23/12/2014 Mala nota

"Hay una connivencia tradicional entre el Poder Judicial y la política"

Días atrás se conoció un nuevo informe de Transparencia Internacional que ubica a Argentina en el puesto 107, de un total de 175 países, en el ranking que mide el nivel de corrupción mundial. Gestionpublica.info dialogó con Marcelo Giullitti de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia quién destacó la necesidad de contar con “reformas sustanciales” en la materia. “El panorama es terrible. El Poder Judicial, que debería controlar los actos del gobierno, pareciera ser cómplice de estos actos de impunidad”, exclamó.

Argentina retrocedió otro puesto en el ranking que mide el nivel de corrupción internacional al quedar en el lugar 107 de un total de 175 países. Los datos, arrojados por Transparencia Internacional, demuestran la regresión en las políticas contra la corrupción y el mal funcionamiento de muchos organismos de control del país.

Gestionpublica.info entrevistó a Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien se refirió al trabajo de Argentina en la lucha contra la corrupción durante todo el 2014: “El balance que hacemos tiene un saldo negativo. Lamentablemente no hemos podido avanzar con cuestiones fundamentales en lo que es la lucha contra la corrupción”.

Giulliti remarcó que “hacen falta reformas sustanciales, tanto en lo que es el funcionamiento del Poder Judicial y en el Código Procesal Penal”. El integrante de ACIJ, destacó que es importante revisar la calidad de los jueces que integran el PJ porque “todavía tenemos jueces como Oyarbide o como Bonadio que por razones políticas se decide mantenerlos en su cargo”. “Es un modus operandi, una connivencia tradicional entre el Poder Judicial y el poder político”, exclamó.

Argentina tiene una de las tasa más bajas de condenas por causas de corrupción, “en los últimos años hubo apenas 3 fallos”, recalcó Giullitti. “Este tipo de causas apenas avanzaron, y las que lo hicieron fueron excepciones más que la regla. El panorama es terrible, el PJ, que debería controlar los actos del gobierno, pareciera ser cómplice de estos actos de impunidad”, continuó.

Organismos de control

En el informe que publicó Transparencia Internacional, el director de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, declaró que el retroceso argentino se debe a la reducción del papel de los organismos de control. Giulliti amplió más al respecto y fue contundente: “Los organismos de control han sufrido un deterioro constante en los últimos años. La Defensoría del Pueblo quedó acéfala en el año 2009, la cual fue cubierta provisionalmente con los adjuntos. Luego se nombró de manera irregular y en contra de la Ley al secretario del organismo que quedó a cargo sin claridad en las funciones que tiene. Como organismo de control su rol fue totalmente nulo, esto generó un retroceso en su labor”.

En cuanto a la Auditoria General de la Nación (AGN), aseguró que “fue constantemente atacada sobretodo con los recortes de sus funciones”. “Los controles de la auditoria no son vinculantes, no tienen facultades sancionatorias”, amplió el integrante de ACIJ quien también remarcó que tanto la Oficina Anticorrupción y La Unidad de Información Financiera “siguen siendo oficinas totalmente dependientes de los ministerios, aunque se diga que son autónomas”.

Al finalizar, remarcó que en todo el 2014 “no se adoptaron medidas sustanciales en lo que es la lucha contra la corrupción y la impunidad”. “Creemos que es necesario establecer un acuerdo básico con la sociedad civil donde se exijan ciertos puntos básicos referidos a la corrupción”, afirmó.

En relación a este último punto, desde ACIJ publicaron en 10 medidas básicas urgentes que, como remarcó Giulliti, “deben ser parte de la agenda pública”:

- Transparentar y mejorar el sistema de compras y contrataciones del Estado.

- Garantizar la transparencia y equidad en el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales.

- Publicar la evolución del patrimonio de los funcionarios y su grupo familiar y garantizar la integra implementación de la normativa de ética pública.

- Limitar el uso de facultades extraordinarios sobre el gasto público y promover la trasparencia presupuestaria

- Fortalecer el funcionamiento de organismos de control e implementar políticas de coordinación entre estos.

- Mejorar las condiciones del poder judicial para la persecución penal de la corrupción.

- Trasparentar los mercados financieros e implementar políticas de coordinación entre estos.

- Asegurar la transparencia legislativa en el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales.

- Sancionar la adeudada Ley de Acceso a la Información Pública.

- Reformar los procesos de tomas de decisiones públicas hacia modelos de participación ciudadana.

“Es necesario establecer medidas trascendentes y que la población misma las exija como un derecho a la transparencia y a poder participar de la política. El discurso de la corrupción siempre vende mucho pero es hora de que se convierta en políticas públicas ciertas y empecemos a ver resultados”, concluyó Marcelo Giullitti.

 

 

 

 

 

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