11/08/2015 Columnista

Brasil: cacerolazos sí, elecciones no

Por Atilio A. Boron. La derecha brasileña está dispuesta a acabar con el gobierno del PT de cualquier manera. No pudo hacerlo en las urnas, aunque estuvo cerca, y ahora intenta tomar un atajo porque no desea esperar hasta las elecciones presidenciales programadas para Octubre del 2018. La génesis de la grave situación actual por la cual atraviesa Brasil es bien conocida y en un cierto sentido su situación no es muy diferente a la del caso griego.

La presidenta Dilma Rousseff había propuesto al electorado sostener una alternativa económica postneoliberal pero el furibundo golpe de mercado que le fuera propinado al día siguiente de su victoria en el balotaje la puso de rodillas ante quienes había derrotado en las urnas. Coincidieron en su contra tremendas presiones económicas de sectores empresariales -que reclamaban un drástico ajuste para controlar la inflación, asegurar el equilibrio de las cuentas públicas y avanzar en el desguace de las empresas públicas- y una campaña de terrorismo mediático montada sobre los escándalos de corrupción que lanzó a la gran prensa, con el multimedio O Globo a la cabeza, a una verdadera cacería de brujas en contra de todo lo que tuviera algo que ver con el gobernante PT. En cuestión de horas la presidenta tuvo que anunciar su capitulación, prometer la designación de un gabinete económico aceptable para los sectores destituyentes y borrar con el codo lo que había escrito con su mano pocos días antes. Los cargos clave de la conducción económica fueron confiados al equipo del derrotado candidato Aécio Neves. No fue lo mismo que en Grecia por su metodología, pero los resultados sí lo fueron: en ambos casos la voluntad popular fue vapuleada y un durísimo plan de ajuste fue puesto en ejecución a pesar de la voluntad en contrario de la mayoría. 

No obstante eso, días pasados ante una breve aparición de Dilma en cadena nacional se produjeron ruidosas protestas en las principales ciudades del Brasil. Lo ocurrido confirma que, incapaz de prevalecer en las urnas, la derecha latinoamericana se tornó adicta a los cacerolazos. Este método de intervención política, encaminado a acosar a gobiernos progresistas o de izquierda, fue originalmente utilizado en el Chile de Allende cuando la derecha que desabastecía al país y ocultaba alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad enviaba sus huestes a manifestarse ruidosamente a las calles, o desde sus casas, para exigir el fin de la “tiranía” allendista. El método se generalizó luego de su violenta reaparición en la Argentina cuando el colapso de la convertibilidad, la adopción del “corralito” y todos los problemas derivados del derrumbe económico de finales del 2001. Posteriormente países como Venezuela, otra vez la Argentina en contra del gobierno de Cristina Fernández, y más recientemente Brasil atestiguaron la rápida difusión de esta táctica que, en menor medida, se la ha visto también en Chile, Colombia, Uruguay y, ya fuera de América Latina, en España, Grecia, Canadá (Quebec) y en Turquía. Al igual que en el Chile de la Unidad Popular, en los casos de Argentina, Brasil y Venezuela de los últimos años ha sido empleada por la oposición de derecha y las clases y grupos sociales más acomodados del país para hostigar a los gobiernos, por más que la sola idea de que los manifestantes tuviesen problemas para llenar sus cacerolas de alimentos fuese un sinsentido, como lo señalara con ironía la presidenta brasileña días atrás. Si alguien no tiene las ollas vacías en ese país es precisamente la gente que más ruidosamente ha salido a protestar contra el gobierno petista.

Dicho en breve: lo que está ocurriendo en Brasil es un “golpe blando” por etapas, siguiendo un plan calculado para derrocar a Dilma con una intervención del Congreso facilitada por una magistratura completamente antagónica, y deseosa de prestarse a ese juego. En treinta años de democracia ni el uno ni la otra hicieron el menor esfuerzo por avanzar en la democratización del gigante sudamericano, garantizando tanto la impunidad de las fuerzas armadas por los crímenes del terrorismo de estado como la intangibilidad del oligopolio mediático que puede mentir, calumniar y manipular a la opinión pública sin temer por las consecuencias de sus vandálicas actuaciones. No existen fundamentos jurídicos, aseguran expertos ajenos a los planes golpistas, como para someter a Dilma a un impeachment. Pero si la oposición antidemocrática sigue apostando a las cacerolas, consciente de que su suerte en las urnas no es la que quisiera, y confiando en la enorme magnificación que la protesta programada para el 16 de Agosto experimentará a manos de una prensa dispuesta a acabar con el gobierno a cualquier precio, es probable que la presidenta ingrese indefensa a un callejón sin salida al final del cual la esperan, con inocultables ánimos de venganza, los perros guardianes del viejo orden deseosos de volver a” poner las cosas en su lugar”. Y para ello cuentan con el aval de la mayoría de los miembros del Congreso y del Poder Judicial, las corporaciones económicas y la prensa hegemónica. Si tal cosa llegara a suceder en el país de mayor gravitación de América Latina, si los cacerolazos se institucionalizan de hecho como alternativa a las normas constitucionales relativas a la sucesión presidencial, la frágil institucionalidad democrática de nuestros países sufriría un embate devastador.

 

 

 

 

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