02/08/2016 En Corrientes

Ya tiene fecha el primer juicio por muerte con agrotóxico

Santiago Arévalo, de cuatro años, murió en 2011 intoxicado con Endosulfan de una plantación vecina. En noviembre el caso llega al Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya donde el productor Ricardo Prieto deberá enfrentar las acusaciones. 

A mediados de julio se confirmó la fecha para el primer juicio por homicidio con agrotóxicos en la ciudad correntina de Goya. En 2011, Santiago Nicolás, de apenas cuatro años, murió al intoxicarse con Endosulfan. Cinco años más tarde, el Tribunal Oral Penal local confirmó que el juicio se desarrollará entre el 21 y 25 de noviembre próximo.

Santiago Nicolás Arévalo y su prima Celeste estaban jugando en la localidad de Lavalle, de 3 mil habitantes, a 10 kilómetros de Goya, cuando en las plantaciones de tomate vecinas fumigaron con Endosulfan. “Los niños tomaron contacto con el veneno que había chorreado hacia la calle al pisar unos charcos", recordó un familiar a la prensa local. Luego de presentar un cuadro de intoxicación, Santiago llegó al Hospital Pediátrico Juan Pablo II con fuertes dolores en el cuerpo y vómitos. Falleció a las horas, el 4 de abril. La autopsia determinó que la muerte se debió a una fuerte intoxicación con el insecticida Endosulfan.

La carátula del expediente figura como “Homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal”. Este sería el primer juicio a llevarse a cabo en Argentina por muerte por intoxicación con agrotóxicos. Gestionpublica.info dialogó con Emilio Spataro, miembro fundador de Guardianes del Iberá y uno de los 19 testigos que declaran en la causa, quien nos informó más acerca del juicio y sobre la situación hoy en la provincia de Corrientes.

“Nosotros tomamos contacto con el caso porque en esa época estábamos haciendo una campaña contra las fumigaciones con agrotóxicos en la provincia de Corrientes, principalmente en la actividad arrocera. Cuando recibimos la noticia fuimos a la localidad para tomar contacto con la familia y los invitamos a participar del primer encuentro de pueblos fumigados. A partir de allí surgió la idea de llevar adelante este juicio para visibilizar lo que pasa en la localidad de Lavalle”, expresó Spataro.

“Las trabas en el camino fueron muchas porque estamos hablando de un productor grande, que a su vez tiene denuncias por trabajo infantil. Es una persona con mucho respaldo económico y de la provincia”, aclaró el miembro de Guardianes del Iberá. Está hablando del productor Ricardo Prieto, contra quien recaen las acusaciones. “Este no es el único caso, hubo otras muertes de niños en la misma localidad”, denunció. 

Igualmente, y a pesar de los reiterados casos, “no cambió absolutamente nada en Goya”, expresó Spataro en referencia a las regulaciones y normativas. “Si bien el Endulsofan fue prohibido hace tres años, acá se sigue utilizando ilegalmente. A veces se reemplaza por otro compuesto hidroclorado que también es perjudicial para la salud. Asimismo, tampoco hubo un plan de remediación ambiental ni de investigación de calidad desde la provincia”, agregó y remarcó que “las autoridades niegan la situación”.

Provincia de Buenos Aires

Un reciente proyecto de Ley, que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense, achica las distancias de uso del herbicida respecto a las casas habitadas. “Esta norma permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta sólo diez metros de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias”, expresó el especialista Darío Aranda en Pagina12.

Esta Ley permitiría fumigar a pasos de las viviendas con glifosato, atrazina, clorpirifos y el cuestionado 2,4-D, calificado como “probable cancerígeno”. “Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y la salud de la población. No existe argumento técnico ni científico que justifique la iniciativa”, denunció a la prensa Gabriel Arisnabarreta, integrante de la organización Ecos de Saladillo.

“Este proyecto es anticonstitucional”, expresó Spataro quien comparó también la realidad de las dos provincias. “No se da una situación tan clara como en las zonas sojeras que hay parcelas cuadriculadas, los limites están mejor marcados, acá es otra dinámica. Acá lo rural y lo urbano se mezclan más y los peligros aumentan”. Al finalizar, aseguró que esperan que Prieto  sea  declarado culpable y que “este caso sea un ejemplo aleccionador de que las fumigaciones matan”.

Auditoría

El año pasado Leandro Despouy, ex titular de la Auditoría General de la Nación, participó de un debate sobre el uso de agroquímicos en el  Senado de la Nación y mencionó que uno de los trabajos del organismo de control sobre la gestión del SENASA confirmó que “no existe una base de datos integrada con la información de las empresas registradas que se encargan de esparcir estos productos”. Además, en esa oportunidad, también comentó que el panorama en esta temática es “desolador” y que “el Estado no realiza ningún relevamiento sobre la cantidad y calidad de los agroquímicos que se utilizan y no se ha exigido el principio precautorio”.

Notas relacionadas

Reactivan la Ley de energía renovable


Cinco años después, nuevo estudio de Ambiente


El zoológico porteño y un avance a medias


Bosques desprotegidos y una Ley olvidada


Casas flotantes: una solución para los humedales


Humedales en emergencia