07/06/2016 Secretismo

“Se está criminalizando la profesión”

Roberto Zorrilla, Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, describió así la situación que atraviesa el periodismo frente al polémico artículo 85 de la Ley de blanqueo de capitales. 

El paquete de leyes presentado por el Ejecutivo Nacional para pagar los juicios a los jubilados con dinero generado a través de un nuevo blanqueo de capitales trajo consigo un artículo que prohíbe la difusión de los nombres relacionados con la amnistía fiscal. GestionPublica.info dialogó con especialistas en el tema quienes coincidieron en la “inconstitucionalidad” de la norma.

El artículo 85 de la Ley de blanqueo de capitales dice expresamente que “la obligación de guardar secreto establecida en el artículo 22 de la ley 25.246, incluye la reserva de identidad de los sujetos reportantes y reportados durante todo el proceso de análisis a cargo de la Unidad de Información Financiera”.

En comunicación con este medio, el investigador del CONICET (quien además fue el que descubrió este artículo), Martín Becerra argumentó que “leyendo el proyecto me pregunté si el artículo 85 era “mordaza” en el sentido que cercena la posibilidad de que terceros difundan o divulguen información vinculada con el blanqueo de capitales en el caso de que este proyecto sea aprobado como Ley”.

“Al que divulga información se le aplicaría una pena de 1 a 3 años de prisión y además una multa económica gravosa equivalente al monto blanqueado por el sujeto que incorpora la norma”, explicó Becerra. Es decir, que si un periodista divulga que un particular blanqueó 2 millones de pesos, deberá pagar ese mismo monto en concepto de multa.

La norma establece que “los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias reguladas por esta ley incurrirán en la pena establecida por el artículo 157 del código penal”.

Es por esto que para Becerra “la norma tiene un efecto disuasorio porque cuanto más gordo sea el pez con el que uno se meta, mayor es el monto de la multa”. Además, el investigador del CONICET se mostró sorprendido porque “el proceso que hay de redacción y revisión antes de enviar un proyecto de ley es muy largo y a nadie le llamó la atención todo esto; parece no ser un tema de importancia”.

Como conclusión, aseguró que “estamos en un momento de cambio evidente en las políticas que tiene el gobierno respecto de los medios y del periodismo, que a veces representa mejoras y a veces no”.

Marcha

Para el 8 de junio se convocó una movilización del Obelisco al Ministerio de Trabajo por parte de las dos Federaciones nacionales de prensa (FATPren y FeTraCom) y todas las organizaciones sindicales de periodistas del país que no integran ninguna de ellas, como CiSPren y SiPreBA. Se trata de una convocatoria unitaria de características históricas a la altura de los desafíos que encaran los y las trabajadores de prensa: la lucha contra los despidos, los cierres, la precarización laboral y el ajuste en nuestros salarios y en defensa de la libertad de expresión.

GestionPublica.info dialogó con Roberto Zorrilla, Secretario General FATPREN, quien argumentó que se “está criminalizando la profesión poniéndole un cepo a lo que nosotros tengamos que decir sobre el blanqueo de capitales”.

Para Zorrilla, “las herramientas que ha utilizado el Estado en estos 7 meses son bastantes peligrosas”, teniendo en cuenta que “por un lado el protocolo anti piquetes nos acorrala para no contar la versión original de los hechos”. Además, el representante de FATPREN aclaró que “el panorama de los trabajadores de prensa era malo y a lo que viene de arrastre se le sumaron 2.500 despedidos en el sector”.

“Me preocupa que se esté jugando a suerte y verdad”, aseguró Zorrilla y agregó que el gobierno “va viendo si una medida encaja o no y si nadie se daba cuenta del artículo 85 de la ley de blanqueo, la dejaban pasar”. Por último, el dirigente sindical reflexionó que “estas normas solo quieren medir la aceptación social, toman medidas antipáticas y anticonstitucionales”.

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