27/01/2015 Columnista

Una denuncia, una muerte y muchas preguntas

Por Facundo Martínez*. ¿Se suicidó Nisman justo en el que debía ser su momento de mayor exposición? ¿Se trató de un suicidio ‘inducido’? ¿Lo mataron los servicios de inteligencia? A estas preguntas, surgidas en el seno del arco opositor, se les deben sumar las que la propia presidenta esbozó en su carta pública en la que vincula la muerte del fiscal con el complejo entramado de una causa que, tras dos décadas de impunidad, sigue mostrando su cara más oscura.

Los hechos

El fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, quien la semana pasada presentó una denuncia judicial por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman, por la firma del polémico Memorandum de Entendimiento con Irán, y quien en la tarde de ayer debía presentarse en el Congreso para explicar los fundamentos de su acusación ante una comisión de legisladores oficialistas y opositores, apareció muerto en su departamento del edificio Le Parc de Puerto Madero. La noticia sacudió al país y sembró una inmensa cantidad de preguntas que por ahora no parecen tener respuestas contundentes.

¿Se suicidó Nisman justo en el que debía ser su momento de mayor exposición? ¿Se trató de un suicidio ‘inducido’? ¿Lo mataron los servicios de inteligencia? ¿Tiene algo que ver con su muerte los funcionarios involucrados en su denuncia? ¿Qué pasará con su equipo de investigadores, con la denuncia concreta, con la información y las escuchas que el fiscal dijo ante algunos medios tener como pruebas fehacientes para impulsar semejante acusación? A estas preguntas surgidas en el seno del arco opositor se les deben sumar las que la propia presidenta esbozó en su carta pública en la que vincula la muerte del fiscal con el complejo entramado de una causa que, tras dos décadas de impunidad, sigue mostrando su cara más oscura.

Lo cierto es que la intempestiva muerte de Nisman deja muchos interrogantes y cierta sensación de fragilidad institucional en un país que se presenta cada vez más dividido y tironeado por frecuentes e insalvables contiendas políticas y mediáticas. La gravedad de los hechos y las implicancias políticas dispararon todo tipo de especulaciones, sobre todo en los momentos de espera de los resultados de las pericias tras el gigantesco operativo en torno al domicilio del fiscal, en las actuaron peritos de la Unidad Criminalística Móvil, de la Unidad Médica Forense, Prefectura y Same, y del cuerpo médico forense de la Morgue Judicial, todo bajo la supervisión del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y del juez de turno Manuel de Campos y la fiscal Viviana Fein.

La autopsia

Cerca de las 15 horas, se comenzaba a despejar una de las preguntas, ¿se trató o no de un suicidio? Tras el anticipo del informe del cuerpo de médicos forenses del Poder Judicial –que fue seguido con celo por el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti-, se supo por los datos recogidos en la autopsia sobre el cuerpo del fiscal que “no hubo intervención de terceras personas”. Esta sentencia disparó otro interrogante ¿se trató de una muerte inducida? ¿Existió acaso un instigador? De los documentos secuestrados en el domicilio del fiscal y del cruce de llamadas entrantes y salientes de sus teléfonos móviles se espera recaudar más información, lo mismo del análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la moderna torre en la que vivía el fiscal. En el comunicado de la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°45, se estima que Nisman murió como consecuencia de un solo disparo de un arma de fuego calibre 22 en su sien y que la pistola “no era de propiedad del fallecido”; más tarde se supo que la misma se la había facilitado un empleado de su fiscalía. “La causa está caratulada como muerte dudosa, hasta no tener todas las pruebas la causa se sigue investigando”, avisó Fein, quien continuará tomando declaraciones testimoniales.

Implicancias políticas

Ahora bien, una cosa es la investigación concreta de los hechos y otra muy distinta son las implicancias políticas. Apenas conocida la noticia, y mientras en los medios opositores no se dudaba en vincular la muerte del fiscal con prácticas mafiosas -“Esto es kirchnerismo puro”, se animó a decir el periodista Nelson Castro en diálogo telefónico con su colega y también opositor Joaquín Morales Solá-, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, advertía que todo lo trabajado por el fiscal debía estar a resguardo en los fundamentos de su denuncia –precisamente el juez Ariel Lijo ya tiene una copia de la misma-. Luego se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y la jefa del bloque del FPV, Juliana Di Tullio, junto a otros 40 diputados oficialistas. “Queremos saber qué sector mafioso, que todavía existe en la sociedad argentina, llevó al fiscal Nisman la determinación que tomó”, dijo Domínguez y, sobre la denuncia puntual del fiscal, agregó: “No vamos a discutir la denuncia. Queremos que se esclarezca. Queremos saber qué hay detrás de la decisión que tomó. Tenemos la certeza que hay sectores de la inteligencia, el último reducto donde no ha llegado la transparencia, que condiciona jueces, que le da inestabilidad a la democracia”. Mientras que, por su parte, Di Tullio comentó: “queremos saber “con quién habló el fiscal en los últimos días” y “qué papel jugó (el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Jaime, removido de su cargo) Stiusso en estos últimos días”.

