17/08/2016 Por Carla Pitiot

Una sociedad con paridad es una sociedad más justa

Estudiamos, trabajamos y usamos pantalones. Hemos avanzado, pero también nos matan por ser mujeres y en debates cruciales, como el de la reforma política, no se discute la paridad, un paso imprescindible para la lograr la igualdad.

Presidencia de las comisiones de la Honorable Cámara de Diputados; Poder Judicial y Corte Suprema; Poder Ejecutivo Nacional y fórmula presidencial; órganos colegiados; cargos públicos electivos; asociaciones sindicales; asociaciones profesionales; función pública y autoridades partidarias.

Esta lista, que pareciera ser una enumeración del sector público de gobierno y representación política de nuestro país, es en realidad un reducido inventario de los espacios de participación en los que desde hace varios años la paridad de género es un reclamo permanente.

Se presentan proyectos, pierden estado parlamentario y se vuelven a presentar. En la agenda de debate pareciera no haber lugar para la reivindicación ni más ni menos que de un derecho. ¿Por qué molesta tanto hablar de paridad? No es capricho, es una deuda. Aún queda mucho camino por recorrer para terminar con las inequidades de género. Somos esencialmente una sociedad injusta.

En la incipiente inauguración del debate por la reforma electoral, una vez más la perspectiva de género fue víctima de un mecanismo recurrente: el olvido. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional no modifica los porcentajes de representación que desde la pionera Ley de Cupo de 1991, funcionan en los hechos como un techo de 30% para la participación femenina.

No hay excusas y sobran las evidencias. Más de una década después de que se aprobara la paridad en Francia, son nueve los países de todo el mundo que han introducido en sus legislaciones electorales disposiciones que consagran la participación paritaria de hombres y mujeres.

Varios países de la región, inspirados inicialmente en la exitosa experiencia argentina, avanzaron hacia reformas electorales que permitieran mejorar la representación en los parlamentos con la incorporación de mujeres y de hombres en un 50% de manera alternada y secuencial en las listas partidarias: Ecuador, Bolivia, Costa Rica y, recientemente, Nicaragua, para cargos de elección popular.

En el Continente africano, otros dos países han incorporado estas disposiciones: Senegal y Túnez, que incluyó esta medida para la elección de la Asamblea Constituyente encargada de redactar su nueva Constitución, tras la primera elección democrática ocurrida en ese país.

En los casos anteriormente mencionados, estas modificaciones normativas impactaron significativamente en la conformación de la agenda política y en las propuestas parlamentarias, así como también en la reconfiguración de modelos y estereotipos sociales. Pero más allá de los resultados sustantivospara justificar la presencia de mujeres y hombres en forma igualitaria en los puestos de decisión, aquí lo fundamental es que se trata de una cuestión de justicia. Hombres y mujeres tenemos idénticos derechos de participar en forma equilibrada en el ámbito de la representación política.

La idea de paridad articulada a otros conceptos como el de igualdad real y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas públicas y privadas, promueven en su conjunto un esfuerzo por construir un nuevo modelo de convivencia, cuyos dispositivos apuntan a desarmar el sistema patriarcal que por siglos ha mantenido a las mujeres alejadas del espacio público.

No queremos más, queremos lo mismo. Realizar transformaciones estructurales en las formas de hacer política es una estrategia fundamental para conseguir cambios sociales profundos y ese es el camino y desafío que tenemos por delante.

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