20/01/2015 España

Crean una Comisión de transparencia

El Senado, con la presencia y participación de la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, constituyó la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Su principal objetivo será verificar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2013. Con esta nueva herramienta, buscan mejorar también el diálogo con los ciudadanos.

“La transparencia y la rendición de cuentas han venido para quedarse”, sostuvo la Vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, luego de que el Senado, en la sesión del jueves pasado, constituyó la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno que tendrá la función de verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública, sancionada en 2013.

La normativa que la Comisión deberá controlar puso en marcha un portal abierto donde se publica, desde hace poco más de un mes, los salarios de los miembros del Gobierno y sus asesores, los contratos de la administración pública y los bienes inmuebles de propiedad estatal.

Pero, además de velar por el cumplimiento de la Ley, la nueva Comisión delineará los mecanismos institucionales de supervisión y ayudará a mejorar el diálogo con los ciudadanos. Según Soraya, el objetivo es “reforzar la democracia”.

Sobre la composición de la Comisión se destaca que los vocales fueron nombrados por el Consejo de Ministros y provienen de distintas instituciones del Estado. Tal es así que, tanto el Consejo de Gobierno como el Congreso, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos propusieron sus candidatos para conformar el nuevo órgano de control.

A un mes de la creación y puesta en marcha del portal de transparencia, los ciudadanos españoles ya realizaron más de 380 pedidos de información, en su mayoría destinadas al Ministerio de Hacienda. Desde el primer día la web cuenta con medio millón de registros de información.

Las consultas de los ciudadanos realizadas a través del portal, mediante el DNI electrónico o una clave específica, deben ser respondidas en un plazo máximo de un mes, según la Ley. Si la persona que solicita la información no se conforma con la respuesta que recibe de parte del organismo consultado, puede efectuar un reclamo ante la Comisión de transparencia.

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