09/08/2011 No tiene presupuesto propio

Un laboratorio para testear materiales de construcción en la Capital Federal, a punto de desaparecer

Funciona hace 103 años, cerca del Parque Centenario. En una época de esplendor, tuvo 120 técnicos; hoy, son 25. Intentan medir la calidad de los elementos que se usan para las obras públicas. Esos controles, ahora, los hacen las mismas contratistas. Denuncian un intento de vaciamiento: llegaron a no tener hojas para imprimir las normas IRAM con las que se manejan. Aunque la sede tenga protección histórica, quieren instalar allí un CGP.

Hace 103 años la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el Instituto Experimental de la Construcción, que luego, en 1937 pasaría a denominarse Laboratorio de Ensayos Materiales (L.E.M), y desde aquel entonces hasta el día de hoy es el único organismo que se dedica al control de los materiales que se utilizan en las obras públicas del Gobierno porteño.

Este Laboratorio funciona en Ramos Mejía 880, cerca del Parque Centenario, y es el encargado de aprobar materiales, elementos y métodos de construcción no tradicionales que se empleen en obras de la Capital Federal. Los ensayos se efectúan de acuerdo a las normas I.R.A.M y a las especificaciones que elaboran los respectivos organismos técnicos y reglamentaciones vigentes.

El L.E.M depende de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Jefatura de Gabinete, y en la actualidad sólo trabajan 25 técnicos de los 120 que tuvo en 1983. Según denunciaron los trabajadores, esto es consecuencia del “estado de abandono y vaciamiento” que viene sufriendo el ente, no sólo con esta gestión, sino desde administraciones anteriores.

Hace exactamente dos años, un ingeniero civil, Enrique Alberto Podestá, realizó un informe sobre el estado del Laboratorio, por pedido del ex subsecretario de Desarrollo Económico, Santiago Lucero Torres. La idea del relevamiento era evaluar las funciones que se cumplían en el ente. Según  describe el documento, la situación es bastante desalentadora, y “sólo la calidad profesional y humana del personal estable han logrado mantenerlo en funcionamiento”.

Es imprescindible su urgente recuperación, ya que está en un momento en que la capacidad técnica está aún vigente, pero el éxodo de profesionales puede hacer más difícil una recuperación, que hoy es posible con un mínimo esfuerzo”, había recomendado Podestá en su informe. Además, el trabajo indicaba: “El Laboratorio tuvo prestigio nacional, ya que efectuaba ensayos y análisis para diversas provincias, municipios, entidades públicas y privadas. Lamentablemente, las últimas gestiones dejaron de lado la fundamental obligación administrativa, como es la del control de las obras, servicios, adquisiciones, que fueron anuladas o derivadas a lugares tan insólitos como Córdoba, Tucumán, etc, o dejadas a la simple responsabilidad de los contratistas”.

Por otro lado, en su análisis, el ingeniero consideró que el L.E.M “es económicamente redituable”, no sólo por la posibilidad de ingresos directos generados por los ensayos, sino por el ahorro en gastos del Estado por compras mal realizadas y por el inmensurable beneficio en protección de los vecinos”, y señaló: “En 2007 se realizaron más de 2.000 ensayos, cantidad muy reducida en comparación con los datos históricos, pero que indica que si se cobrasen los valores arancelados actualizados, podría hablarse de una fuente de ingresos interesante, mucho más si se extendiese la obligatoriedad de efectuar los ensayos, a todas las áreas que históricamente lo requerían”.

En este sentido, otro de los reclamos que llevan adelante los trabajadores tiene que ver la tabla de aranceles, ya que según afirmaron a gestionpublica.info “desde 1991 no logramos que se actualice el módulo que esta en 0,10. Por ejemplo, una probeta de asfalto cuesta $ 1, mientras que en un laboratorio privado puede llegar a estar $ 25”. Un dato a destacar, es que el L.E.M no cuenta con presupuesto propio, sino que depende de lo que le transfiere la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.

Entre las funciones del Laboratorio se destacan el testeo de Resistencia de materiales como baldosas (características dimensionales, presencia de defectos, ensayo de choque), probetas de hormigón (resistencia a la compresión, control de asentamiento en obra), paneles, bloques, suelos (estudio de mecánica, contenido de humedad y composición). Además, hay exámenes físicos: se realizan ensayos de alta tensión y altas corrientes, así como el control de aparatos y equipos eléctricos (ensayos de aislamiento eléctrico, alta intensidad, choque térmico, comprobación de flujos, medición de iluminación, materiales aislantes, indumentaria de seguridad eléctrica). Y, en el aspecto químico, se realizan ensayos de pinturas para demarcación de pavimentos, lavandina, detergentes, tejidos, productos textiles, gasas, resistencia al fuego de materiales diversos, materiales para la construcción y derivados del petróleo (ensayos químicos de pinturas, solventes, lacas, barnices).

