26/07/2011 Columnista invitado

Desarrollo y gestión pública

El Presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública y docente de la Universidad de San Martín, Guillermo Schweinheim, señala que para contar con un Estado fuerte, distinto al neoliberal de los ’90, no alcanza con presupuestos más holgados, sino que se necesitan políticas más contundentes de desarrollo humano y el fortalecimiento de la organización operativa, directiva, profesional y técnica de todas las administraciones.

Por Guillermo Schweinheim *

Argentina atraviesa una situación poco imaginable para la crisis financiera, económica y social del 2001. A partir de 2003 y hasta 2008, el PBI ha crecido un 49,77%. La industria manufacturera creció entre 2002 y 2008 un 23,63%. El desempleo ha descendido del 15,1% en 2000 al 8,8% en 2009. Las exportaciones y el consumo han crecido significativamente y la deuda pública ha sido reestructurada. Un nuevo mapa global y una nueva política sudamericana constituyen el contexto de este cambio.

Como consecuencia de estas tendencias de los últimos ocho años, ha alumbrado un nuevo debate. Y el debate está vinculado a cómo, dados este contexto global y continental, debieran aprovecharse los próximos diez años (sobre los cuáles existe una razonable certidumbre de continuidad en sus aspectos macro estructurales) para alcanzar las metas de crecimiento económico, igualdad social y soberanía ciudadana que fueron metas argentinas fuertemente sostenidas desde 1945 hasta 1975. En otros términos, vuelve a surgir como desafío y como criterio valorativo y analítico la cuestión del desarrollo, tradición que nos caracterizó, tanto en regímenes nacional-populares como en regímenes desarrollistas, hasta el surgimiento de los regímenes dictatoriales.

El desarrollo puede ser caracterizado como un proceso de crecimiento sostenido por inversiones de capital, por procesos de innovación tecnológica y por la incorporación  de las capacidades requeridas por la ciudadanía para su participación en la actividad económica y social, que impliquen aumentar los niveles de igualdad y acceso a la justicia para todos los sectores sociales (acceso igualitario al bienestar material y espiritual), y que requieren autonomía ciudadana, instituciones estatales democráticas y con capacidad de actuación, y alta diferenciación y organización social.

¿Cuáles debieran ser entonces nuestras prioridades en los próximos años? Se trata del contenido complejo de las políticas estatales a implementar, y que inevitablemente supondrán conflictos y acuerdos para consolidar una estrategia nacional de desarrollo y una alianza de clases que también incorpore a los actores de la economía social. Requerimos más contundencia en nuestras políticas: políticas universales de desarrollo humano (educación, entrenamiento laboral, salud, seguridad social, vivienda, urbanismo), acciones radicales en inversión e innovación tecnológica endógena y un sistema de responsabilidad fiscal y macroeconómica descentralizada que fomente un modelo productivo nacional y territorial de alto valor agregado e inclusivo.

Necesitamos un Estado y una Administración Pública consistentes con estas metas. Nos hemos puesto de acuerdo en estos años sobre la necesidad de un Estado fuerte, distinto al neoliberal de los ‘90, pero poco hemos avanzado para garantizarlo. No alcanza solo con ingresos y presupuestos de gastos corrientes y de capital más holgados que permitan transferencias de recursos. Las políticas públicas de cobertura universal necesarias para el desarrollo solo podrán ser adecuadamente formuladas e implementadas, si fortalecemos las capacidades de la organización operativa, directiva, profesional y técnica de la administración pública central, descentralizada, provincial, municipal y de las empresas estatales, banca pública, entes reguladores y fondos especiales. Y dichas políticas complejas requieren de la construcción de un nuevo sistema nacional de planificación, de la consolidación de un servicio civil de mérito, y del fortalecimiento institucional de los organismos de control. La discrecionalidad y la improvisación nunca son congruentes con el desarrollo.

Desde los años ‘90, la Argentina encaró las reformas de sus sistemas administrativos, introdujo los principios de la gestión por resultados y realizó importantes reingenierías de procesos como consecuencia de la aplicación de tecnologías de información y comunicación para el sector público. Pero estos enfoques son ahora insuficientes.

Hoy, por el contrario, requerimos concentrarnos en desplegar un configuración de la Administración Pública, en sus aspectos institucionales, organizacionales, de sistemas y procesos, de dotación de servidores públicos y de tecnologías de gestión que sea funcional a una visión nacional del crecimiento, la igualdad y la ciudadanía, a una matriz de políticas estatales para el desarrollo y a un Estado que sea expresión de una alianza de clases que sostenga dicha visión nacional.

La práctica política, social y de gestión estatal para alcanzarlo constituye el futuro desafío que tenemos por delante.

*Presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública. Docente UNSAM. Director del Centro de Estudios La Piedad de APOC.

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