05/01/2016 Columnista

La comunicación como derecho

Por Facundo Martínez*. Hace apenas unos días pude dialogar con el politólogo e investigador y ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Rinesi, que además es uno de los directores de la AFSCA propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual como académico de una universidad nacional, a propósito de las embestidas que el nuevo gobierno nacional viene ensayando contra la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

La charla se centró en las preocupaciones que genera el hecho de que el Poder Ejecutivo “avance en un sentido contario al previsto por una ley de la nación” y sobre la “pérdida enorme de riqueza y de pluralidad” que representa ese avance sobre los cuerpos colectivos, donde se expresan voces de distintos sectores sociales y políticos, gobiernos provinciales, municipales, organizaciones sin fines de lucro, universidades, sindicatos y pueblos originario, “por la única voz de un delegado del Ejecutivo”.

Uno de los disparadores de la conversación fueron las palabras del flamante ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien justificó la decisión política contraria a la Ley de Medios afirmando que “una ley del Congreso no puede limitar las posibilidades del presidente”. Justamente, en el sentido más clásico, son las leyes el marco institucional en el que deben manejarse los ciudadanos. Pero si hay gravedad en esa afirmación, mucho peor resultan las intenciones de anular una ley que supo situar a la comunicación como un derecho más que como una mercancía, de un solo plumazo.

Aceptemos, por un momento, el argumento del oficialismo de que “La ley nació vieja” porque no contempla la llamada convergencia tecnológica ni regula aspectos como Internet. Cuánto mejor sería discutir una nueva ley tomando como punto de partida los mecanismos que se pusieron en juego durante el largo proceso que transitó la Ley de Medios, que fue discutida en los más diversos foros a lo largo y a lo ancho del país, luego debatida y hasta modificada en el Congreso hasta encontrar el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas representadas y, tras las cautelares presentadas por el Grupo Clarín, declarada “constitucional” por la Corte Suprema de Justicia.

Desde la aprobación de la LSCA, y mientras se llevaban adelante los diferentes planes de adecuación, la AFSCA otorgó unas 1400 autorizaciones y licencias de radio y televisión, entre el sector privado y el sector público, ya sea estatal o no estatal. Entre los beneficiados se encuentras gobiernos provinciales, municipales, pueblos originarios, sindicatos, instituciones religiosas y las universidades públicas. Se han abierto, además, concursos para otorgar tanto frecuencias de radio como canales de TV digital. En fin, la LSCA ha fortalecido la producción de contenidos críticos y culturales. Ese es el espíritu de la ley que hay que defender o mejorar, no por decreto, sino en el mejor de los casos, con otra ley superadora que, bajo ningún pretexto, busque suprimir la idea de que la comunicación es un derecho inalienable de los ciudadanos.

“Pensar la comunicación como un derecho humano universal nos lleva a un lugar muy diferente que pensarla como un bien transable en el mercado. Pensarla como un derecho nos lleva, por ejemplo, a atender al carácter federal de un país que ha ganado muchísimo, en este tiempo, en términos de reconocimiento de voces diversas, de acentos locales, de identidades regionales”, explica Rinesi. Es el Estado quien se debe encargar de garantizar el ejercicio de ese derecho.

El DNU anunciado ayer fija el foco sobre la incorporación de las nuevas tecnologías, digamos en el soporte a través del cual se distribuye el servicio; la ley de medios lo fija en la producción de contenidos. El director de la Carrera de Comunicación de la UBA, Diego de Charras, explicó al periodista Martín Granovsky el punto de tensión entre el continente y el contenido: “En su convención del 2005, la Unesco fijó sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial”.

El nuevo gobierno está en todo su derecho de opinar parcial o completamente en contrario respecto al espíritu de la LSCA, que vino a reemplazar la ley de Radiodifusión de la Dictadura. Pero, sin dudas, tiene la obligación de debatir sus ideas, de al menos intentar convencer a los ciudadanos de que lo que propone lo hace para el beneficio de la gran mayoría de los ciudadanos y no para favorecer sólo aspectos comerciales de grupos de medios concentrados.

La medida anunciada el miércoles pasado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, que fue oficializada ayer a través de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, no sólo unifica las autoridades de la AFSCA y la AFTIC, a través del nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sino que modifica sensiblemente las leyes de medios y telecomunicaciones. El responsable de este ente será Miguel de Godoy y, según se informó, el Ejecutivo nombrará otros tres directores y el Congreso deberá nombrar tres integrantes más, correspondiendo uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría. Todos tendrán un mandato por cuatro años.

Entre los principales cambios que se presentan con este decreto con respecto a la Ley de Medios, cambia el artículo 41 de ley de medios que prohibía la venta de medios audiovisuales, y la modificación del artículo 45, que fijaba topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable que, por otra parte, pasarán a regirse por la ley de telecomunicaciones.

En respuesta al DNU 236/2015, la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención de la CIDH “en el marco de sus facultades”. “Se trata de una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”, argumentó en su pedido. Y agregó: leídas en conjunto, las medidas dictadas por el Gobierno Nacional “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”. Ottaviano solicitó la “urgente intervención” del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, con “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”. El pedido de la defensoría fue avalado por la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), compuesta por 25 universidades de todo el país.

*Sociólogo y periodista.

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