Un mes antes de que Enrique Podestá presentara su informe, Santiago Torres –quien lo había encargado-, renunció a su cargo, por lo que, según creen los empleados del Laboratorio, todo lo que allí se observó quedó en la nada. Entre las consideraciones finales del documento, se destacaba la necesidad de “poner en marcha la adecuación edilicia funcional y de instalaciones del ente, propiciar, como requisito, la obligación de hacer los ensayos en el L.E.M para todas las compras y contrataciones de la Ciudad, además de readecuar estéticamente con la limpieza y baja de todos los elementos que impiden un trabajo profesionalmente adecuado”.

El abandono y deterioro que está sufriendo el Laboratorio había sido advertido en noviembre del año pasado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuando, a raíz de un pedido de análisis de un material perteneciente al techo de un edificio del gobierno porteño, desde el L.E.M se argumentó que “no se podían hacer los estudios por falta de insumos y tecnología, incluso aseguraron que no tenían resmas para fotocopiar las normas IRAM”, indicaron a los medios desde la defensoría.

Enterado de esta situación, el legislador porteño Fabio Basteiro (Proyecto Sur) presentó a comienzos de año un proyecto de resolución a través del cual, según indicó a gestionpublica.info, busca saber “el por qué del sistemático vaciamiento del laboratorio”. También, presentó un proyecto de Ley, donde solicita que se ratifiquen los principios estratégicos del L.E.M con la disposición de un presupuesto anual propio que le permita hacer frente a los objetos para los que fue creado. Por otro lado, propone la creación de “la Comisión de Auditoria Permanente de seguimiento de las acciones desarrolladas por el Laboratorio y veedores ad-hoc designados por la Legislatura porteña”. Basteiro agregó que hace poco más de una semana actualizó un recurso de amparo presentado ante la justicia que tiene por objeto “frenar el traslado del CGP N°6 (Ver aparte) al mismo lugar físico del laboratorio, y de esta manera reducir al mínimo la capacidad de hacer pruebas de análisis de todos los contratos que tiene la Ciudad de Buenos Aires”.

“Hubo por parte de los diferentes gobiernos, gestiones, y administraciones, una sistemática caída en cuanto al personal, capacitación y en la estructura que le permita llevar adelante las tareas para las cuales se creó. Pero esto tiene que ver más con la falta de contralor del Estado por parte de la administración pública, y de dejar en libertad de elección y acción a los contratistas privados, que son los que en definitiva están manejando la ciudad de Buenos Aires”, exclamó a gestionpublica.info Fabio Basteiro, además de aclarar que “todavía ninguno de sus proyectos fue tratado en Comisión”. Actualmente, esas iniciativas están en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida por Fernando De Andreis, del PRO.

Gestionpublica.info recorrió las instalaciones de Ramos Mejía 880. Durante la visita, los trabajadores recomendaron no tomar fotografías. No obstante, se pudo comprobar el estado de abandono que figura en el informe de Podestá: humedad en las paredes, maquinaria obsoleta y sin uso, computadoras que no funcionaban, falta de insumos y repuestos. De hecho, una empleada contó una anécdota que pinta de cuerpo entero la situación. Dice que, por no tener útiles suficientes, llegaron a “festejar” el envío de unas biromes y resaltadores: “Parecíamos chicos de escuela”, sentenció.

Desde el Gobierno porteño, puntualmente el área de Atención Ciudadana, no quisieron dar declaraciones sobre el presente y el futuro del Laboratorio.

Una cuota de esperanza, frustrada

El 30 de agosto de 2010, desde el portal de la subsecretaria de Atención Ciudadana, dirigida por Eduardo Macchiavelli, se publicó una nota donde se anunciaba que el Gobierno porteño iba a “impulsar su Laboratorio de Ensayos de Materiales” (en notable olvido y deterioro según se venía informando desde diferentes sectores). La idea era “reforzar la integración del L.E.M con otras áreas del gobierno, especialmente Desarrollo Urbano, Espacio Público y la Agencia de Control Gubernamental”. Además, según se informó, esta refuncionalización preemitiría potenciar el trabajo del laboratorio y de los profesionales que ahí se desempeñan.

A casi un año de este anuncio, el Laboratorio de Ensayos de Materiales refleja un cuadro de situación totalmente opuesto. Acompañados por legisladores de Proyecto Sur, los trabajadores realizaron el mes pasado una protesta donde denunciaron el vaciamiento y desaparición del organismo.

Mudanza CGP 6

El principal reclamo de los empleados tiene que ver con la intención del Gobierno porteño de trasladar el CGP 6 al predio donde actualmente funciona el Laboratorio, por lo que su lugar de trabajo se vería considerablemente reducido, y temen que en un futuro desaparezca por completo. Además, de concretarse la obra, y más allá de reducir el espacio del L.E.M, se estaría violando la Ley de patrimonio urbano, ya que el edificio tiene protección histórica.

Para Basteiro, “lo que existe hoy por parte del Estado es un ninguneo y una asfixia, reduciendo su capacidad de ser contralor real, directo, efectivo y transparente de la obra pública de la Ciudad”. “Acá hubo una determinación política, hubo negligencia, un direccionamiento por parte del poder político, para que de esta manera se termine de asfixiar al laboratorio”, concluyo el legislador de Proyecto Sur.

 

 

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