21/10/2014 Control interno

La respuesta de la SIGEN

El organismo que preside Daniel Reposo salió al cruce luego de que el periodista Jorge Lanata difundiera un informe sobre una supuesta malversación de fondos públicos por parte del INCAA. Desde la Sindicatura, revelaron que no existe ninguna auditoria de la que “surjan tales informaciones” y que la producción del programa jamás realizó “ni una sola comunicación para solicitar explicaciones”.

A raíz del informe que presentó el domingo pasado Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos, que se emite por El Trece, sobre la supuesta malversación de fondos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) difundió un comunicado de prensa en donde señala que no existe ningún informe “del que surjan tales informaciones”. 

Según replicó el diario Clarín, el INCAA “incrementó su patrimonio nueve veces”, pasando de “$66.700.000 en 2003 a 600 millones de pesos este año”. Respecto a esto, desde el organismo que preside Daniel Reposo acusaron a Lanata y a su columnista Rodrigo Alegre de olvidar “las más elementales reglas del periodismo que pasan por la búsqueda de la información, el chequeo de fuentes y el constatar con los implicados los datos que se disponen”.

La SIGEN aclaró que los periodistas “jamás realizaron una sola comunicación para solicitar explicaciones”. Además, “desconocen cómo está organizado el sistema de Control Interno del Estado Nacional”, continuó el comunicado.

Desde la Sindicatura acusaron al Grupo Clarín de acosar “mediáticamente a los funcionarios y al personal de la Administración Pública Nacional, perjudicando su gestión y su acción en pos del beneficio de la ciudadanía” e indicaron que con sus actitudes, “atacan el normal desenvolvimiento institucional y el desarrollo democrático del país”.

El organismo que conduce Reposo relacionó el informe de Lanata con la falta de adecuación del grupo que dirige Ernestina Herrera de Noble a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto “implica incumplir una norma sancionada por el Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo de la Nación y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, concluyó la SIGEN.

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