30/08/2016 Columnista

Cuando los números mandan

Por Facundo Martínez*. La semana pasada, el renovado y sincerado Indec reveló una caída de la economía con respecto al mismo período del año pasado del orden del 4,3 por ciento. 

En rubros como la construcción, se trata más bien de un derrumbe que alcanzó la escalofriante cifra del 20 por ciento. Por otro lado, la Corte Suprema puso fin al tarifazo inconsulto y determinó su suspensión hasta tanto se realicen las audiencias públicas pertinentes y entonces no podrá haber reclamos retroactivos de las compañías a los usuarios. Y si bien quedaron excluidas del fallo las empresas, al menos las Pymes ya anunciaron que preparan su propia ofensiva. En ese contexto político y económico, las que se hacen esperar son las millonarias inversiones prometidas en el fragor de la campaña electoral y en los primeros meses de gobierno de Cambiemos, tiempo en el que lo único que parecía preocupar al macrismo era el destino de los funcionarios K, sospechados de corruptos e investigados por la Justicia, a veces independiente y otra veces no tanto.


A nueve meses de la toma del mando, los problemas se multiplican y las estrategias mediáticas comienzan a perder fuerza y sentido. La mejor opción para el Gobierno es comenzar a tratar los problemas sobre tablas para no seguir debilitándose ni perdiendo credibilidad. El jefe de Gabinete de ministros, Marcos Peña, reconoció el jueves pasado en la Cámara de Diputados que el país está en recesión y admitió incluso una caída del orden del 1 por ciento del Producto Bruto Interno. Obviamente adjudicó la tendencia a “la herencia recibida”, pero a cambio recibió de los parlamentarios opositores el pedido de un “cambio de rumbo”.
La campaña de victimización que llevaron adelante tanto el presidente Mauricio Macri como la carismática gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal –a quien los mentores mediáticos del PRO le imaginan un futuro todavía más grande- no parece gravitar demasiado, sobre todo frente al clima de protesta que comienza a ganar espesura. La multitudinaria marcha de la resistencia convocada por el kirchnerismo duro y las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, parece ser mucho más preocupante para el Gobierno que –como se ha dicho en algunos medios- un intento desesperado de la ex presidenta Cristina Fernández de “frenar la ofensiva judicial en su contra”.


Ante este panorama, los más altos funcionarios del macrismo se juntaron en San Juan en una suerte de retiro espiritual para analizar lo actuado hasta el momento, los aciertos y los errores, como por ejemplo el fallido tarifazo que ha dejado al descubierto un alto grado de improvisación y torpeza institucional. Todo, obviamente, con miras a las elecciones de medio término del año próximo, que sin dudas será el indicador más objetivo de la aprobación de los ciudadanos al modelo en ciernes.


Tampoco dan respiro los números del desempleo creciente, que después de casi una década trepó al 9,3 por ciento y está a un paso de volver a tocar los dos dígitos, como ya ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde se informó que la cifra escaló hasta el 11 por ciento. Mucho tiene que ver la caída sostenida de la actividad económica de los últimos meses, aunque el Gobierno se muestra optimista y afirma que ésta ha tocado ya su piso y que, desde el último mes de julio, comenzó a notarse una mejoría sobre todo en el sector privado. Si se trata o no de una declaración de voluntarismo, lo cierto es que el Gobierno tiene en el desempleo un nuevo problema para resolver, sobre todo en su intento de dialogar más y mejor con las centrales obreras de la CGT, ahora unificadas y gobernadas por un triunvirato. En este sentido, desde el ministro de Producción, Francisco Cabrera, llegó un mea culpa. Cabrera reconoció la existencia de problemas de empleo, en sintonía con lo que el presidente Mauricio Macri había adelantado cuando informó que “sólo el 40 por ciento tiene empleo en la Argentina”. Lo del ministro Cabrera fue un poco más sutil, explicó cómo se divide la población económicamente activa -6 millones en el sector formal, 4 millones en el sector público, 5 millones en el sector informal, 3,5 millones son cuentapropistas- y remarcó que es “muy bajo el índice de empleo en el sector formal”. Cabrera resumió lo hecho hasta el momento por el Gobierno como “un proceso de normalización de la economía” y mencionó el problema de la “competitividad” como otro asunto al que el Gobierno no ha podido aún dar respuesta.


Tampoco será fácil para el Gobierno revertir el descrédito que comienza a tener entre algunos sectores empresarios, principalmente los que se vieron más afectados o incuso sienten la amenaza de las dificultades que deberán afrontar en el camino que tomó el Cambiemos desde aquellas primeras medidas económicas tendientes a beneficiar a los sectores concentrados de la economía, principalmente al campo. Todavía no se cumple el año de gobierno y los empresarios ya dejaron trascender su desconfianza en que se alcancen las metas prometidas y, pese a que todavía se dicen optimistas al respecto, lo cierto es que comienza a filtrarse un estado de preocupación creciente. Muestra de ello, por ejemplo, puede ser la alarma encendida por los analistas financieros Roberto Sifón Arévalo (Standard & Poor’s) y Gerardo Mato (HSBC), quienes coincidieron en que “la inversión todavía no llegó a la Argentina como se esperaba” (Clarín, 26/8/16), y advirtieron que “no es fácil plasmar las buenas intenciones en los hechos” y que las inversiones llegarán “cuando se vea que el plan de gobierno es bueno y confiable”.


Antes de iniciar la juntada en San Juan, Macri llamó a una reunión de coordinación de gestión a los integrantes de su mesa chica: Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la vicepresidente Gabriela Michetti –que, por otra parte, aún no logra explicar el origen del dinero que le robaron de su casa el día de su asunción-, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y los secretarios de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. El objetivo es redefinir estrategias para intentar lograr el mayor consenso político de cara a la audiencia pública para tratar el tarifazo que se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre. Dejar atrás el conflicto es el primer objetivo a corto plazo del Gobierno; mientras que a mediano plazo apunta a la realización de un importante plan de obras públicas en la provincia de Buenos Aires, que se cree ayudará a descomprimir la situación del desempleo generando nuevos puestos de trabajo, será clave en materia política con vistas a las elecciones del año próximo. Así lo dejó ver el presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, quien consultado sobre la segunda reunión del Consejo Nacional del PRO, apuntó: “se va a tratar la estrategia política que pasa por fortalecer Cambiemos como herramienta electoral y extender el trabajo del partido a todo el país, identificando posibles futuros candidatos a legisladores y a intendentes. Queremos trabajar ya el 2017 pensando en 2019″. Está clara la intención, sólo falta ver cuál será esa estrategia, si mejora la o no la ensayada hasta el momento que, que por cierto, ha comenzado a agrietarse.

*Sociólogo y periodista.

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