29/06/2011 Informe especial

En qué estado está el sistema carcelario argentino

Hay en el país más de 54 mil presos alojados en 230 dependencias. El 60% de los reclusos no tiene condena. La prisión preventiva y el hacinamiento. Las denuncias de malos tratos. El impacto de la legislación Blumberg.

Desde la explosión de la crisis económica y social de 2001, la seguridad se convirtió uno de los temas más importantes en la agenda pública. Hubo reformas –algunas espasmódicas- al Código Penal, impulsadas por asesinatos resonantes, y surgieron discusiones sobre varios aspectos, como la baja de la edad de imputabilidad y hasta la aplicación de la pena de muerte. Con el encono defensores de la mano dura vs. garantistas como telón de fondo, también se instaló lo que hoy es casi un lugar común: la puerta giratoria de las cárceles.      

Pero ¿cuál es la actualidad del sistema carcelario argentino?

En el apogeo de la sociedad industrial, la cárcel apareció como aquel lugar que, a través de la disciplina, garantizaba la inserción del sujeto al sistema productivo. La ejecución de la pena privativa de la libertad rige en el país según lo explicitado por la Ley 24.660 del Código Penal, que en el artículo 1º dice que “tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social”. No obstante, en dialogo con gestionpublica.info, la Defensora Oficial Silvia Martínez plantea que “los fines declarados de la cárcel en su origen nunca se cumplieron. Cárcel significa castigo. Y lo máximo que puede generar una buena gestión carcelaria es reducir daños”.

El Sistema Nacional de Estadísticas Sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP) publicó el año pasado los datos del censo penal de 2008. Según este estudio, la población penitenciaria a nivel nacional asciende a 54.537, que está distribuida en 230 dependencias. De acuerdo a la disposición federal del país, cada provincia tiene su propio servicio penitenciario. Además, existe el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que tiene unidades en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias. El SPF absorbe a los detenidos que están a cargo de la Justicia Federal en todo el interior del país y de la Justicia Ordinaria de la Capital Federal. Los delitos comunes en el interior del país son derivados a los servicios penitenciarios regionales.

A nivel nacional la dependencia es comandada desde abril de este año por Víctor Hortel, quien reemplazó a Alejandro Marambio, actual subsecretario de Gestión Parlamentaria.

La Defensora Martínez sostiene que actualmente “el SPF está mucho mejor que los servicios provinciales, e incluso mejoró en relación su propio funcionamiento de 2005”. Uno de los avances más importantes fue que se redujo, en términos absolutos, la sobrepoblación. A pesar de haber avanzado en varios aspectos, hay muchos que aún quedan pendientes. “La cárcel tiene una inercia a tirar para atrás toda mejora”, completó.

Cesar González estuvo cuatro años preso. Dentro de la cárcel un profesor de magia comenzó a facilitarle libros y a contarles historias del Che Guevara y de Rodolfo Walsh. A partir de entonces se dio cuenta que estaba encerrado, “pero no anestesiado”, dijo. Su vida cambio y hoy reflexiona sobre el pasado: “Las carencias en la cárcel van desde la alimenticia hasta el lugar donde habitás: una celda que siempre está húmeda. Después, el maltrato constante del servicio penitenciario y del sistema judicial. Son condiciones indignas, de retroceso. Las personas viven rodeadas de imágenes crueles, de violencia y de hambre”.

Uno de los problemas más críticos es que el 60% de los presos no están condenados. “No podemos tener la cantidad de gente inocente que está presa. Esto habla muy mal de un sistema democrático”, sostiene Martínez, quien también se desempeña como una de las titulares de la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de Defensa. Y agrega: “Si utilizamos únicamente la máxima respuesta punitiva que tiene el Estado, las cárceles van a estallar. La prisión preventiva es el primer problema en materia de hacinamiento”.

La duración de la prisión preventiva está especificada en la Ley 24.390 del Código Penal. En el artículo primero deja explícito que “no podrá ser superior a dos años sin que se haya dictado sentencia”. Pero Florencia Arietto, presidenta de la ONG Arde la Ciudad, cuenta que “hay chicos que pasan tres años detenidos sin condena y después los absuelven porque no eran culpables. Esto en ningún caso puede pasar y mucho menos si se trata de menores”.

