellado que a esta nueva tensión le siga un proceso judicial extenso que, no caben dudas, llegará hasta la Corte Suprema. Clarín, consciente de que de esta manera seguirá ganando tiempo, avisó que si comienza la adecuación de oficio sobre sus empresas “recurrirá a todas las instancias que correspondan para resguardar sus derechos y el cumplimiento del plan de adecuación” presentado. La batalla no se detendrá aquí, y los argentinos tendrán otra vez la posibilidad de ser una vez más espectadores críticos de un nuevo combate entre la corporación de medios y el Estado.

*Sociólogo y periodista.

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