18/11/2014 Análisis

Dieta de carne, gaseosas, bienes y servicios

Llegar a fin de mes se ha vuelto, en este 2014, una desafío casi olímpico para muchos. Es que, a pesar de lo sostenido por el INDEC, el aumento de precios se ha ido acelerado considerablemente. El proceso paritario de comienzo de ciclo impuso una norma del 28% pero los precios ya aumentaron un 30,5%. Por otro lado, mientras que la economía creció, en términos reales y según el INDEC un 70,2% entre 2003 y el segundo trimestre de 2014, los salarios reales, en promedio, aumentaron el 25%.

El aumento de los precios evidenciado en los últimos meses, al igual que una dieta de un nutricionista, exhortaría evitar el consumo de ciertos bienes y servicios para poder llegar saludables a fin de mes. Debiéramos dejar, urgentemente, el cigarrillo, la carne, la bebida, especialmente el vino y la Coca-Cola, las comidas fuera del hogar y dentro de casa comer un poco menos. Deberíamos olvidarnos de las salidas nocturnas pero también de las diurnas, las golosinas y hasta el dulce de leche.

A lo largo de este año, a pesar de lo sostenido por el INDEC, el aumento de los precios se ha acelerado.  Así lo muestran los datos, sea cual fuere la fuente, los números hablan por sí mismos. A lo largo de la década y aun utilizando los datos oficiales, al menos hasta 2007 se logró un aumento de los salarios reales hasta 2008 que bajaron luego 2 años para volver a crecer y alcanzar un máximo en 2012. Sin embargo, estos dos últimos años la pérdida del poder adquisitivo fue pronunciada.

Lo ocurrido en 2014 es contundente. Se está aplicando un ajuste anti inflacionario casi ortodoxo sobre la espalda de los trabajadores. Ya nadie puede pensar que se trata de un simple suceso de la realidad. El gobierno se ha ocupado de aclarar que no tiene previsto reabrir las paritarias y, ni siquiera, otorgar un plus o bono salarial hacia fin de año, como ocurriera en períodos anteriores.  

Mientras tanto algunos de los gremios más influyentes no logran coordinar sus acciones. Ejemplo de ello fue lo ocurrido durante el último paro. Ese día, unos pocos gremios, entre ellos la UTA, decidieron no adherir a la medida al mismo tiempo que el Gobierno autorizó pagos para obras sociales por un total de 1.200 millones de pesos. Otro grupo de representantes de los trabajadores argentinos han salido a reclamar una asignación especial para fin de año. Sin embargo, de acuerdo a lo sugerido por los números, con ello no se lograría  amortiguar el ajuste al que los trabajadores están siendo sometidos. 

Según los datos publicados por el Ministerio de Economía pero comparados con la evolución de los precios según el “índice del Congreso”, los salarios reales de los trabajadores “en blanco”, comenzaron a decaer ya en 2012, acentuaron la pérdida en 2013, en tanto que el 2014 sería el peor año.

Mientras en el proceso paritario de 2014 el gobierno impuso una norma del 28% y la mayor parte de los sectores llegaron a un acuerdo apenas por encima de ese valor; los precios durante 2014 ya aumentaron 30,5% y si se compara septiembre de 2014 con igual mes del año anterior, los precios ya se elevaron el 40,9%. Esto implica una pérdida significativa, aparentemente diagramada para que así ocurriera.

La recuperación que mostraría el salario del sector público en el último período es falaz, dado que debe considerarse que el gobierno ya ha aclarado y reiterado que no tiene en sus planes la reapertura de las paritarias, por lo que los actuales sueldos serán los que cobren los trabajadores hasta avanzado el año próximo. Esto significa que por más baja que sea la inflación, habrá siempre una pérdida del poder adquisitivo hasta tanto se logre un nuevo acuerdo de salarios. En el caso de los trabajadores del Estado, estos nuevos aumentos serían posibles en no menos de cinco meses más. Por lo que lo acontecido hasta ese momento significará una pérdida neta del salario de bolsillo.

A pesar del relato, es fácil advertir que el crecimiento real logrado en todo este período no fue apropiado por los trabajadores. La cuenta es simple. Mientras que la economía creció, en términos reales y según el INDEC un 70,2% entre 2003 y el segundo trimestre de 2014, los salarios reales, en promedio, aumentaron el 25%. Obviamente, con una reducción de los salarios reales de los trabajadores del Estado y un crecimiento mayor de los asalariados en blanco de las empresas.

Desde mayo de 2003, es claro como los salarios reales del sector privado aumentaron aunque también es notable como fueron castigados los empleados públicos.  Debe recordarse que cerca del 90% de los trabajadores del Estado pertenecen a las provincias y municipios, mayormente, docentes y trabajadores de la salud. Así es como se amplía cada vez más la brecha entre las remuneraciones promedio privadas y públicas (llegando en 2014 a representar una diferencia de 62%).

Adicionalmente, aun cuando hacia mediados de la década los trabajadores del estado habían logrado un aumento de sus remuneraciones en términos reales, a partir del 2010, sus ingresos son, medidos en bienes, inferiores a sus niveles de mayo de 2003. No nos debe sorprender entonces, el estado de alerta y movilización de los trabajadores de la educación y los que atienden nuestra salud en los hospitales.

A diferencia de lo que se trata de sostener, la inflación se está acelerando. Ya, la última medición del INDEC no logró ocultar este hecho, a pesar de haber regresado al “dibujo” de los números. Si durante varios años la sociedad veía como no problemáticas tasas cercanas al 10%, cosa que ocurrió en los primeros años de este modelo (2002 al 2006), para luego discutir cuál sería el verdadero valor del índice (2007 al 2012), tanto en 2013 y 2014 tal es el nivel de afectación de las cifras que ya es difícil encontrar personas que duden. Este último período es sin dudas el de mayor pérdida del poder adquisitivo del salario.

Notas relacionadas

“El consumidor desconoce sus derechos"


Las cuentas de la Copa Davis 2014 no cierran


Las cartas sobre la mesa


La moneda imposible


Devaluación, ganadores y perdedores


La (des) inversión de fin de ciclo como política de Estado