26/05/2015 Columnista

Bachelet y la batalla por una nueva constitución

Por Atilio A. Boron. A poco más de un año del inicio del segundo mandato de Michelle Bachelet, y teniendo en cuenta la crisis desatada por las múltiples denuncias de corrupción hechas públicas en los últimos meses, parece oportuno analizar lo ocurrido con una de las cruciales promesas de campaña de la mandataria chilena: la reforma de la constitución.

El tema tiene una importancia que difícilmente podría ser soslayado habida cuenta del autoritario legado constitucional chileno. A lo largo de su historia independiente Chile tuvo tres constituciones: 1833, 1925 y 1980, todas instituidas por regímenes de facto. Según un especialista en el tema, el profesor Pablo Salvat Bologna, “las que podemos considerar como las cartas fundamentales –1833, 1925 y 1980- tuvieron, todas ellas, como impulsoras  a las FFAA, las que actuaron al mismo tiempo como ‘garantes’ del Estado y del orden social, y que, de ese modo, pusieron la fuerza de sus armas al servicio de una determinada opción constitucional. Situaciones históricas que, al menos, nos invitan a reflexionar sobre la supuesta condición de  país históricamente demócrata por excelencia en la geografía latinoamericana.”[1] La de 1980, pergeñada por uno de los más funestos intelectuales fascistas de Chile, Jaime Guzmán, es la que rige en la actualidad. A lo largo de los años el Congreso le introdujo algunas reformas parciales que, sin embargo, dejaron incólume sus premisas axiológicas y una ingeniería institucional explícitamente diseñada para blindar a las clases dominantes ante cualquier amenaza democrática y a perpetuar el dominio de las minorías económicas y políticas sobre la voluntad de las mayorías.

A poco de instalarse en La Moneda y a pesar del claro mensaje enviado por la ciudadanía con su masiva abstención la presidenta cambió de parecer y dejó en claro que el tema de la reforma constitucional no sería encarado durante su mandato. Sin embargo, el estallido del escándalo de la corrupción la obligó a modificar su postura y Bachelet anunció, el pasado 28 de Abril, que en Septiembre del corriente año se iniciaría un “proceso constituyente” cuyas características específicas aún no fueron señaladas. En su Cuenta Pública ofrecida ante el Congreso Pleno este 21 de Mayo pasado las dudas acerca del destino de esta propuesta se acentuaron aún más. Dijo en esta ocasión que “llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. Y ello debe ocurrir en el contexto de un Acuerdo Político Amplio, transparente y de cara al país, que sostenga este proceso”.[2] Puede el analista conceder el beneficio de la duda, aunque la ausencia de una clara mención a una Asamblea Constituyente, que era la expresión que tenía que aparecer en el mensaje presidencial, es prueba más que elocuente del vigor de una tradición conservadora que, como lo recuerda Noam Chomsky en el caso de Estados Unidos, considera que “el populacho” nada tiene que hacer en la gestión de la cosa pública y que la creación de un texto que siente las bases constitucionales de un orden presuntamente democrático puede lograrse haciendo caso omiso de los procedimientos propios de una democracia.

Releyendo las palabras pronunciadas por la presidenta es evidente que en caso de que la reforma prosperase -doblegando la enconada oposición de la dirigencia política y el empresariado local- la convocatoria a una asamblea constituyente elegida por el pueblo, que sería el único camino idóneo para comenzar a relegitimar el sistema político, estaría descartada de antemano. La confección de la nueva Carta Magna, si llegara a producirse, sería por consiguiente el producto de un híbrido proceso de negociación entre una “participación ciudadana realmente incidente” mencionada por Bachelet y un “momento institucional legítimo y confiable”, algo poco probable en un contexto político signado por niveles sin precedentes de apatía ciudadana y alto grado de deslegitimación de las instituciones políticas. Habría un tercer camino, si el anterior fuese intransitable, y sería el de una reforma producida por el Congreso. En ambos casos la legitimidad de la nueva Carta Magna tendría un estigma de nacimiento de difícil reparación porque una constitución para la democracia no puede ser producida antidemocráticamente. Salvat Bologna es rotundo en su conclusión, que hacemos nuestra: “el mejor camino para un proceso verdaderamente republicanista es la conformación y convocatoria de una asamblea constituyente.” [3] Sobre todo si en las declaraciones oficiales también permanece en las sombras la espinosa cuestión de si, cualesquiera que fuesen los mecanismos de creación de la nueva constitución, la propuesta sería o no refrendada por el voto popular, tal como sí ocurriera en los casos de Bolivia, Ecuador o Venezuela. Esta indefinición va más allá de lo meramente procedural y demuestra las enormes resistencias que en la clase dominante y sus representantes políticos e ideológicos despierta cualquier propuesta que implique abrir cauces a la participación popular. El tiempo dará su veredicto; mientras, el deterioro de la legitimidad política en Chile abre ominosos interrogantes.

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