14/09/2015 Glaciares en Argentina

Se busca protegerlos pero no se sabe cuántos son

La Auditoría General de la Nación (AGN) elaborará un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares, vigente en nuestro país desde hace ya cinco años. Es que, según la normativa vigente, uno de los objetivos principales consistía en la elaboración de un inventario de los glaciares, tarea que aún ni se comenzó. Según aseguraron desde diversas ONGs vinculadas a la temática, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), encargado de realizar la tarea, “no tiene los recursos suficientes”.

La Auditoría General de la Nación (AGN) elaborará un informe sobre el cumplimiento de la ley N° 26.639 de Protección de Glaciares. Así lo aseguró el presidente del organismo de control, Leandro Despouy, el pasado 11 de agosto en una reunión donde garantizó su compromiso con el tema. “Una vez que tengamos las conclusiones de la auditoría, ustedes van a ser los principales aliados para exigir la implementación de la Ley", remarcó el Auditor al dirigirse a las distintas organizaciones y especialistas que participaron del encuentro. 

El anuncio se realizó en uno de los talleres que realiza la AGN en marco de los mecanismos de consulta y Planificación Participativa donde se debaten futuras auditorias. Esta vez, el encuentro giró en torno a la implementación de la Ley de Protección de Glaciares y participaron especialistas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, Mesa de Pueblos Originarios, Fundación Cambio Democrático,  periodistas, miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores de la Nación y académicos de la UBA.

Marco legal

El 30 de septiembre de 2010, Argentina se convirtió en el primer país en el mundo en contar con una normativa de protección de sus glaciares a nivel nacional. La Ley, llamada “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, aún no cuenta con un inventario de glaciares. Tampoco hay partidas presupuestarias asignadas a la elaboración del inventario.

Pia Marchegiani, de FARN, habló con Gestionpublica.info y remarcó que “una de las principales herramientas que tiene la norma es el inventario de los cuerpos glaciares”. La importancia de este listado radica en que con esa información luego se decide dónde se va a proteger y donde no. “El inventario es el ABC, pero hay muchos intereses contrapuestos”, agregó.

Esta Ley establece también una serie de actividades prohibidas, entre ellas la minería, en el ámbito de afectación de los mismos, es decir en las áreas periglaciares relevadas, como así también la obligación de realizar Evaluaciones de Impactos Ambiental para evitar el daño futuro a los glaciares. “Los glaciares son recursos hídricos en estado congelados. La norma busca no solo proteger la belleza paisajística sino las reservas de agua de las que dependen el 70 por ciento de nuestra economía”, detalló la especialista de FARN.

El plazo estipulado para dar por finalizado el inventario de glaciares era el 30 de marzo de 2011. A más de 4 años, todavía ni se inició. ¿El motivo? “la falta de recursos suficientes para que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) haga su tarea”. “Si no sé lo que tengo como lo voy a poder proteger”, recalcó Marchegiani.

Para colmo, según la miembro de FARN, “empezaron al revés”. “Se debería haber arrancado con los lugares más críticos, donde se estén realizando proyectos industriales y / o actividades que puedan afectar los glaciares. Pero se empezó por donde pueden”, continuó.

Resistencias

“Hay distintos obstáculos para el cumplimiento de esta Ley. Desde el presupuesto en el que no se identifican partidas para el inventario, falta de priorización de las tareas y distintos sectores mineros que tratan de boicotearla. La situación es complicada”, concluyó Pia  Marchegiani.

Por otro lado, diversos sectores empresariales y sindicatos están apelando a distintas herramientas para declararla inconstitucional. Esto se debe a que en algunas provincias cordilleranas, en su mayoría con actividades mineras, no aceptan que el Estado Nacional establezca niveles mínimos de protección ambiental para estos recursos naturales. Es más, algunas provincias ya han sancionado sus propias normas más permisivas y flexibles para la industria minera extractiva. 

En San Juan, por ejemplo, varias empresas como Barrick Gold o los propios sindicatos y cámaras mineras locales, accionaron contra de la Ley y lograron el dictado de una medida cautelar por parte de un juez federal.

En la Argentina hay 14.500 glaciares relevados, pero se cree que son más de 20000. La provincia de Mendoza es la única que relevó totalmente sus glaciares. Según Pierre Pitte, geógrafo del IANIGLIA, ya se han completado los estudios de todas las cuencas, con excepción de la región Norte -Jujuy, Salta y Catamarca-, que tiene glaciares pequeños por encima de los 5 mil metros. Faltan también los estudios de la provincia de Neuquén, que tiene glaciares en montañas y volcanes, como el Lanín. En algunos sitios, como en la provincia de Santa Cruz, hay problemas de demarcación por los límites con Chile, por lo que se necesita que la Cancillería apruebe los mapas. Según Pitte, hasta el momento, se han podido relevar 5.600 kilómetros de glaciares, usando básicamente información satelital, ya que la mayoría de los cuerpos de hielo son inaccesibles, aunque también se ha hecho trabajo de campo.

Importancia de la auditoria

“Este tipo de monitoreo muchas veces nos excede a las ONGS y el lugar que tiene el organismo de control, su equipo de trabajo y su alcance es muy importante. Es estratégico que un ente como la Auditoria General de la Nación audite estas cosas”, finalizó Pía Marchegiani.

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