28/10/2014 Columnista

Justicia a paso acelerado

Por Facundo Martínez*. La idea de que la Justicia necesita una reforma integral para dar respuestas más rápidas a los reclamos de la población es uno de los motores que empujan al Gobierno a modificar por vía parlamentaria los códigos judiciales. A menos de un mes de la promulgación del Nuevo Código Civil y Comercial, el Congreso comenzará a debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo de reforma del Código Procesal Penal, clave para “avanzar en el combate contra el delito”, según lo anunció la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La idea madre del nuevo proyecto es acelerar el funcionamiento de la Justicia, y el pedido de la presidenta –en clara alusión a lo ocurrido con el Código Civil y Comercial, que fue votado sólo por el oficialismo y sus aliados porque la oposición resolvió no participar de la votación- es que es todos los bloques políticos se sumen al debate. “Debemos actuar con celeridad. La demanda de justicia, de reparación, no tiene colores políticos”, sentenció CFK.

En este sentido, la presidenta invocó a la figura del ex presidente radical Raúl Alfonsín, que fue el primero en intentar una reforma del Código Procesal Penal, que aunque no llegó a juntar las fuerzas para sancionarlo en 1986 sí logró algunos avances en la misma dirección a la que apunta el nuevo proyecto enviado al Congreso como la figura del procurador fiscal contemplada en la Reforma Constitucional de 1994. “Quiero que este código no sea la gestión de un gobierno, hay muchas manifestaciones de que hay que hacer esto”, expresó CFK en su discurso de media hora, en el que explicó que lo que se pretende con el nuevo Código Procesal Penal es el acortamiento de los procesos y que tanto los jueces como los fiscales intervinientes en las causas, en el caso de no cumplir con los plazos determinados, puedan ser objeto de sanciones graves, e incluso si un ciudadano se siente desprotegido por el desempeño de las autoridades judiciales tendrá elementos en el nuevo código para recusarlos.

Respecto a las manifestaciones que dan impulso a esta reforma, la cuestión de la necesidad de un mecanismo ágil y rápido en los procesos judiciales se presenta como central. “Estamos enviando al Congreso un instrumento de procedimiento ágil, moderno, demandado por jueces, por la academia y por la propia realidad, donde la población se siente desprotegida”, explicó la Presidenta.

Una parte de la oposición al gobierno salió al cruce de la iniciativa y esgrimió “temores” de que el Nuevo Código Procesal, que tendrá como uno de sus principales defensores en la Cámara Alta al senador Aníbal Fernández, tape casos de corrupción que involucren a funcionarios oficialistas. Las sospechas fueron desechadas por completo por el ex diputado radical y ex ministro de Justicia de la Nación, Ricardo Gil Lavedra. “No veo de qué manera esto pueda ocurrir, porque son reglas de procedimiento y no de fondo”, manifestó el ex funcionario. Fueron las diputadas Graciela Camaño (del massimo) y Patricia Burlrich (macrismo) las  primeras en sostener que la reforma permitiría al Gobierno una suerte de “colonización de los fiscales y jueces”.

Gil Lavedra también desestimó las críticas que cuestionaban la posibilidad de “cambios en los términos de prescripción”, y desacreditó estas acusaciones argumentando que la reforma no toca esta esta cuestión. En cambio, el ex ministro de Justicia señaló la necesidad de la avanzar hacía una reforma “siempre que se trate también el tema de los fiscales”. Uno de los cuestionamientos de Gil Lavedra sería “la falta de independencia de la Procuración General de la Nación”, que encabeza la kirchnerista Alejandra Gils Garbó.

Justamente, el senador radical opositor Ernesto Sanz condicionó el apoyo al proyecto oficial a “una reforma del Ministerio Público Fiscal”, ya que de no darse “un profundo cambio, el nuevo Código Procesal Penal va a servir para la impunidad”. Lo cierto es que más allá de las chicanas, los radicales acompañan el espíritu general de la ley que les permitiría a los fiscales investigar y sumar pruebas en los procesos, algo que en la actualidad depende de los jueces, quienes pasarán a ser garantes del proceso de justicia.

Entre los principales cambios que presenta el proyecto que comenzará a debatirse en el Congreso en estas horas figura el cambio de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio en el que los fiscales cumplirán un papel central en las investigaciones. Actualmente, es Código Procesal contempla un sistema mixto, en el que los jueces investigan y pueden delegar parte de esas funciones a los fiscales.

El secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, explicó así la modificación: “El cambio a un proceso acusatorio significa que el fiscal llevará a cabo las investigaciones, la defensa ejercerá su derecho y el juez, imparcial, tome luego la decisión, de manera rápida, en audiencias orales y públicas, lo que va a dar mayor transparencia, y con resolución inmediata”.

La celeridad de los plazos del proceso también forma parte de la columna vertebral del nuevo proyecto. Si actualmente los plazos judiciales tienen un promedio de más de cinco años, la idea es que con el nuevo ordenamiento los plazos se reduzcan sensiblemente. Para ello, la reforma les daría a los ciudadanos instrumentos para denunciar retardos o dilaciones innecesarias por parte de los encargados de la investigación. El proyecto de reforma del Código Procesal Penal contempla etapas claras y diferenciadas del proceso, que van desde la valoración inicial (los fiscales tendrá 15 días para decidir si inician o no una investigación), la investigación preliminar (la búsqueda y presentación de pruebas no podrá durar más de un año, aunque se contemplan casos excepcionales), el control de la acusación (la efectúa el fiscal para elevar la causa a juicio oral) y, finalmente, el juicio oral y público (los jueces tendrán entre cinco y 30 días para iniciar el debate). Entre otros puntos, el nuevo Código Procesal contempla la expulsión del país de los extranjeros que cometan delitos cuyas penas sean menores a tres años, es decir excarcelables, a través de un trámite que permitirá canjear, a través de “un acuerdo de conducta”, la realización del juicio por la expulsión, por la cual el extranjero no podrá reingresar al país dentro de un plazo de cinco a 15 años.

Los senadores y diputados del amplio espectro político tendrán la oportunidad de debatir en el Congreso la nueva norma. A ellos les cabe la responsabilidad de legislar, y que lo hagan priorizando los intereses de la ciudadanía por encima de sus propios intereses sectoriales y políticos es primordial, porque una cosa es que la justicia llegue inexorablemente, lo cual por supuesto es bueno, pero otra muy distinta es que además de llegar lo haga rápido, acorde a los tiempos que corren. 

*Sociólogo y periodista.

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