22/06/2015 Educación especial

100 mil estudiantes “invisibles”

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas ACIJ, ADC y ASDRA, demandaron al Estado por no producir información que refleje la situación educativa de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Según aseguran, esta situación “impide analizar el nivel de cumplimiento de la obligación estatal de garantizar una educación inclusiva”. Hace 10 años, la Auditoría General de la Nación ya había advertido que “la información que se difunde el Ministerio de Educación se encuentra desactualizada”.

En el año 2005 la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe de Gestión sobre la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE). A una década de esta evaluación, distintas organizaciones de la sociedad civil demandaron al Estado por no producir información sobre la situación educativa de las personas con discapacidad.

ACIJ -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia-, la Asociación por los Derechos Civiles –ADC–, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina –ASDRA– y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad –REDI–, fueron las ONG que interpusieron el amparo. Según se dio a conocer, demandaron al Ministerio de Educación de la Nación con el objetivo de que se ordene la producción de información básica y adecuada respecto de la trayectoria educativa de quienes asisten a escuelas especiales y sobre las personas con discapacidad que concurren a escuelas comunes.

Según explica el comunicado de prensa de estas organizaciones, “actualmente la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, encargada de los relevamientos anuales, no produce la misma información para escuelas comunes que para escuelas especiales, a las que asisten mayoritariamente estudiantes con discapacidad”.

“Algunos de los datos básicos que no se producen refieren a deserción escolar, repitencia, egresados según título y plan de estudios de nivel, asistencia a jornada completa y no asistencia a sala de 4”, sentencian las ONG. Además de esto, “la misma DINIECE reconoce falencias en la recolección de información por errores metodológicos que ofrecen datos no fiables”.

DiNIECE es la unidad responsable de llevar adelante las acciones de evaluación del Sistema Nacional de Educación, desarrollo y sustentabilidad del Sistema Federal de Información Educativa y del diseño y desarrollo de investigaciones vinculadas con la formulación de políticas educativas.

En el año 2005, la AGN alertó en su informe de gestión sobre la DiNIECE que “la información que se difunde a través de la página Web del Ministerio de Educación se encuentra desactualizada, contando con datos definitivos correspondientes al Relevamiento Anual del año 2001, al Operativo Nacional de Evaluación (ONE) y al Relevamiento de Investigaciones correspondientes al año 2000”.

Además de esto, el organismo de control concluyó que “existe una serie de debilidades en cuanto a su organización”. “No tiene un plan estratégico ni un plan operativo anual. En la programación de las metas físicas no quedaron reflejadas las principales tareas llevadas a cabo, no posee registros de las metas ejecutadas durante el ejercicio, no han sido designados los Jefes de Departamento correspondientes a la apertura de la Dirección, carece de manuales de procedimientos, no cuenta con un sistema de información gerencial para la toma de decisiones ni ha desarrollado un sistema de costos que permita relacionar la parte física con la financiera del presupuesto”.

Los responsables de prensa de ACIJ le explicaron a GestionPublica.info que “la omisión de producción de datos básicos sobre la situación de personas con discapacidad en el sistema educativo es violatoria del derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la educación y a buscar y recibir información”. “La falta de información impide analizar el nivel de cumplimiento de la obligación estatal de garantizar una educación inclusiva y obstaculiza conocer la situación real de las personas con discapacidad”, agregaron.

Como conclusión, las ONG que demandaron al Estado afirman que “de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Educación para el año 2013, en Argentina unos 99.341 estudiantes están matriculados en escuelas especiales, para los niveles inicial, primario y secundario (gestión estatal y privada)”. “Por lo tanto, no contar con datos básicos sobre los/as alumnos/as que asisten a escuelas especiales afecta a casi 100 mil estudiantes y los relega a una situación de invisibilización. La educación que reciben no se evalúa y la falta de datos también impide generar e implementar políticas inclusivas”, sentenciaron.

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