21/10/2014 Opinión

Las fuerzas armadas y la seguridad interior

Por Tomás Várnagy*. El sábado pasado se difundió una solicitada firmada por intelectuales, políticos, dirigentes de derechos humanos y periodistas en contra de la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública. “La especulación política de corto plazo engarzada a un discurso demagógico y efectista, cuyo objetivo es policializar la labor militar, puede abrir la puerta a peligrosos futuros”, advierte el documento.

Las fuerzas armadas (FFAA) no deben involucrarse en temas de seguridad pública. Este es un tema que está claramente detallado, por un lado, en la Ley de Seguridad Interior (Nº 24.059), en cuyo Artículo 7º se explicita que forman parte del sistema de seguridad interior la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las policías provinciales, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina. Es manifiesto, entonces, que no forman parte de este sistema el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Por otro lado, la Ley de Defensa Nacional Nº 23.544, en su Artículo 2º, afirma que la “Defensa Nacional es la acción y la integración coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. La finalidad es garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación de la Nación Argentina.

Si bien resulta claro que hay una diferencia fundamental entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, hace pocas semanas un candidato presidencial a las elecciones de 2015, un ex presidente de la República y un ex Ministro de Defensa, han hecho declaraciones en favor de involucrar a las fuerzas armadas en tareas policiales, contradiciendo las normas vigentes en cuanto a las funciones de seguridad y defensa.

El pasado sábado 18 de octubre se dio a conocer un documento, “Fuerzas Armadas y Seguridad Pública: para disipar confusiones” (publicado por Página 12), en contra de la participación de los militares en la seguridad pública, firmado por -además de quien esto escribe- intelectuales, políticos, dirigentes de derechos humanos de posturas políticas heterogéneas y hasta opuestas.

En orden alfabético mencionamos a algunos de los más de un centenar de firmantes que manifestaron su preocupación “cuando vemos que algunos dirigentes políticos exponen de manera poco responsable que la inseguridad o el narcotráfico debe combatirse con las FFAA”: el ex Ministro León Arslanian, el general retirado Martín Balza, el ex canciller Dante Caputo, el constitucionalista Roberto Gargarella, la ex Ministra Nilda Garré, el politólogo Vicente Palermo, la ensayista Beatriz Sarlo, el dirigente radical Marcelo Stubrin, el analista Juan Gabriel Tokatlian y el periodista Horacio Verbitsky, entre otros.

En el documento se afirma que “las Fuerzas Armadas no son instituciones multipropósito. Son un seguro que los ciudadanos pagamos para defendernos de eventuales amenazas armadas externas que pudieren agredir nuestro territorio, nuestra población, nuestras autoridades o nuestros recursos. Para tal fin se educan, se preparan, se adiestran y son provistas de complejos y costosos sistemas de armas, de una doctrina militar y de un despliegue territorial diseñados para la eventual aplicación de la violencia en el grado extremo que requiere la guerra”.

Los problemas de seguridad pública interior cuentan con otras instituciones específicamente diseñadas, formadas y entrenadas para enfrentarlos y son las mencionadas más arriba en la Ley de Seguridad Interior y “tienen el objetivo de coadyuvar en la aplicación de la ley y de prevenir, interrumpir y eventualmente investigar diversas formas de criminalidad”. Además, se destaca en el escrito que “producir una desviación de las misiones de las FFAA hacia funciones de seguridad pública involucra serios problemas y riesgos”.

El primer peligro es que soldados y policías están instruidos para actividades diferentes, y el hecho que ambos utilicen armas no los capacita para lidiar con el delito a unos o con la guerra a otros, ya que se trata de “modalidades distintas del uso de la violencia armada”. El segundo problema es que no existen “ejemplos exitosos del desempeño de las fuerzas armadas en funciones policiales”; por el contrario, el crimen organizado y el narcotráfico persisten “en los países de la región que han apelado al recurso militar”.

El documento concluye con un llamamiento a disipar la confusión entre seguridad y defensa, a no aceptar un retroceso contraproducente, a aprender de los errores de terceros y a encarar los problemas con responsabilidad ciudadana, ya que “la especulación política de corto plazo engarzada a un discurso demagógico y efectista, cuyo objetivo es policializar la labor militar, puede abrir la puerta a peligrosos futuros”.

*Filósofo y profesor de la UBA.

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