28/10/2014 Columnista

Un derecho que no admite exclusiones

Por Atilio A. Boron. La sociedad actual se caracteriza por la extraordinaria abundancia de un bien que antes solía ser muy escaso: la información. Los historiadores han demostrado como en un pasado no tan remoto -estamos hablando por ejemplo del siglo XV europeo- era una ínfima minoría la que tenía algún grado de conocimiento sobre lo que ocurría más allá de los estrechos límites de su aldea.

Las limitaciones de los medios de transporte de la época, la ausencia de medios de comunicación de masas, el extendido analfabetismo, el atraso tecnológico en todo lo relativo a la transmisión y difusión de la información y las difíciles circunstancias tales como guerras, plagas, crisis económicas o persecuciones por motivos religiosos o políticos hacían que la poca información disponible encontrara toda suerte de obstáculos para su diseminación por el cuerpo social.

Con el advenimiento de la imprenta, los avances en los transportes y los medios de comunicación amén  del progresivo abatimiento del analfabetismo (especialmente en la población masculina) la información disponible comenzó a crecer, lenta pero sistemáticamente, y a circular sobre todo en los estratos más altos de la sociedad. Los avances se hicieron más notorios con el surgimiento de la prensa diaria que, favorecida por la urbanización y la caída del analfabetismo, encontró un público ávido de acceder a (y comprar) la información. Este proceso se acentuó exponencialmente cuando, a mediados del siglo veinte, una serie de innovaciones tecnológicas (la microelectrónica, el transistor, las telecomunicaciones, los satélites artificiales, etcétera) potenciaron hasta niveles sin precedentes tanto la información existente –pero no necesariamente disponible- como las herramientas para su difusión. Ya no se trataba sólo de la prensa gráfica, la famosa “Galaxia Gutenberg” de Marshall Mc Luhan, sino que con el transistor la radio y la televisión alcanzaban cotas insospechadas de penetración en las sociedades, lo mismo que la telefonía celular y, más recientemente, la Internet.  

La culminación de este proceso concretó en la vida práctica de nuestras sociedades contemporáneas lo que el autor canadiense denominara “la aldea global” y lo que otros científicos sociales caracterizaran como la “sociedad informacionalmente rica” (“information rich society”). Esta novedad plantea numerosos interrogantes, entre ellos el del derecho al acceso a esa información, existente pero no siempre disponible salvo para algunos. Se trata de un asunto que requiere un análisis muy minucioso para no caer en simplificaciones y tergiversaciones varias. Por ejemplo, suponer como hicieron algunos teóricos de la “sociedad red” que ahora la información fluye libremente por todos los canales comunicacionales, lo cual es abiertamente contrario a los datos de la experiencia. Desgraciadamente hay mucha censura todavía en la red comunicacional, con muchas variantes que van desde el ocultamiento sistemático de informaciones “inconvenientes” hasta la tergiversación o distorsión informativa practicada a veces con singular fervor por ciertos medios de prensa, la radio y la televisión, y no sólo en la Argentina. Evidentemente, la posibilidad del acceso se ha facilitado enormemente con las nuevas tecnologías. Para comprobarlo sobra con meditar sobre estos datos: entre los años 2000 y 2014 los usuarios de Internet  a nivel mundial pasaron de 394 a 2.925 millones.

Pero la penetración de la Internet en los diferentes países es muy desigual: alcanza a casi el 90 por ciento en el mundo desarrollado, pero apenas llega al 20 por ciento en la India, país que contiene la sexta parte de la población mundial. Y en otros de la periferia las cifras no son mucho mejores. Pero más allá de estas notas precautorias lo cierto es que a pesar de esta enorme difusión de las informaciones lo que las revelaciones de los gobiernos y las investigaciones de los estudiosos demuestran es que existen numerosos obstáculos al libre flujo de la información. La censura en relación a la información calificada como “sensible” por los gobiernos es muy significativa, a pesar de la intensa presión de numerosos grupos y asociaciones. En Estados Unidos esto ha sido motivo de una incesante controversia en donde la American Civil Liberties Union ha denunciado el carácter profundamente antidemocrático de tales prácticas extendidas, sin duda alguna, a la totalidad de los gobiernos del orbe. Es que el secreto, algo que la censura procura preservar, es un valioso resorte en cualquier juego de poder, sea en el ámbito público tanto como en el privado. La contrapartida es el espionaje a escala planetaria, como el que hace pocos meses fuera revelado que practica el gobierno de Estados Unidos. No sorprende, en consecuencia, que el derecho al acceso a la información se haya constituido en un tema cada vez más importante en la agenda democrática de los más diversos países.

En la Argentina este derecho ha sido invocado por la Asociación por los Derechos Civiles en una causa promovida por esta institución mediante la cual se le exigía al PAMI que diera a conocer la forma en que se distribuía su pauta publicitaria. La Corte Suprema avaló este pedido y, en  una acordada del año 2012, reconoció por primera vez de forma explícita el derecho de acceso a la información pública. Siendo indiscutible la legitimidad de este derecho no deja de ser sorprendente la caprichosa limitación del mismo tan sólo a la información retenida por las agencias del gobierno, que sin más es caracterizada como “pública”. Cabe preguntarse: ¿no es acaso también pública la información que obra en manos de grandes corporaciones privadas, como las telefónicas, cadenas comerciales, bancos y los grandes operadores de Internet como Google, Facebook, Twitter, Skype y tantos otros? ¿Por qué limitar el derecho al acceso tan sólo a la información que guardan las agencias gubernamentales, cuando también existe otra información, no menos valiosa, que es retenida por actores privados animados además por finalidades lucrativas? Informaciones que, como en el caso de los metadatos pueden afectar la privacidad de las personas de modo tanto o más marcado que lo que pudieran hacer los datos que obren en poder del estado.

Nos parece, a la luz de estos antecedentes, que es necesario propiciar un debate más profundo y menos sesgado por apasionamientos partidarios o estrechamente políticos sobre un tema de enorme importancia para la salud de nuestra democracia y para estimular una gestión gubernamental transparente y honesta. Pero es un tema que también hace a la calidad de nuestra vida social que se ve afectada, muchas veces negativamente, por un cerrojo informativo que coloca a las más grandes empresas fuera del control del público usuario de un servicio o consumidor de ciertos bienes. En fechas recientes se aprobó en Ecuador una legislación que obliga a las empresas del rubro alimentación a proporcionar una información muy detallada y didácticamente expuesta ante los ojos del consumidor sobre los contenidos de los productos que se comercializan en el mercado.  La iniciativa fue recibida con las previsibles quejas de un coro de críticos que la denunciaba como una intolerable intromisión del gobierno en las políticas de comercialización de las empresas. Pero de lo que se trata es de preservar un bien público muy importante, la salud de la población, que sólo será posible si es que esta tiene un acceso efectivo a una información que suele ser muy retaceada y sin la cual la libertad de elegir se convierte en una quimera. Este es sólo un ejemplo de los muchos que podemos encontrar en la Argentina y que requeriría de la aprobación de una nueva legislación en donde el derecho al acceso a toda la información pública, tanto la retenida por el gobierno como la que tienen grandes organizaciones privadas, pueda ser garantizado efectivamente para el conjunto de la población. De este modo tendremos una democracia más robusta y una sociedad mejor protegida de los abusos que podrían cometer las grandes concentraciones de poderes públicos o privados que prevalecen en el mundo actual. 

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