10/02/2015 Columnista

La OCDE, corrupción y sobornos

Por Tomás Várnagy. La OECD (siglas en inglés de OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es un organismo formado por 34 Estados con el objetivo de coordinar sus políticas económicas y sociales para contribuir a la expansión del comercio mundial. En nuestro continente son miembros plenos: Canadá, Estados Unidos, México y Chile; mientras que son adherentes a la declaración sobre inversión internacional y empresas multinacionales y participan del trabajo del comité de inversiones: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú.

Se define a sí misma como un foro de países comprometidos con la democracia y la economía de mercado, proporcionando un escenario para comparar experiencias de implementación de políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas, y coordinar políticas nacionales e internacionales (véase http://www.oecd.org).

Entre otras actividades, la OCDE publica libros, informes, estadísticas y materiales de referencia; además de realizar cada tres años los conocidos informes PISA (siglas en inglés del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) sobre el rendimiento de estudiantes en pruebas estandarizadas en las que nuestro país obtuvo un muy pobre rendimiento, ubicandose entre los diez peores con alumnos que, comparados con otros países, manifestaron mayores problemas académicos y menor satisfacción en la escuela (Infobae, 31/01/2014).

Un documento de 78 páginas realizado por el “Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno” publicado en diciembre del año pasado: Informe sobre la implementación de la convención de la OCDE sobre el antisoborno en Argentina (http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Argentina-Phase-3-Report-ENG.pdf) evalúa y realiza una serie de recomendaciones a nuestro país por la aplicación de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Internacionales.

 El informe se basa en la legislación y otros materiales proporcionados por la Argentina; también en la información obtenida por un grupo de evaluación en su visita a Buenos Aires en junio de 2014, cuando se reunieron con representantes de los sectores públicos y privados, el legislativo, el poder judicial, la sociedad civil y medios de comunicación. Se examinan las cuestiones específicas del país que surgen de cambios en el marco legislativo e institucional de la Argentina, así como los progresos realizados desde una anterior evaluación en junio de 2008.

Se concluye que la Argentina no cumple con los artículos clave de la Convención; es más, los jueces y fiscales encargados de casos de cohecho, sobornos o coimas internacionales no asistieron a la visita in situ realizada por la OCDE. El Grupo de Trabajo, por lo tanto, no pudo juzgar plenamente los esfuerzos de aplicación de las normas acerca del soborno internacional en Argentina; y, en consecuencia, nuestro país está obligado a someterse a una evaluación suplementaria a finales de 2016 para “valorar su progreso”.

Se destaca que el Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por el compromiso de la Argentina para combatir el soborno internacional y lo poco que se ha hecho desde las evaluaciones anteriores pues persisten deficiencias sistémicas en la justicia penal y hay retrasos generalizados en los casos de delitos económicos. En varios casos, las autoridades argentinas no investigaron proactivamente ni buscaron la cooperación de autoridades extranjeras. Se alertó sobre la injerencia en “los procesos disciplinarios contra los jueces y fiscales”, lamentando que las “demoras generalizadas siguen entorpeciendo las complejas investigaciones de delitos económicos”.

El Grupo de Trabajo también muestra su preocupación por la independencia judicial y la capacidad de Argentina para detectar y denunciar el soborno internacional. Han habido ejemplos del uso de procesos disciplinarios a los jueces y fiscales como elementos de presión; y el número de vacantes judiciales y jueces sustitutos (subrogantes) sigue siendo extraordinariamente alto, además de leyes inconsistentes, complicadas y enrevesadas que dificultan y retrasan la denuncia de los delitos de los funcionarios públicos. Argentina no ha adoptado las medidas adecuadas para proteger, ante posibles represalias, a los denunciantes en los sectores público y privado; y el gobierno no ha hecho suficientes esfuerzos para crear conciencia sobre el delito de las coimas internacionales.

Las conclusiones plantean sus “dudas” sobre el compromiso argentino para combatir el cohecho internacional y, además, se señala que se incumplen “gravemente” los principales artículos de la Convención antisoborno, apelando a tomar “medidas urgentes” para abordar asuntos de “gran preocupación” concernientes a la corrupción. Recordemos a algunas multinacionales que admitieron haber abonado coimas para hacer negocios en Argentina: Avon (pagadas en los años 2004-2010), Ball (2006-2007), Biomet (2000-2008), Dallas Airmotive (2008-2012), Embraer (2005-2009), Helmerich & Paine (2004-2008), IBM (denuncia en el 2013, muchos años después del caso IBM y Banco Nación -1994-), Ralph Lauren (2005-2009), entre las más conocidas. Pocas veces estas noticias, casi siempre en primera plana, se tradujeron en cárceles para los corruptos.

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