03/05/2016 Faltan los datos de 2015

Los discapacitados empleados en el Estado no llegan al 4%

Es el porcentaje que fija la Ley 22.431, vigente en la actualidad. En 2012, representaban solo el 0,73% mientras que tres años después llegó a un 1,14%. Solo 9 jurisdicciones ministeriales alcanzaron el cupo mínimo que fija la norma. 

La Jefatura de Gabinete de Ministros todavía no ha presentado el informe correspondiente al segundo semestre del año 2015 sobre la situación de empleo de las personas discapacitadas. GestionPublica.info propone en esta nota un repaso comparativo entre el año 2012 y 2015 para saber con qué situación se ha encontrado el nuevo Poder Ejecutivo en este ámbito.

Conforme a la Ley 22.431 de Sistema de protección integral de los discapacitados, “se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.”

Según la norma aprobada en 1981,“el Estado nacional —entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.

Si bien quedó establecido por Ley que la planta de trabajadores discapacitados no debe ser menor al 4% del total de empleados, los números de la situación actual distan de lo indicado.

En el año 2012, la cartera que manejaba Juan Manuel Abal Medina dio a conocer que “quienes certificaron discapacidad representan el 0,73% del conjunto de personas que trabajan en y para la Administración, aunque en las Entidades Públicas Integradas llega al 1%; entre los contratados bajo el régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164 trepa al 1,1%, y los vinculados bajo Otras Modalidades al 1,98%”.

“El 71,3% de las personas con discapacidad se concentra en 19  jurisdicciones y entidades. El Estado Mayor General de la Armada Argentina, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social” son los organismos que más emplearon personas con discapacidad según dicta el informe correspondiente al primer semestre del 2012.

Hacia 2015, los números cambiaron favorablemente pero siguieron por debajo de lo establecido, ya que “en las Entidades Integradas en el Presupuesto Nacional las personas con Certificado Único de Discapacidad representa el 1,14% del total; el 1,31% de su Personal Permanente y el 1,09% de su Personal Contratado en relación de dependencia”.

”Poco más del 75% se concentra en 30 Jurisdicciones Ministeriales y Entidades Descentralizadas”, aseguraba por aquel entonces la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo, solo 9 jurisdicciones ministeriales (de las 186 que deben prestar información) han alcanzado hasta aquí el cupo mínimo establecido por ley: el Servicio Nacional de Rehabilitación, Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones SA, la Universidad Nacional de la Matanza, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Nación Bursátil S.A., Prefectura Naval Argentina, el Instituto Geográfico Nacional y el Ministerio de Cultura.

El informe del primer semestre del 2015 concluye que “se registra un incremento sostenido de la cantidad informada de personas con discapacidad certificada ocupadas en el Sector Público Nacional así como del porcentaje que representan, observándose puntualmente una variación porcentual positiva del 18% entre los primeros semestres de 2014 y 2015”.

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