20/09/2016 Columnista

La transparencia gubernamental: ¿Inalcanzable?

Por Atilio A. Boron. El título de esta breve nota tiene una clara reminiscencia cervantina: en un pasaje de su magna obra el Quijote dice que su camino es Soñar el sueño imposible y luchar contra el enemigo imposible. 

Al reflexionar sobre el tema no pude evitar que las palabras de Cervantes acudieran a mi mente. Porque, cualquier politólogo debe saber que los gobiernos, sin excepción, sienten una fuerte aversión por la transparencia, aunque la intensidad de este sentimiento varía según los países y períodos históricos. Esa preferencia por el secreto no necesariamente significa un premeditado encubrimiento de actividades o conductas reñidas con las leyes, como la corrupción. Refleja, más bien, el ethos y la dinámica propias de cualquier organismo burocrático, que desconfían grandemente de la apertura, la transparencia o el control ciudadano. Todo ello es visto como una molesta interferencia en la gestión tanto de la cosa pública como de la empresa privada, como la puerta por la cual penetran intereses privados de distinto tipo para torcer el rumbo de lo que debería ser un proceso decisorio  exclusivamente técnico y supuestamente apolítico.

La burocracia requiere un blindaje especial a prueba de miradas molestas y de influencias ajenas a la racionalidad del modelo weberiano. El problema es que ese aislamiento y esa pretensión de exclusividad en la toma de decisiones -fundada en la supuesta superioridad del saber técnico que la burocracia maneja- es incompatible con la idea misma de la democracia, que construye del proceso decisorio desde abajo hacia arriba, desde la voluntad del pueblo soberano que se expresa en el mandatario electo. Y el otro problema es que la deformación de la burocracia, el burocratismo, puede encubrir graves delitos de corrupción. La correcta graduación de este flagelo exige enormes esfuerzos, y es evidente que cuando se observa con rigor metodológico algunas de las estadísticas más usuales en esta materia sus resultados se desmoronan como un castillo de naipes.

Por ejemplo, un reciente informe de Transparency International coloca a la Argentina en el lugar 107 de una lista de 167 países. No es mi intención afirmar que nuestro país está libre de corrupción, pero una cosa es la percepción de la corrupción –que depende de lo aguda y sofisticada que esta puede ser y del nivel educativo general de la población- y otra la realidad de la corrupción. Una discusión aún pendiente, porque a la hora de definir este flagelo los criterios poco convincentes. La falta de transparencia, madre de la corrupción, ha sido la norma en muchísimos países. Recuérdese el sonado caso del Acuerdo Multilateral de Inversiones negociado en el más absoluto secreto entre Estados Unidos y los países europeos más Canadá y Japón y que cuando se filtró a la opinión pública tuvo que ser abandonado al revelarse las escandalosas cláusulas que contenía. Ese fue un clarísimo caso de corrupción gubernamental al más alto nivel, que sin embargo no es así considerado en las mediciones convencionales. Los mismo enseña el caso de los Wikileaks y, más cerca de nosotros, el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea que sigue tramitándose en el más absoluto secreto por parte de los gobiernos democráticos de ambos lados del Atlántico. Para decirlo brevemente: la transparencia gubernamental parece ser una de esas “estrellas inalcanzables” de las que hablaba el Quijote, pese a lo cual hay que seguir dando batalla para acercarnos cada día más a ese objetivo.

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