19/02/2015 Columnista

18F, los gritos del silencio

Por Facundo Martínez*. Lo admitan o no los funcionarios del Gobierno, algunos más negadores que otros, la multitudinaria marcha del silencio en memoria del fiscal Alberto Nisman que tuvo lugar ayer entre el Congreso y Plaza de Mayo, con algunos ecos en otras ciudades importantes del país, abre una grieta que podría profundizarse en la crisis política e institucional que atraviesa el país, y seguramente jugará también su papel en las próximas elecciones presidenciales.

Cierto es que en la manifestación no se vieron pancartas políticas ni banderas partidarias, y más allá del reconocible tono crítico y opositor al Gobierno, y alguno que otro mensaje entredientes de señores y señoras indignadas, los mayoría de los concurrentes, políticos, funcionarios y gente de a pie, respetaron la consigna propuesta por los familiares del fiscal, por un lado, y por el grupo de fiscales convocantes, entre ellos Guillermo Marijuán, Carlos Stornelli, Carlos Rívolo, José María Campagnoli, Ricardo Saénz, Raúl Plee y Germán Moldes, entre otros.

La magnitud de la marcha requiere una inmediata atención por parte del oficialismo, sobre todo porque más allá de los nombres y los antecedentes de algunos de esos fiscales –Plee y Moldes integran la nómina de fiscales cuestionados por los familiares de las víctimas de la AMIA, quienes los acusan de haber “congelado” la investigación de los encubrimientos; “Siempre fallaban a favor de sus acusados”, denunció Diana Malamud, de Memoria Activa-, lo que la multitud exigía ayer, más o menos silenciosamente, era el esclarecimiento de la muerte de Nisman: si se trató de un suicidio o de una asesinato, como sospecha su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado –quien ayer encabezó la marcha junto a sus hijas-, y en cualquiera de los casos, que se establezcan las circunstancias y/o las responsabilidades.

Centrar la discusión en si fueron 400 mil personas como estimó la Policía Metropolitana, o los 60 mil que informó la Policía Federal en concordancia con la secretaria de seguridad, no tiene ningún sentido ni importancia ahora. Tampoco descansar en el hecho de que la alta concurrencia guarda relación con el avivamiento constante que un sector de la prensa –enfrentada con el Poder Ejecutivo- produjo desde sus diferentes medios de comunicación para que la marcha haya tenido el grado de adhesión que tuvo. Lo que a esta altura resultaría ridículo es cuestionar o relativizar su éxito.

Es precisamente por esto y, desde ya por el contexto en el que se produjo la muerte de Nisman, que después del 18F el Gobierno y sus funcionarios tienen la obligación de redoblar esfuerzos para llegar a la verdad. Esa es, ni más ni menos, la exigencia silenciosa de los familiares y funcionarios judiciales que encabezaron ayer la columna que bajo una lluvia torrencial bajo la avenida de mayo hasta la sede de la fiscalía AMIA, donde se realizó un breve acto que tuvo como orador al sindicalista judicial Julio Piumato. Es esa también la exigencia de los millones de argentinos que no concurrieron a la marcha –cualquiera fuera el motivo- pero quieren igualmente saber la verdad sobre el trágico suceso.

Las interpretaciones sobre lo que dejó el 18F en el tapete darán qué hablar. Si hubo o no muchos jóvenes en la marcha; si la composición de la misma se pareció a la de los cacerolazos anti Gobierno; cuál será el próximo paso de los convocantes; cómo buscarán capitalizar los hechos los precandidatos a la presidenciales de octubre; o si no es como mínimo irritable el hecho de que hayan sido un grupo de funcionarios judiciales los que exijan Justicia, cuando se supone -por esa cuestión de la división de poderes- son los encargados de garantizarla y administrarla desde los tribunales, en fin... Mientras tanto, seguirán su paso tanto la manoseada causa AMIA como la denuncia de Nisman contra la Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y un puñado de funcionarios, por el presunto delito de “encubrimiento” de los iraníes acusados por el atentado a la mutual judía que, dicho sea de paso, es un derivado de la denominada pista iraní -sugerida por la CIA y el Mosad, y sostenida por Jaime Stiuso, el ex jefe de espías de la SIDE, de estrechos vínculos con Nisman, que ayer compadeció frente a la fiscal Viviana Fein, que lleva la causa por la muerta del Fiscal. 

De hecho, el fiscal Gerardo Pollicita, quien retomó la denuncia de Nisman y la semana pasada avanzó imputando a la Presidenta y al Canciller, fue convocado ayer por la Cámara de Diputados para que el próximo lunes de los detalles acerca de su decisión frente a un plenario de comisiones, que serán las mismas que dieron dictamen favorable al polémico memorándum de entendimiento con Irán.

Pollicita deberá rendir cuentas sobre la gravedad política e institucional de su decisión, que desde el oficialismo fue catalogada “en el marco de una nueva ofensiva de un sector del Poder Judicial y los servicios de inteligencia contra el Gobierno”. Eso mismo, argumentar frente a los diputados, era lo que debía hacer Nisman al día siguiente de haber sido hallado sin vida. El Gobierno, como primer interesado, por supuesto, deberá velar por su seguridad.

(*) Sociólogo y periodista.

 

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