06/09/2016 Balance de gestión

Primer semestre de la OA

El organismo de control presentó un informe sobre el trabajo realizado en los últimos seis meses. Entre otras cosas, se destaca la participación en la creación de la Ley del Arrepentido  y el seguimiento de causas por hechos de corrupción. 

La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Laura Alonso, presentó un informe de gestión sobre el trabajo realizado durante el primer semestre del año. Allí se destaca la participación del organismo en la creación de distintos proyectos de Ley para promover la transparencia, además de detallar las causas de corrupción en las que participó como querellante.

Durante el 2016, la OA sirvió de sede para la conformación del equipo de Transparencia y Gobierno Abierto del Poder Ejecutivo, formado por funcionarios del gobierno nacional. “El objetivo del grupo es identificar y llevar adelante un plan de trabajo conjunto y transversal que tenga como eje central la transparencia en la gestión y la promoción del acceso a la información pública”, describe el informe.

Además, el organismo fue parte del grupo dedicado a la elaboración de los nuevos compromisos que serán incluidos en el II Plan de Acción de Gobierno Abierto que Argentina presentará ante la Alianza para el Gobierno Abierto.

“Para ello participamos de la mesa de diálogo “Acceso a la información, transparencia y datos abiertos", junto a otros organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil”, indica el informe de gestión y agrega que “allí planteamos preocupaciones, presentamos propuestas y debatimos; entre otras temáticas, sobre: Participación ciudadana, Mecanismos de difusión de información, Acceso a la información y datos públicos, Transparencia presupuestaria y Transparencia en contrataciones públicas”.

El organismo de control que comanda Laura Alonso también participó en la creación de los proyectos de Ley del Arrepentido para delitos de corrupción, de Extinción de Dominio, de Acceso a la Información Pública, Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, la Ampliación de la Jurisdicción para delitos de Soborno Trasnacional y la Ampliación de la definición de Funcionario público extranjero.

Unidades de Ética y Transparencia

Dentro de los trabajos realizados en este primer semestre, la Oficina Anticorrupción creó dos Unidades de Ética y Transparencia (UET), una en la Dirección de Vialidad Nacional del Ministerio de Transporte y la otra en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ambas tienen el objetivo de “brindar asistencia en la capacitación del personal de Vialidad, promover el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas y elaborar propuestas normativas vinculadas a la transparencia”.

Las UET son además un canal para recibir denuncias en protección del patrimonio estatal y la idoneidad de la funcionalidad pública, ampliando la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el control de los actos de gobierno.

Propuesta de Reforma de la Ley de Ética Pública

La OA remarcó una serie de falencias de la actual Ley de Ética Pública y proyectó una reforma que “pretende desvincular definitivamente la información fiscal de aquella que deben contener las Declaraciones Juradas Patrimoniales previstas en la Ley 25.188, estableciéndose la obligación de las autoridades de aplicación de desarrollar y proveer los sistemas informáticos necesarios para garantizar la carga, publicidad y protección del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, el resguardo de la información reservada y el acceso libre a través de Internet del contenido público”.

Denuncias

La Oficina Anticorrupción lleva adelante sus propias investigaciones o aquellas que se inicien por denuncias de terceros. En estos 6 meses, denunció, por ejemplo, al ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández por haber favorecido ilegalmente a la empresa Commercial Carpets con un subsidio por 56 millones de pesos para la construcción de canchas de hockey, a través de su rol como presidente de la Confederación Argentina de Hockey.

La obra pública también tuvo denuncias como el caso del intendente de Tartagal, Salta, por presuntas irregularidades en el uso del dinero enviado por el gobierno nacional, que estaba destinado a realizar obras a raíz de la tragedia climática ocurrida el 9 de febrero de 2009. “Las actuaciones se iniciaron a partir de publicaciones periodísticas de los diarios Perfil, La Gaceta y La Nación, en sus ediciones digitales, que denunciaron el uso de facturas apócrifas”, resalta el informe.

A su vez, la Oficina Anticorrupción realiza un seguimiento de causas por hechos de corrupción. En estos seis meses, el organismo solicitó al juez Martínez de Giorgi que cite a declaración indagatoria a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, en una causa que investiga la entrega de subsidios y la alteración de un informe público. Se acusa a Jaime de haber pagado subsidios aun cuando un informe interno de la Secretaría que tenía a cargo lo desaconsejaba 

El informe indica que otra de las “competencias de la Oficina Anticorrupción es intervenir como querellante en causas penales en las que se encuentre afectado el patrimonio del Estado nacional”. Desde el pasado mes de Junio la OA actúa de esta forma en la causa se investiga la responsabilidad de Lázaro Báez y otros imputados en una maniobra para “sacar del país y reingresar al circuito comercial y financiero formal, disimulando su origen, grandes sumas de dinero no declaradas, provenientes de actividades delictivas”.

El organismo además actúa como querellante en las causas: Hotesur, Tragedia de Once, Ciccone Calcográfica, The Old Fund, Enriquecimiento ilícito de Ricardo Echegaray y Plan Qunita, entre otras.

¿Qué es la OA?

La Oficina Anticorrupción (OA) es un organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue creada en 1999 con el objeto de luchar contra la corrupción y promover la prevención y la investigación de conductas contrarias a la ética y la integridad.

La OA actúa en el ámbito de la Administración Pública Nacional-Centralizada y descentralizada- y en todo ente público, como empresas y sociedades, que tenga participación del Estado o su principal fuente de recursos sea el aporte estatal.

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