11/05/2015 Columnista

La bandera de las paritarias libres

Por Facundo Martínez*. “Los ruidos de las paritarias no me preocupan. Son ruidos de algo que tiene que darse. Es la vocación de este gobierno que haya paritarias. Forman parte de la libertad”. Con estas palabras, el actual jefe de Gabinete y precandidato a la gobernación de Buenos Aires, Aníbal Fernández, intentó explicar la posición oficialista con respecto a las discusiones en ciernes y, de paso, esquivar las duras críticas que tanto gremios oficialistas como opositores han soltado en los últimos días.

La bronca de los trabajadores tiene su justificación: el Gobierno, mandado o no por razones macroeconómicas, ha intentado poner un piso a las discusiones paritarias abiertas del 25 por ciento, una cifra que se sitúa muy por debajo de las expectativas superiores al 30 por ciento que pretenden la mayoría de los gremios.

El principal argumento del Gobierno es que si el aumento traspasa ese techo, el empresariado trasladará ese porcentaje a los precios y eso repercutirá negativamente en los salarios y empujará hacía arriba el índice inflacionario. En un año electoral como el presente, no sería ese precisamente un síntoma de buena salud económica. El argumento podría ser cierto, pero no en las actuales circunstancias, donde no hace falta ser economista para certificar el deterioro del salario real. La inflación acumulada en los últimos años y la constante alza de los precios –digamos los no cuidados, que en definitiva son la mayor parte- continúan horadando el bolsillo de los trabajadores. La pérdida de la capacidad de ahorro de los últimos años es un indicador irrefutable. Algo que empeora significativamente en estos meses en que los acuerdos anuales se debilitan y los salarios sufren su mayor pérdida de poder adquisitivo.

El fracaso la semana pasada de las negociaciones entre la UOM y las cámaras del sector –que continuarán este miércoles- está empujando a los metalúrgicos -gremio aliado al Gobierno a través de su secretario general, Antonio Caló, quien lidera la CGT oficial- a endurecer posturas incluso dentro de la conciliación obligatoria que las partes debieron acatar frente a la declaración de un paro por 36 horas. La UOM reclama un 32 por ciento de aumento, y ha sido de los gremios más modositos en sus pretensiones.

Camioneros, del opositor Hugo Moyano, exige un piso de aumento del 33 por ciento y advierte que “es imposible aceptar un acuerdo por debajo del 30”; y Prensa, por citar sólo otro ejemplo, ha exigido a las cámaras un 38 por ciento. Números todos lejanos a los que el Gobierno pretende imponer. Aceiteros, que en sintonía con el Gobierno en 2014 estuvieron entre los primeros en rubricar acuerdos; y bancarios, para quienes las reducciones y exenciones en el impuesto a las ganancias que el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció los últimos días con bombos y platillos, son insuficientes para combatir la inflación, realizaron medidas de fuerza la semana pasada y amenazaron con continuarlas en esta que comienza.

También anunciaron protestas los gremios nucleados en la Confederación del transporte, quienes el 31 de marzo pasado impulsaron el paro nacional, y fueron, además, la clave de su éxito. A ellos se sumó Armando Cavallieri –Comercio-, quien avisó que movilizaría a sus afiliados en protesta por la no homologación por parte del Gobierno del preacuerdo del 30 por ciento al que su gremio había llegado con las respectivas cámaras. Aunque el último viernes sacó un as de la manga y propuso aceptar un 26 por ciento, siempre y cuando este se otorgue en una sola cuota y no en dos como estaba acordado en el primer preacuerdo. El número 26 no le cayó mal a Kicilñof, y en los mismos términos tentó a Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, otro de los gremios testigos, que entre hoy y mañana se reunía con los representantes de las cámaras del sector. Sin embargo, son los empresarios los que argumentan que otorgar ese porcentaje en un solo pago es “imposible”.

En este escenario, al menos una cosa está clara: difícilmente algún gremio firme un acuerdo que tenga como techo el 25 por ciento en dos cuotas que pretende imponer Ejecutivo. En el ministerio de Trabajo ya se ha tomado debida nota de esto y, como la idea es intentar frenar la ola de medidas de fuerza preanunciadas, es muy probable que el techo suba en los próximos días algunos escalones. Seguramente no llegará al 30, pero cualquier negociador sabe que de haber algún equilibrio entre las partes el 25 no funcionará como techo sino más bien como piso, para los esquemas en dos cuotas. Dentro de estos márgenes, probablemente comiencen a cerrarse los primeros acuerdos. Si eso ocurre, poco a poco los demás se irán acomodando.

La rebaja en el impuesto a las Ganancias que según el Gobierno implicará una mejora de 5 por ciento en los haberes de las personas con salarios actuales de entre 15.000 y 25.000 pesos –incluso más allá de las especulaciones y la catarata de críticas desatadas- no deja de ser un instrumento válido para ablandar las tensiones entre los gremios y el Gobierno. Pero no es suficiente. De hecho, ese impuesto alcanza sólo al 11 por ciento de los asalariados, los que tienen mayores ingresos, y su reducción no puede ni debe tomarse como parámetro general para las negociaciones colectivas abiertas. El mecanismo para continuar firmando convenios colectivos es y deberá seguir siendo las Paritarias Libres. Porque es un derecho adquirido, y una bandera que los trabajadores deben sostener en alto.

(*) Sociólogo y periodista.

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