01/12/2015 Cuenca Matanza Riachuelo

Ordenan confeccionar un nuevo plan de saneamiento

Lo decidió el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón. “Superados los cinco años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y más allá de los notables avances evidenciados en cuanto al saneamiento, hoy se impone la necesidad de adoptar nuevas medidas”, reza el fallo. Según se supo, se fijó un plazo de seis meses para su puesta en marcha. La Auditoría General de la Nación, en uno de sus últimos informes, remarcó que al día de hoy no se logró “atacar los problemas ambientales de fondo y las actividades desarrolladas no han tenido el impacto esperado en la población de la cuenca”.

El Juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, ordenó a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), confeccionar un nuevo Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) en el ámbito de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El fallo prevé seis meses para la implementación y al entender que, “no es una tarea sencilla”, compromete al “Estado Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma, a poner a disposición los medios técnicos y humanos que estén a su alcance para que el documento sea el resultado de consensos y compromisos de cumplimiento efectivo”.

El Fallo contempla que “en un plazo de un mes, ACUMAR deberá establecer un cronograma de trabajo y una vez presentado, se efectuaran reuniones al menos quincenales para hacer análisis parciales sobre lo trabajado”.

Antes de la confección del cronograma de trabajo, el Juez Jorge Ernesto Rodríguez dio lugar a un pedido realizado por los vecinos de los Barrios Eva Perón, “El Paredón”, San Diego y 8 de diciembre de Lomas de Zamora por el cual, en un plazo de 15 días, ACUMAR debe realizar un relevamiento sobre los mismos e informar “cantidad de habitantes, situación y si se han realizado estudios de salud”.

El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación implementó un microsistema institucional de control en el que le atribuyó a la Auditoría General de la Nación la verificación del manejo y asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de lo relacionado con el plan. En sus últimos informes, el organismo de control concluyó que en las condiciones actuales el PISA no representa una herramienta adecuada a los efectos de posibilitar el seguimiento y control de su ejecución. Además, se verificó que no se atacaron los problemas ambientales de fondo y las actividades desarrolladas “no han tenido aún el esperado impacto en la población de la cuenca”.

En ese sentido, el fallo detalla que “los plazos fijados en el actual Plan, en algunos casos ni siquiera cuentan con fechas ciertas” ni con objetivos a corto, mediano y largo plazo. “Los indicadores escogidos son, en su mayoría, de gestión y no de resultado, lo que hace complejo mensurar lo logrado”, sostiene el Juez Rodríguez en el documento.

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