12/08/2015 Control

La AGN irá a la Justicia por incumplimientos del Enargas

Es por la explosión en Rosario, producto de una fuga de gas, en 2013. Hace dos años que el organismo que preside Leandro Despouy solicitó al ente información relacionada a los controles y tareas preventivas que realizan pero aún no tuvo respuesta. Según denunciaron, todo este tiempo hubo una actitud “dilatoria, evasiva, ausente de toda cooperación y, más aún, maniobras distractivas donde se limitaron a remitir documentación que nada tienen que ver con el objeto de la auditoria”.

En 2013, una explosión ocasionada por una fuga de gas en Rosario, Santa Fé, dejó un saldo de 22 víctimas fatales. A 2 años de la tragedia, desde la Auditoría General de la Nación (AGN), con Leandro Despouy a la cabeza, anunciaron que irán a la Justicia si el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) persiste en la negativa de entregar la información requerida oportunamente por el organismo de control.

“Tenemos serias dificultades para hacer las labores de la auditoría. Nos solidarizamos con las víctimas pero encontramos reticencia para la entrega de la información indispensable por parte del Enargas, lo que dificulta enormemente la tarea del organismo”, indicó Despouy en diálogo con medios de comunicación de Rosario.

La tragedia de la calle Salta 2141 cumplió 2 años el pasado 6 de Agosto y en este tiempo la compañía Enargas fue denunciada en reiteradas oportunidades. El Diputado Nacional Claudio Lozano, en 2014, afirmó que “no se cumple con la ley constitutiva del organismo ni con la ley de Ética Pública. Los accidentes como el de Rosario son el resultado de esta inadmisible superposición entre contratante y contratado”.

En el marco de una audiencia pública, Lozano explicó que en el Ente “se registran irregularidades, discrecionalidad y una situación de violencia sobre los trabajadores que nos recuerda al INDEC” y agregó que “llevamos siete años de intervención sobre el Enargas, con trece prórrogas consecutivas, que han servido para nombrar a un representante de la empresa Camuzzi al frente del organismo”.

En aquella audiencia también estuvo presente la delegada de ATE Enargas, Virginia González Ríos, quien describió la situación de deterioro y persecución que están atravesando los trabajadores: “la violencia laboral que lleva a cabo el Ingeniero Fronzato en el organismo contra todos los cuadros técnicos que se niegan a firmar por irregularidades, que no están de acuerdo con sus dictámenes técnicos o jurídicos, son perseguidos y son violentados laboralmente”.

La semana pasada, Despouy explicó que desde la AGN “queremos establecer si el comportamiento del Enargas y la compañía prestadora era en cumplimiento con la calidad de servicios que implica brindar seguridad”. “Hace meses que solicitamos información y se han producido profundos desencuentros, dilaciones en la entrega de información o se nos entrega información que no pedimos cuando está obligado por ley de administración financiera”, amplió.

El presidente de ANG fue contundente: “vamos a denunciar al Enargas a la justicia porque pasó tiempo y ya tendría que estar concluida la auditoría”. En un comunicado de prensa, el organismo de control describió que “existe de parte del Enargas la obligación de entregar información requerida y, a la fecha, ha mostrado una actitud dilatoria, evasiva, ausente de toda cooperación, y más aún, en maniobras distractivas se limitó a remitir documentación que nada tienen que ver con el objeto de la auditoria, por ejemplo la AGN examinó 240 expedientes puestos a disposición por el Enargas de los cuales sólo 11 estaban vinculados al tema bajo análisis”.

En diálogo con la prensa, Despouy concluyó que “con esta auditoría esperamos aportar elementos objetivos que sirvan a la justicia para determinar responsabilidades del Enargas y de la empresa Litoral Gas en el control de la provisión del servicio, es por ello que consideramos de gravedad institucional que el organismo auditado adopte esta actitud dilatoria y ponga trabas a las tareas de control porque de esta manera será difícil llegar a la verdad sobre los controles y tareas preventivas que el estado realiza sobre las empresas concesionarias de los servicios públicos”.

 

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