29/06/2015 Columnista

La boleta única electrónica en las elecciones porteñas

Por Atilio A. Boron. La elección de Jefe de Gobierno que tendrá lugar el 5 de Julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires introducirá una significativa novedad en las prácticas electorales del distrito (y de casi todo el país con la excepción de Salta): la boleta única electrónica. La innovación ha sido recibida con indiferencia por la ciudadanía porteña.

En parte, porque contrariamente a lo que habría sido de esperar no hubo en la ciudad una masiva campaña de educación que explicara el modus operandi y las ventajas del nuevo procedimiento y que motivara el interés de los electores. Y en parte también porque por contraposición a los numerosos anuncios del gobierno de la ciudad y a la profusa campaña de publicidad oficial, la nueva metodología electoral permaneció en las sombras y, para muchos, será una sorpresa a la hora de presentarse a los lugares de votación.

Antes de proseguir es importante despejar un equívoco: que lo que se aplicará en la próxima elección no es el voto electrónico, como el que existe en Estados Unidos, sino un sistema de boleta única electrónica que preserva la posibilidad de realizar un recuento de votos sobre la base de un soporte físico independiente del conteo que pueda o no realizar la memoria de la computadora utilizada para realizar el sufragio. Contrariamente a lo que se supone, el voto electrónico sólo es utilizado por un puñado de países: ya mencionamos a Estados Unidos y habría que agregar, en América, a Brasil y Venezuela. En Europa sólo Bélgica y Estonia utilizan ese sistema y, en Asia, la India y Filipinas. Pero países como el Reino Unido, Alemania, Holanda, Irlanda y Finlandia, en cambio, lo prohibieron. En el caso alemán la Corte Suprema lo declaró “inconstitucional” porque impedía la adecuada fiscalización del proceso electoral por el común de los ciudadanos que carecía de conocimientos técnicos sobre informática. En Holanda, país que fuera pionero en la aplicación de esta modalidad, sucesivos fallos de seguridad hicieron que se retornara al sistema tradicional basado en la papeleta electoral, cosa que también motivó a las autoridades del Reino Unido a desechar aquella metodología.

En nuestro país, dado que cada provincia tiene una legislación electoral que le es propia, existe un panorama sumamente heterogéneo. Hay ocho distritos que han aprobado una legislación acerca del voto electrónico pero su aplicación integral sólo ha tenido lugar, hasta la fecha, en Salta. Hubo pruebas parciales en otras, entre ellas Buenos Aires, Tierra del Fuego (en Ushuaia), Chaco y Mendoza. En Octubre del año pasado se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley dirigido a incorporar las nuevas tecnologías informáticas al proceso electoral, pero aún no tiene despacho de comisiones.

Los partidarios de la boleta única electrónica aducen que con ella se resuelven algunos problemas que afectan la legitimidad de los comicios tradicionales. Por ejemplo, les asiste la razón cuando dicen que se resuelve el problema ocasionado por la ausencia de boletas de partidos que no disponen de fiscales que garanticen la existencia de las mismas en el cuarto oscuro y, por eso, garantiza la más amplia libertad de elección. Por otra parte, la boleta electrónica tiene la ventaja de que permite que las fuerzas políticas ahorren las grandes sumas de dinero requeridas para imprimir millones de boletas a ser distribuidas por todo el territorio nacional, para ni hablar de los costos de transporte y logística y el negativo impacto ecológico inherente a la utilización de grandes cantidades de papel para imprimir las boletas. Al mismo tiempo se consignan las ventajas de un recuento muy rápido y seguro, preservando a la vez el carácter secreto del sufragio. Seguro y confiable, se aduce, porque el elector verifica que el voto emitido sea el que había seleccionado y además porque el recuento de votos tiene un respaldo en soporte papel que impide, a diferencia de los sistemas de voto electrónico como en Estados Unidos o Brasil, que el recuento se base exclusivamente en la memoria del computador, que podría ser hackeado por sectores interesados en torcer la voluntad popular.

Por otra parte, la boleta electrónica destruye la posibilidad del “voto encadenado” con el que se fomenta el clientelismo político ya que no hay boletas partidarias que puedan ser entregadas de antemano sino que lo son en el mismo momento en que se presenta el elector a la mesa de votación. No obstante, estas ventajas no alcanzan a eclipsar algunas críticas que no pueden ser descartadas. En primer lugar porque la nueva metodología puede desalentar la participación de los votantes de menor nivel educativo o de avanzada edad, sobre todo ante la ausencia de una campaña de educación ciudadana. Segundo, porque si bien el sistema torna imposible la utilización de boletas falsas también imposibilita ejercer la opción de anular el voto. Se puede votar en blanco pero no se lo puede anular, y en la Argentina el voto nulo ha sido utilizado reiteradamente para expresar la protesta de un sector del electorado ante una decepcionante oferta política. Tercero, porque hay fundadas razones para pensar que la proclamada seguridad en el recuento de los votos es menor que lo que se dice, toda vez que megaservidores como los de la CIA o el Pentágono fueron penetrados por piratas informáticos. Las denuncias sobre fallos informáticos han sido frecuentes en Estados Unidos, razón por la cual es preciso evitar caer en infundados optimismos acerca de la exactitud y transparencia del sistema. El escándalo ocurrido en Florida en la elección presidencial estadounidense del 2000 es un sobrio recordatorio de los riesgos que corre esta metodología.

En el caso que nos ocupa, el de la Ciudad de Buenos Aires, la existencia de una papeleta emitida por la computadora atenúa alguna de estas críticas pero no las suprime del todo. Elecciones tan reñidas como las que tuvieron lugar hace apenas un par de semanas en la provincia de Santa Fe demuestran la absoluta necesidad de contar con las papeletas impresas y lo imprudente que sería abolirlas en aras de asegurar la rapidez en el recuento de los sufragios. Cuarto y último, porque el nuevo sistema deposita en manos de una empresa privada nada menos que la administración del proceso electoral, sin un adecuado conocimiento público del software utilizado en su construcción y sin existir garantías estrictas de que el sistema no obrará con un sesgo a favor de una u otra fuerza política. También en esta área la debilidad de las instancias públicas de monitoreo y control de la gestión pública abre preocupantes interrogantes. Es preciso un debate a fondo sobre esta nueva metodología. Pero, como en tantos otros temas, el debate de ideas brilla por su ausencia en la política argentina.

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