16/12/2014 Columnista

“Menos afano y más laburo”

Por Tomás Várnagy. Un informe del Foro Económico Mundial (http://www.weforum.org) publicado en septiembre de este año, ubicó a la Argentina –entre 144 países– en el puesto 139° en la categoría “ética y corrupción”, ocupando el anteúltimo lugar en “desvío de fondos públicos”, solo delante de Venezuela. Además, quedó en el puesto 141° del indicador de “confianza pública en los políticos”.

La semana pasada se dio a conocer la evaluación de 175 países por parte de Transparencia Internacional (http://www.transparency.org/cpi2014/results) en cuanto al Índice de Percepción de Corrupción (IPC). Sobre actos de corrupción del sector público, la Argentina ocupa el puesto 107 (al igual que Yibuti e Indonesia) solamente superado en América del sur por Ecuador (puesto 110), Paraguay (puesto 150) y Venezuela (puesto 161). Vemos así que nuestro país está en el grupo con mayores índices de percepción de corrupción del mundo.

El informe de Transparencia indica que las escuelas mal equipadas, falsificación de medicamentos y elecciones compradas son sólo algunas de las consecuencias de la corrupción en el sector público. Los sobornos y acuerdos a puerta cerrada no sólo roban los recursos de la mayoría vulnerables sino que socavan la justicia y el desarrollo económico y destruyen la confianza pública en el gobierno y los líderes políticos. La corrupción es un cáncer que corroe a nuestra sociedad y priva a los sectores más pobres de sus derechos elementales, menoscaba la gobernabilidad, genera inestabilidad y crea una cultura de impunidad.

El IPC se realiza en base a la opinión de expertos sobre la temática en el sector público, con encuestas hechas a dirigentes, empresarios, entidades sociales y analistas, midiendo los niveles percibidos de corrupción del sector público. El IPC ha sido criticado por varias razones siendo la primera y la más obvia, la dificultad de medirla, por lo cual se convertiría en algo “subjetivo”, subordinado a la percepción de los individuos y no a la realidad fáctica. Además de esta confusión entre la “percepción” y la medición, se ha cuestionado el Índice pues recurre a consultoras financieras del mundo de los negocios para hacer las evaluaciones, lo cual puede tener puntos de vista interesados y sesgados.

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó el informe de Transparencia Internacional y afirmó: “Estoy haciendo una comparación de indicadores con países más endeudados, de mayor déficit fiscal y de mayor emisión monetaria, porque las evaluaciones elaboradas por estas usinas de pensamiento, que acá repiten en forma en forma sistemática, encubren conceptos ideológicos”. Durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, remarcó que “estas usinas que generan análisis éticos muy profundos y que elaboran informes de corrupción sobre países, son las que protegen a los gorilas fiscales” y “en sus países se depositan dineros ilegales provenientes del narcotráfico y el lavado”. Además, consideró que “ninguno de los países que forman parte de estas usinas toman decisiones para eliminar a estos gorilas fiscales”, y las acusó de “vender humo” a través de estos indicadores (Página 12, 04/12/2014).

Pese a las dificultades y cuestionamientos, basta observar solamente algunos sucesos de los últimos días en la Argentina: el procesamiento del vicepresidente argentino, Amado Boudou; la investigación por los vínculos entre Lázaro Báez y los Kirchner; la advertencia de la Iglesia de que las mafias del crimen organizado “infectan con aprietes y sobornos” las “estructuras de la sociedad y el Estado”; las graves deficiencias en el control de las fronteras (de acuerdo a informes de la Auditoría General de la Nación); la citación a prestar declaración indagatoria al Ministro de Justicia, Julio Alak, como sospechoso del delito de incumplimiento de sus funciones; el procesamiento del sindicalista Omar “Caballo” Suárez…

Obviamente no existen esfuerzos por parte del gobierno para luchar en contra de la corrupción y la impunidad imperante la incentiva, además –opina Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparency International– “los organismos de control fueron reducidos a su mínima expresión durante los últimos años, convirtiéndolos en actores intrascendentes” (La Nación, 03/12/2014). El disgusto de Secchi apuntó contra la inacción que muestran la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo del Fiscal de Control Administrativo, Julio F. Vitobello; la Sindicatura General de la Nación (Sigen), al mando del Síndico General de la Nación, Daniel Gustavo Reposo; la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que dirige Guillermo Noailles; y la Defensoría del Pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde 2009.

La última carta del doctor René Favaloro, antes de suicidarse el 29 de julio de 2000, denuncia a la corrupción, que puso al borde de la quiebra a la Fundación que lleva su nombre, por negarse a pagar “coimas”. Luis E. Luchía-Puig lo entrevistó en 1988 y al preguntarle cuáles eran, a su criterio, las condiciones indispensables para el progreso de nuestro país, Favaloro eligió el lunfardo para responderle: “Menos afano y más laburo” (La Nación, 05/12/2014). Algo similar dijo durante el menemismo de la década de 1990 el sindicalista Luis Barrionuevo, en una frase que ya es famosa: “Dejemos de robar por dos años”. La corrupción no es un problema nuevo en la Argentina, sino que se trata de una cuestión estructural que se arrastra desde hace varios siglos: el asunto es quién le pone el cascabel al gato.

*filósofo y docente de la Universidad de Buenos Aires.

 

 

 

 

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