14/09/2015 Por Ley

En 12 provincias las declaraciones juradas son secretas

Solo cinco provincias y la Capital Federal permiten que el ciudadano obtenga información sobre el patrimonio de los funcionarios públicos a través de páginas oficiales. En el resto, el acceso es restringido, es decir, el solicitante debe demostrar un “interés legítimo” para obtener la documentación. En diálogo con Gestionpublica.info Fernando Bracaccini, de ACIJ, señaló que “el libre acceso a las declaraciones juradas resulta de especial relevancia para detectar presuntos desvíos de fondos y practicas corruptas”.

Las declaraciones juradas son el instrumento por el cual los ciudadanos pueden acceder a la información sobre el patrimonio de los funcionarios públicos nacionales. GestionPublica.info se comunicó con el Coordinador del área Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Lucha contra la Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fernando Bracaccini, quien explicó los pormenores de la Ley que hace que los políticos rindan cuentas.

Según Bracaccini, “las declaraciones juradas patrimoniales integrales (DDJJ) de los funcionarios públicos son instrumentos clave con los que cuenta la ciudadanía y los organismos especializados para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades o conflictos de interés en el ejercicio de la función pública”. El funcionario de ACIJ explicó que “Argentina es un país Federal y como tal cada provincia establece su propia norma en torno a la ética pública y sobre todo el acceso a la información”.

“El libre acceso a información clara y completa de las DDJJ resulta de especial relevancia para detectar presuntos desvíos de fondos y prácticas corruptas en la administración de la cosa pública además de garantizar no sólo la transparencia y la efectiva rendición de cuentas gubernamental, sino el ideal de construcción colectiva de una democracia de calidad”, concluyó Fernando Bracaccini.

Ley de Ética Pública

La ley 25.188 establece “un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado”.

Dicha norma explica que “se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.

En el capítulo III, artículo 4, se decreta que “las personas referidas en el artículo 5º de la presente Ley, deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos. Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar una última declaración, dentro de los treinta días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo”.

Sin embargo, la Ley 25.188 fue modificada por la 26.857 en mayo de 2013 por el Congreso de la Nación. Fernando Bracaccini le aseguró a este medio que “a partir de las normas reglamentarias dictadas por los distintos poderes del Estado, se han producido serios déficits en materia de transparencia, en tanto la información disponible en las DDJJ se restringe: ya no es posible acceder a la información correspondiente a los bienes de cónyuges e hijos menores, ni de empleos anteriores de los funcionarios públicos”.

Acceso Público

A través de un mapa interactivo en su web, ACIJ (www.acij.gob.ar) muestra como es el acceso a la información a las DDJJ de los funcionarios, según las leyes vigentes en cada provincia. Tan restringido y dispar es el acceso que solo 5 provincias (Salta, La Rioja, Corrientes, La Pampa y Tierra del Fuego) y la Capital Federal permiten que el ciudadano obtenga la información desde la página web oficial o bien solicitándola en las oficinas del ministerio correspondiente.

En otras provincias el acceso es restringido, es decir, el solicitante debe demostrar un interés legítimo, o una sospecha suficiente sobre un enriquecimiento ilícito en el patrimonio de un funcionario para poder consultar las declaraciones juradas, situación que en sí misma genera una barrera de acceso. Una situación similar sucede cuando sólo se puede acceder a DDJJ sintéticas, como lo pueden ser casos en donde no se presenta información suficiente e integral sobre el patrimonio del funcionario, por lo que aplica el criterio de “acceso restringido”.

El dato que se destaca es que en la mayoría de las provincias (12 de 23) las declaraciones juradas son secretas por ley, esto quiere decir que bajo ninguna circunstancia se puede acceder a estas, excepto que medie una orden judicial. Las provincias que mantienen las DDJJ de los funcionarios en secreto son: Jujuy, Formosa, Misiones, Catamarca, Tucumán, Santa Fé, Entre Ríos, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

El caso Scioli

Durante 135 días, distintas organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que haga pública la presentación de su declaración jurada. Daniel Scioli, amparándose en la ley del distrito que gobierna, mostró su DDJJ recién el 20 de agosto de este año pero porque la norma 25.188 lo obliga por ser candidato a un cargo nacional.

De esta forma, el actual gobernador bonaerense fue el último candidato a Presidente en hacer pública su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación donde declaró bienes, depósitos y dinero por 13.653.787,46 pesos.

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