11/11/2015 Salud

Trece hospitales con las mismas falencias

Un trabajo de la Auditoria General de Salta reflejó el estado de los nosocomios públicos de la provincia. Falta de insumos, problemas edilicios, escasez de salas y habilitaciones inexistentes son algunos de los señalamientos del organismo de control. En diálogo con este medio, el auditor Ramón Muratore destacó que muchas de las observaciones “son recurrentes”. “En la Ciudad de Güemes utilizaron el 95 por ciento el presupuesto en gastos de personal en lugar de insumos y necesidades hospitalarias”, describió.

La semana pasada finalizó el trabajo de campo de los auditores de la Auditora General de la Provincia de Salta (AGP) en todos los hospitales. Se auditaron 14 establecimientos públicos y, según el organismo de control, “algunas observaciones son recurrentes”. “Los informes hablan  por sí solos”, remarcó Ramón Muratore, coordinador general del área de Salud de AGP. En general, las falencias pasan por cuestiones edilicias, falta de insumos y personal.

En dialogo con Gestionpublica.info, Muratore remarcó que hay muchos “profesionales ausentes, estructuras edilicias sumamente dañadas y un sistema informático precario”. “Faltan refacciones e insumos. Algunos hospitales no cuentan con salas de parto, y las medidas de seguridad no son las adecuadas”, continuó.

Según describió la Auditoria de Salta, “la población de la provincia se está incrementando y las necesidades pasan a ser mucho mayores”. “Si bien el presupuesto es suficiente, depende del uso que se haga de él”, remarcó el organismo de control. En esa misma línea, Muratore comentó el caso del Hospital de la ciudad de Güemes que fue uno de los casos más polémicos al utilizar el “95 por ciento del presupuesto en el salario del personal en vez de insumos y otras necesidades hospitalarias”.

Hospital Joaquín Catellanos

En el Hospital Joaquín Castellanos, del municipio de General Güemes, los auditores descubrieron que “el 94,79 por ciento de los gastos ejecutados durante el período auditado corresponde a Gastos en Personal”. De esta manera, se incumple con la ley de arancelamiento. Además, también constataron la prestación de servicios profesionales médicos, en situaciones no previstas por un costo anual de $905.478 pesos. “Hay profesionales de planta permanente que son contratados en calidad de monotributistas”, denunció Muratore. Asimismo, en el informe figuran pagos que se hicieron a personas que no están registradas. “No existen antecedentes ni legajos de los profesionales médicos que percibieron durante el ejercicio auditado haberes por prestaciones de servicios de guardia”, reza el trabajo de la AGP.

Por otro lado, y según el informe, de 35 profesionales relevados, trece no se encontraban en su lugar de trabajo y dos se hicieron presentes en el momento en que se efectuaba el control. A este panorama se le suma que encontraron “ocho personas que prestaban servicios de manera informal, pagas por la municipalidad”.

El edificio principal y las ampliaciones efectuadas no disponen de planos de estructura sismo-resistente, no hay unidad de terapia intensiva pediátrica, y no cuenta con servicios de alta complejidad como medicina nuclear, estudios neuro y/o angioradiológicas y tomografía. Además, el servicio de esterilización no dispone de vías diferenciadas para el acceso de materiales sucios y el egreso de materiales limpios. El laboratorio no cuenta con habilitación del colegio de bioquímicos. Los consultorios no poseen protecciones de seguridad ni ventilación adecuadas y las paredes del sector de odontología no están revestidas con materiales que permitan su fácil higienización.

Los pasillos usados como vías de circulación del Centro de Cirugía general, no permiten el libre tránsito del equipamiento específico (camillas, sillas de ruedas, etc) Asimismo, los centros quirúrgicos no cuentan con matafuegos ni hidrantes y los equipos de cirugía no cuentan con fuentes de alimentación ininterrumpida. “El equipamiento del servicio de cirugía General es obsoleto, inadecuado a los requerimientos de las prestaciones actuales, excepto, el equipo de anestesia y el videolaparascopio” detalló la Auditoria salteña.

En la unidad de terapia intensiva “el equipamiento es obsoleto, inadecuado”, enfatizó AGP. El hospital no dispone de elementos de protección contra incendios en ninguno de sus servicios. Por ultimo,de las nueve ambulancias, solo cuatro se encuentran prestando funciones.

Hospital San Bernardo 

La reciente auditoria determinó que “por falta de habilitación, el establecimiento no podría estar en funcionamiento”. En tanto, autoridades y profesionales del lugar admiten que trabajan incumpliendo condiciones mínimas de higiene y seguridad.

Hospital C. Quijano

Según la Auditoria salteña este nosocomio no cuenta con servicios de cirugía ni traumatología; no tiene servicio de Hemoterapia propio y el centro quirúrgico solo tiene una sala de partos. El Servicio de Esterilización no dispone de una planta física que observe los porcentajes mínimos de superficie. El servicio de internación no cuenta con equipamiento adecuado de climatización y las habitaciones no tienen protección de seguridad.

Hospital de Orán

El hospital San Vicente de Paul brinda atención a 250.000 personas, pero no tiene la habilitación categorizante. No cuenta con rampas y, para el traslado de material esterilizado, no hay vías de circulación diferenciadas. Faltan sanitarios y vestuarios para el personal. El laboratorio bioquímico no tiene su debida habilitación y la sala de cirugía no tiene sala de preanestesia. No hay salas de espera ni en la guardia ni en el servicio de internación. No hay un local exclusivo para el depósito de residuos biopatogénicos.

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