07/09/2015 Columnista

Guatemala se deshace de un corrupto

Por Atilio A. Boron. No son muchos los casos en que un presidente es destituido por su descarada participación en una conspiración delictiva en contra del erario público. El caso del ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina es uno de ellos, en un proceso que pocas semanas antes había originado la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y cuyo determinante habían sido las sucesivas marchas que durante los últimos cinco meses convergieron sobre el Palacio Nacional para exigir la renuncia del primer mandatario.

El escándalo tenía como epicentro las revelaciones dadas a conocer sobre el llamado caso de "La Línea", un operación montada para organizar el fraude en gran escala en las aduanas de Guatemala y que venía siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este organismo dio a conocer los resultados de su labor en abril de este año y las sólidas e irrefutables evidencias acumuladas por sus miembros precipitaron, menos de un mes después, la renuncia de la Vicepresidenta bajo la acusación de ser una de las jefas de la conspiración.

Pérez Molina es el último, hasta ahora, de una larga lista de presidentes guatemaltecos que con la excepción de Álvaro Colom, que había derrotado a Pérez Molina en la elección presidencial del 2007, estuvieron fuertemente comprometidos con fraudes y estafas varias y con  la represión y el genocidio de los pueblos originarios de Guatemala. Desgraciadamente, las elecciones que tuvieron lugar el día de ayer, el 6 de Septiembre, dejaron para la segunda vuelta dos candidatos, el comediante Jimmy Morales  y el empresario Manuel Baldizón, ambos representativos de distintas variantes de la derecha y sospechados asimismo de compartir los valores y las prácticas corruptas que ocasionaron la caída de Pérez Molina. Tal como lo expresara la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, y el comisionado de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, los hallazgos que causaron la destitución de las dos principales magistraturas del Ejecutivo guatemalteco son apenas "la punta del iceberg" de un esquema de fraudes y estafas contra las finanzas públicas que compromete a buena parte de la dirigencia política y los peldaños superiores de la administración pública.

En su labor, la CICIG analizó unas noventa mil llamadas telefónicas que fueron interceptadas, seis mil mensajes de correos electrónicos y unos ciento setenta y cinco mil documentos. Todo esto para manipular los ingresos aduaneros, favoreciendo a empresas que importaban o exportaban bienes de diverso tipo, menoscabando los ingresos fiscales y orientando un torrente de ese dinero mal habido hacia gobernantes, políticos  y funcionarios. Se estima que fueron varios centenares de millones de dólares los que se esfumaron de las cuentas públicas, una parte de los cuales pasó a enriquecer el patrimonio de los corruptos. El depuesto presidente deberá rendir cuentas ante la justicia de su país por su condición de jefe máximo de La Línea, por ser el "mero-mero", como decían las escuchas telefónicas. Desgraciadamente no lo hará por sus actuaciones al frente de un batallón militar que perpetró crímenes y actos de genocidio en la "guerra sucia" lanzada contra indígenas y campesinos durante los treinta años que duró la guerra civil en Guatemala y que dejó un tendal de víctimas, de no menos de 150.000.  

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