Hay un organismo público encargado de controlar las condiciones de las cárceles: la Procuración Penitenciaria. Fue creada en 1993 bajo la órbita del Poder Ejecutivo, pero en enero de 2004 se promulgó de hecho la ley 28.575, que la pasó al Legislativo. El titular del área, Francisco Mugnolo, ocupa su cargo de manera interina desde la época de Fernando De la Rúa.

En comparación con otros países de la región, la Argentina está por debajo de Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia y Perú si se mide cuántos presos hay cada 100 mil habitantes. El puntero de esta tabla es Estados Unidos, con más de 2,3 millones de personas detenidas hasta junio de 2008 y una tasa de 760 presidiarios por cada 100 mil habitantes.

Convivencia

La decisión de alojamiento, basada en los perfiles de las personas privadas de su libertad, es muy complicada y puede generar problemas graves de violencia. Si bien la ONU estableció que, dentro de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el alojamiento debe ser individual, en la Argentina hay cárceles viejas, como la de Devoto, que tienen pabellones en donde pueden llegar a convivir hasta ochenta personas. Y es que, si se juntan fuertes y débiles en un mismo espacio, es posible que estos últimos sean sojuzgados.

Son múltiples las denuncias de maltratos que sufren los internos, tanto por el personal penitenciario como por sus mismos compañeros. Arietto afirma: “Han permitido y siguen permitiendo que en la cárcel se los golpee. Hemos visto a chicos que tenían dolor de garganta y le dieron Alplax. Les daban sopa de suero para no darle la comida que estaba asignada. Esas cosas que no tienen que pasar y menos con personas que están privadas de su libertad, a disposición del Estado y que intentan incluirse sin violencia a la sociedad”. Y además agrega: “Quien esté detenido, al salir debe hacerlo bien comido y dormido. A pesar de que nunca fue un factor socializador, la cárcel es, en última instancia, lo que hay convencionalmente para hacerle entender a alguien que violó una norma, que eso no se hace”.

Otro gran déficit es la reinserción social. “En este aspecto estamos fallando como Estado. Si lo que se hace dentro de la cárcel en materia de capacitación y trabajo no se enhebra con una política pública que intente atajar esos primeros tiempos tras la cárcel, no sirve de nada”, sostiene Martínez.

La cárcel muchas veces es sinónimo de marginalidad. Todas las carencias comunes quedan concentradas en un mismo lugar. “Ningún pibe nace chorro. Pero, en un contexto de violencia donde las cosas se solucionan a los tiros, un chico de 15 años que quiere tener plata, por ejemplo, para levantarse a una chica o para comprarse esas zapatillas que vio en la tele y no la tiene ni la va a tener nunca; y en el camino alguien pasó y lo discriminó por ser villero, le dieron paco y la policía lo maltrató; bueno, ese pibe no tiene muchas opciones”, comenta Arietto. “Los excluidos son siempre los mismos y también los que van a la cárcel. Como sociedad fallamos mucho tiempo antes de que entren en la cárcel”, reflexiona la Dra. Martínez. Cesar González cuenta que su experiencia en la cárcel le dijo que “9 de cada 10 pibes y pibas que están en situación de encierro provienen de los lugares más pobres de esta sociedad” y que al conversar con sus compañeros se dio cuenta que todos traían consigo historias muy parecidas: “Una infancia difícil con falta de contención familiar, de afecto; con muchas necesidades básicas ausentes, como la alimentación o la vivienda”. “La cárcel es un espacio de exclusión incluyente. Muchas veces encuentran allí lo que no encontraron afuera”, completa Martínez.  

Mano dura

Sobre el endurecimiento punitivo, la Defensora Martínez plantea: “La legislación ‘Blumberg’ subió todas las penas y no modificó nada. Una política legislativa que no venga acompañada de una política pública de prevención no sirve de nada ya que la pena, por si sola, no disuade a nadie”.

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