19/04/2016 Columnista

Disparen contra Dilma

Por Atilio A. Boron. Lo ocurrido este domingo a la noche en el Congreso de Brasil es un espectáculo bochornoso pocas veces visto en los anales de las democracias. 

Un grupo de supuestos legisladores, hombres que según Jean-Jacques Rousseau debían caracterizarse por la prudencia, sobriedad y sensatez necesarias para elaborar las leyes de una república virtuosa, desfilaron frente a las cámaras de Brasil y numerosos países de América Latina y el Caribe para proclamar, vociferantes y con ridículas e hipócritas invocaciones a sus ancestros y descendientes, a Dios y a sus terruños o ciudades de origen, su aprobación de la iniciativa tendiente a someter a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

Si algo hacía falta para graficar la profundidad de la crisis política del gigante sudamericano fue el circo que -para vergüenza y humillación de muchos buenos amigos y colegas del Brasil- montó una oposición dispuesta a todo, sin escrúpulos de ningún tipo, con tal de destituir a la presidenta. Ante tamaña muestra de irresponsabilidad ese país se asoma a un muy preocupante escenario, que no dejará de influenciar a los demás países de la región. Lo que está desenvolviéndose en Brasil es una variante de “golpe blando”, sucedáneo de los anacrónicos golpes militares del siglo pasado pero convergente con estos en sus deletéreos efectos: poner fin a un gobierno democráticamente electo, más allá de los errores que todo gobierno puede cometer. Es más, se busca derrocar a uno de los muy pocos gobiernos de Brasil (si no el único) en el cual la presidenta combatió con energía a la corrupción, llegando a echar de su gabinete a varios ministros o altos funcionarios incursos en ese delito, o sospechoso de estar incursos en él, y llevarlos ella misma a la justicia. 

Con la votación de la Cámara le corresponderá al Senado hacer suya esa decisión, lo que quedará consagrado con la mayoría simple de sus votos. Esto ocurrirá en la primera quincena de Mayo. Luego de eso la presidenta será apartada de su cargo por 180 días, tiempo en el cual el Senado estudiará los antecedentes del caso y emitirá una sentencia, que deberá contar con los dos tercios de los votos, absolviéndola de sus (infundadas) acusaciones o bien destituyéndola en forma definitiva. Mientras tanto, a partir de la votación de Mayo la presidencia pasará a manos de Michel Temer, un político gris, mediocre que siempre conspiró en contra de la presidenta al paso que la vicepresidencia recaerá en el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los políticos más corruptos de Brasil, procesado en varias causas por la justicia, en uno de los casos por sus cuentas no declaradas en Suiza. De este modo, la presidenta que más luchó contra la corrupción cae en manos de una asociación ilícita, y las proclamas de transparentar y potenciar la vitalidad democrática del Brasil terminan paradojalmente instaurando en la cima del estado a una dupla cuyas credenciales son impresentables. No sólo eso: si hay un político en Brasil que tiene mínimas capacidades de enfrentar la gravísima crisis que afecta al país ese no es otro que Temer, para ni hablar de su vice, que probablemente termine sus días tras las rejas. No es un dato menor que de lo que se le acusa a Dilma no es de corrupción sino de “dibujar” las cifras del presupuesto federal, lo que podría haber habilitado una nueva discusión del mismo previa derogación del ya aprobado pero jamás iniciar un juicio político. Máxime cuando las pruebas de tal “dibujo” distan mucho de ser conclusivas.

Es por eso que la decisión de la Cámara de Diputados provocó una repulsa generalizada en el ámbito hemisférico. El New York Times publicó en su tapa que “Dilma no robó nada, pero está siendo juzgada por una cuadrilla de ladrones.” En la misma línea se manifestó la propia OEA, quien por medio de su Secretario General Luis Almagro manifestó que “la organización del sistema constitucional brasileño es clara y, por esa razón, estableció límites constitucionales para el ejercicio del impeachment. El desconocimiento de esos límites afecta la propia estructura de funcionamiento del sistema.” Y termina diciendo que “nuestra preocupación con el golpe en curso en Brasil no es aislada, porque el sistema de las ONU y la UNASUR también se manifestaron al respecto.” En el mismo sentido se expresó, en un comunicado oficial, el Secretario General de la UNASUR, el ex presidente colombiano Ernesto Samper al decir que la apertura de “un proceso de destitución de la presidenta Rousseff sin existencia de causas fundadas constituye un motivo de seria preocupación para la región.” Samper espera que el “Senado de la República, actuando con la conciencia de un juez y después de avaluar la firmeza y pertinencia de las pruebas aportadas detenga este proceso que podrá afectas seriamente la democracia regional y la seguridad jurídica en el hemisferio.” En este marco llama poderosamente la atención el silencio de la Casa Blanca, siempre tan propensa a comentar sobre las situaciones políticas de terceros países e inclusive a inmiscuirse activamente en ellos, como lo está haciendo en estos días en la República Bolivariana de Venezuela. Es raro, aunque la visita del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional del Senado brasileño a Washington y Nueva York, el miembro del Partido de la Social Democracia brasileña Aloysio Nunes Ferreira, pueda haber servido para garantizar el silencio cómplice de Obama. En todo caso, los próximos meses auguran un tránsito turbulento de Brasil que ojalá pueda ser institucionalmente encaminado. Caso contrario, ese país y toda Sudamérica, el tembladeral político brasileño inevitablemente se dejará en los demás países del área.

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