13/07/2011 Se presentaron cuatro postulantes

Quedó desierto el concurso para designar al Defensor del Usuario del Agua

Pese a que la figura estaba prevista desde que se le sacó la concesión al grupo francés Suez (operadora de la empresa Aguas Argentinas), aún no pudo entrar en funciones. En el examen había que responder 100 preguntas en 180 minutos: “Fue prácticamente reprobatorio”, dijo el candidato que estuvo más cerca del puntaje mínimo requerido.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), según lo estipulado en Resolución 015/10 de su Marco Regulatorio, debió designar al “defensor del usuario” mediante un concurso público y abierto. Sin embargo, dicho concurso, que se realizó a fines del año pasado, fue declarado “desierto” por el Directorio del Organismo el pasado 20 de abril, por lo que ese cargo continúa aún vacante.

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, reconoce que la figura del “defensor del usuario” en los Entes Nacionales “es muy útil, ya que muchas veces no sólo canalizan los reclamos, sino que también desde allí se realizan mediaciones internas en aquellas situaciones en las que se puede interceder sin tanta burocracia”.

En dialogo con gestionpublica.info, Claudio Boada, abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores, relata su experiencia sobre cómo fue postularse para ocupar el puesto de “defensor del usuario” del ERAS: “En un principio, sabía que contaba con el apoyo de la Unión de Usuarios y Consumidores. Luego, me puse en contacto con Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ). Pensé que iban a haber otros candidatos, pero en el camino me encontré que no”. “Conté con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil y barriales de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, y de diez organizaciones de defensa al consumidor provinciales. También aprobó mi postulación el presidente de Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Juan José Dutto”, agrega.

Al concurso se presentaron ocho personas, pero el examen lo rindieron sólo Antonio Elio Brailovsky, ex Defensor del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires; José Albertó Esain, quien obtuvo un Master en Derecho Ambiental en el país Vasco y es profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Marcelo López Alfonsín, ex interventor de Parques Nacionales y titular de cátedra de Derecho al Consumo en la Universidad de Buenos Aires desde hace 10 años y el mismo Boada quien se considera un “militante del consumerismo”.

Boada cuestiona la modalidad evaluativa empleada y la define como “prácticamente reprobatoria” ya que los examinados debían resolver unas 100 preguntas en tres horas: “Sólo un minuto con 45 segundos por pregunta teníamos”, enfatiza.

Los encargados de la corrección fueron un miembro del ERAS, un académico de FLACSO y un abogado especialista en temas administrativos. Para poder pasar a la siguiente instancia, de los 100 puntos, los evaluados debían sacar, como mínimo, 65. “Nos enteramos de los resultados del examen dos días antes de la entrevista. Yo obtuve el puntaje máximo, al borde de lo que ellos requerían (poco más de 59 puntos), mientras que los otros tres académicos se sacaron entre 20 y 30 puntos”, destaca Boada.

¿No pudieron ser vueltos a corregir los exámenes? Hice una presentación porque cuando me enteré del resultado, me dieron sólo un acta de cuatro líneas con la nota de cada uno de los evaluados. Luego, pude tomar copia del expediente y registré que los exámenes estaban calificados, pero no estaba marcado lo incorrecto. 

Boada cuenta que en respuesta a su recurso, agregaron una planilla con el puntaje de cada una de las 100 preguntas. “Una pregunta, que se respondía por sí o por no, me la calificaron con 0.67, lo cual me resultó incomprensible.  Como vi que realizaron tres copias del examen y se la llevo cada uno de los evaluadores, supongo que dos me calificaron con un punto y uno con cero (dos dividido tres da 0.67).  Esto no tengo cómo probarlo porque no están las copias corregidas, pero me da la pauta que no había entre ellos un criterio de lo que tenían que responder los examinados”, recuerda Boada.

Una vez agotadas todas las instancias internas, Boada pensó en elevar su reclamo ante el Ministerio de Planificación Federal o bien, iniciar una acción judicial. Sin embargo, desistió de llevar adelante estas demandas “a los efectos de no trabar la designación de ‘defensor del usuario’. Si hubiera presentado acciones judiciales, hubieran tenido que plantear medidas cautelares sobre el concurso para que no haya un nuevo designado y así proteger mis intereses. No obstante, considero que este cargo es demasiado importante como para que sigan pasando los años sin estar elegido”.

La figura del Defensor del Usuario del Agua estaba prevista desde que se le quitó la concesión al grupo francés Suez, operadores de la ex Aguas Argentinas.

El Eras

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento fue creado el 13 de febrero de 2007 por la Ley 26.221, luego de que se rescindiera el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas (del grupo francés Suez), y se disponga la constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA). Al aprobarse el Convenio Tripartito suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, el ERAS asumió la facultad de controlar el desempeño de AySA, llevando a cabo todas las medidas necesarias para cumplir su Marco Regulatorio.

Sin embargo, Claudio Boada explica que el ente tuvo, tradicionalmente, “dos de los tres directores que debía tener”. “El director de la Provincia de Buenos Aires nunca fue nombrado”, enfatiza y agrega que “el Dr. (Carlos María) Vilas continúa ejerciendo el cargo, a pesar de haber vencido su mandato de cuatro años”.

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