La primera señal fuerte del oficialismo respecto a la muerte del fiscal y la denuncia concreta que este había presentado el 14 de enero, llegó con una orden concreta de la presidenta. El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, ordenó levantar el secreto que pesa sobre la identidad de los espías que aparecen en las escuchas que realizó Nisman; esas identidades eran las que, antes de la muerte del fiscal, el Gobierno se negaba a revelar. El fiscal sostenía en su denuncia contra la presidenta y el canciller, que uno de los espías en cuestión fue “un participe activo del plan de encubrimiento para fabricar la inocencia de los sospechosos iraníes”. A través de una carta al juzgado de la jueza Servini de Cubría, el funcionario ordenó la “desclasificación de las identidades, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes al personal de inteligencia que surge del producto de intervenciones telefónicas”.

En declaraciones a medios opositores, Nisman había declarado que gracias a esas comunicaciones –de las que poseía más de 300 discos compactos- supo “quiénes y cómo participaron en las negociaciones para que argentinos e iraníes lleguen a un entendimiento por el caso AMIA”, acciones que buscaban garantizar la “impunidad de los sospechados de haber volado la mutual judía”, en la que murieron 85 personas, el 18 de julio de 1994.

Nisman debía afrontar ayer un extenso interrogatorio frente a Diputados oficialistas y opositores a propósito de la denuncia que, tras adelantar su regreso de las vacaciones, había presentado en el juzgado de Lijo. En su raid mediático de la semana pasada, el fiscal había dado a entender que de las escuchas, aprobadas por el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, y de la información recogida en su pesquisa surgían vinculaciones entre uno de los prófugos de la causa AMIA, el iraní Mohsen Rabbani y Jorge “Yussuf” Khalil, a quien describe como el referente de Irán con mayor influencia política en la Argentina, y que ambos habrían negociado el pacto entre Argentina e Irán por la causa AMIA con interlocutores de la Secretaría de Inteligencia y de la Casa Rosada. Parte de esas acusaciones, como el supuesto pedido de levantamiento a la Interpol de los códigos rojos de alerta sobre los sospechosos del atentado a la mutual judía fueron desestimados el domingo pasado por el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, quien desmintió la información y defendió el Memorandun de Entendimiento firmado con las autoridades de Teherán, y que ayer el candidato para las presidenciales 2015 Sergio Massa pidió abolir. En su denuncia, Nisman sugiere que fue la propia Cristina Fernández de Kirchner quien decidió poner en marcha “una confabulación criminal” –la idea de fondo, según Nisman, era levantar los pedidos de captura sobre los sospechosos iraníes a cambio de petróleo iraní, algo que, dicho sea de paso, jamás ocurrió-. Además de la presidenta, Nisman tenía pensado citar a declarar entre los funcionarios K a Timerman, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque y al ex piquetero Luis D’elía.

La carta abierta

Destiladas las primeras impresiones más o menos apuradas, y mientras el repudio por la muerte de Nisman se viralizaba en las redes sociales y comenzaban las diferentes concentraciones y cacerolazos frente a la quinta presidencial de Olivos, Plaza de Mayo y esquinas emblemáticas de la Ciudad, la presidenta dio a conocer a través de Facebook una carta abierta “AMIA: otra vez tragedia, confusión, mentira e interrogantes” en la que lamentó la muerte de Nisman y expuso su intensa relación con la causa AMIA y a favor de su esclarecimiento.

DAIA y AMIA

Tras la muerte de Nisman, el titular de la DAIA, Julio Schlosser, y el presidente de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky, confirmaron a través de la Agencia Judía de Noticias (AJN) el llamado a un acto para mañana a las 18.30 en la puerta de la AMIA. Ambas entidades judías advirtieron que la muerte de Nisman constituye “un golpe de alto impacto para la causa” y exigieron que se mantenga la tarea de la Unidad Fiscal especializada. “Ante la aparición sin vida del fiscal Alberto Nisman, la AMIA y la DAIA manifiestan estupor, acompañan a su familia en estas horas de profundo dolor y reclaman el total esclarecimiento de las causas de su deceso”, solicitaron a través de un comunicado conjunto.

Por ahora, el lugar de Nisman en la fiscalía especial de la causa AMIA será ocupado (al menos hasta el 31 de enero) por el fiscal subrogante, Alberto Gentili, según lo ordenó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Gentili es fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal de San Martín, y había sido designado como subrogante de la UFI-AMIA oportunamente por el propio Nisman para que lo reemplazara durante la feria judicial de enero; en el confiaba para garantizar el normal funcionamiento de la dependencia.

(*) Sociólogo y periodista.

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