17/05/2016 Columnista

La universidad en la calle

Por Facundo Martínez*. Los distintos claustros de las universidades nacionales, los trabajadores no docentes y los gremios que los nuclean salieron a manifestar su malestar y su incertidumbre, producto de la crisis presupuestaria que atraviesan.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, habló de “crisis inventada” y remarcó que el Estado ya venía hablando con los rectores de las universidades para ponerle un parche al problema con una partida de dinero extra para afrontar los gastos no programados que dejaban a las universidades a un paso del colapso financiero. 

La marcha que arrancó en la Plaza Houssay, frente a las facultades de Medicina y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires fue multitudinaria –los organizadores estimaron la presencia de 50 mil personas-. Estudiantes, docentes, profesores, investigadores y trabajadores no decentes, agrupados detrás de las banderas de sus facultades, se reconocían mutuamente: “Acá estamos, otra vez en la lucha”.

La última marcha masiva de la comunidad universitaria en el país había sido en el 2001, contra el salvaje recorte presupuestario que llevó adelante el entonces ministro de Economía de Fernando De la Rúa, Ricardo López Murphy, en pleno debilitamiento del gobierno de la Alianza. Unos años antes, las universidades nacionales también habían demostrado un alto grado de cohesión en la protesta contra la Ley de Educación Superior que promovió el Gobierno de Carlos Menem.

La relación del presidente Mauricio Macri con las universidades nacionales, públicas y gratuitas, no comenzó bien. La infeliz frase pronunciada por el Presidente: “para qué quieren tantas universidades”, fue el piedrazo que comenzó a romper el cristal. Continnuó con un juego de torpezas como el intento de designación del empresario Juan Cruz Avila -productor televisivo del programa Animales Sueltos, de Alejandro Fantino- como secretario de Políticas Universitarias, quien no acreditaba el más mínimo pergamino para ocupar la función; finalmente el elegido fue Albor Cantard. Los tarifazos hicieron el resto, porque llevaron a las universidades a la realidad de que no iban a poder hacer frente a sus costos operativos más allá de agosto próximo.  

Volviendo a la marcha del pasado jueves –la misma de la que el diario Clarín omitió referencias en la tapa del diario del día siguiente y despachó apenas con una pequeña nota en su página 39-, ya frente al Palacio Sarmiento, sede del ministerio de Educación de la Nación, sobre un camión escenario, los organizadores leyeron un documento que fijó una amplia lista de reclamos del sector: Recomposición salarial, para recuperar lo perdido por la devaluación, la inflación y los tarifazos; aumento de presupuesto universitario; aplicación y cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo; derogación de la Ley de Educación Superior y reemplazo por otra que garantice el ingreso irrestricto y la gratuidad de la educación; cese de los despidos y la reincorporación de los cesanteados; y el boleto educativo universal y gratuito para los estudiantes.

La movilización que contó con la presencia del ex ministro de Educación y senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus y los rectores de Avellaneda, Jorge Calzoni; General Sarmiento, Gabriel Diker; de Quilmes, Mario Lozano; de la Arturo Jauretche, de Florencio Varela, Ernesto Villanueva, entre otras universidades del interior del país y del conurbano bonaerense, fue un punto más dentro del plan de lucha que llevan adelante la mayoría de las universidades nacionales que acudieron a la cita. En las casas de estudios se vienen dando desde hace unas semanas jornadas de protestas que incluyen debates, clases públicas y cese de actividades.

Llamó la atención entre los presentes que junto a las agrupaciones de los centros de estudiantes universitarios que protestaban contra el ajuste se diera también cita la Franja Morada, agrupación de la UCR que integra el Frente Cambiemos. Los microclimas universitarios permiten este tipo de contradicciones. Tal vez se trate de una pequeña muestra de disconformidad entre lo prometido y lo hecho en estos primeros seis meses de gestión. Pero allí estaban.  

La partida de 500 millones que el Gobierno aseguró que bajará a las universidades para que puedan costear sus gastos operativos se presenta escasa para la comunidad universitaria. No tanto por los valores sino porque la percepción es que lo que está en riesgo no son sólo las cuentas del presente año, sino la educación misma, y la Universidad pública, gratuita y de ingreso irrestricto.

En el medio de las tensiones explicitadas está la cuestión de los sueldos y las discusiones paritarias, que se retomaron al día siguiente de la marcha.

El Gobierno ofrece un 31,6 por ciento en tres cuotas para este año. Pero los gremios docentes y no docentes han rechazado la propuesta por considerarla insuficiente. El mayor problema es el atraso de los sueldos con respecto a la inflación. “Estamos peleando por una recomposición para recuperar lo que perdimos con los aumento de precios”, manifestó Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). Por su parte, el secretario adjunto de la Conadu Histórica, Antonio Roselló, había alertado antes de la movilización que “no se está debatiendo si las universidades pueden pagar o no la luz, se está hablando de la continuidad de la universidad pública”, y agregó: “De las 53 universidades públicas de todo el país 28 están totalmente de paro y el resto toman medidas de fuerza como clases abiertas o radios”.

El ministro Bullrich, previo a la movilización, se reunió con los rectores de las universidades nacionales y luego se presentó en el Senado, a pedido de la oposición, que le reclamó explicaciones sobre la situación económica que afecta a las casas de estudios. Allí frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el senador y politólogo de la UBA, Juan Manuel Abal Medina, el ministró negó la existencia de una crisis, cuestionó la administración de los fondos de algunas universidades nacionales y criticó a los gremios por tomar medidas de fuerza. “En este debate se está queriendo instalar un clima de crisis que no es tal porque el Presidente mismo ha garantizado el funcionamiento”, explicó el Ministro, en referencia al paliativo de 500 millones que el propio Macri había anunciado la semana anterior.

Es una incógnita en estos momentos cuál será la respuesta del Gobierno frente a la situación de las Universidades y cómo hará para bajar la tensión creciente que este sector de la educación con justa razón le plantea. Lo único más o menos claro es que en esta negociación iniciada como a los empellones, las universidades asestaron un primer golpe contundente, que obliga al Gobierno al replanteo.

 

*Sociólogo y periodista.

 

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