27/09/2016 Columnista

El grito de los trabajadores

Por Facundo Martínez*. En estos diez meses de gobierno, los trabajadores argentinos han resistido estoicamente cada una de las medidas económicas que de una forma u otra atacaron su bolsillo.

La quita de retenciones al campo que terminó encareciendo los alimentos; la devaluación del dólar -que también repercutió directamente en los precios- una inflación que lejos del 25 por ciento proyectado por el oficialismo durante los primeros meses de gestión hoy supera el orden de los 45 puntos interanuales; los tarifazos que rompieron todos los techos imaginables; la incorporación de miles de trabajadores antes exentos al pago del impuesto a la ganancias, que incluso está muy lejos de desaparecer como se había prometido en la campaña; una serie de despidos indiscriminados tanto en el sector público como privado, y que en nada puede sentir de alivio con los magros números de supuesta recuperación que esgrime la cartera laboral como indicador de mejoría.  

Pero en todos estos meses de impedimentos y desilusión, los trabajadores también fueron tejiendo sus propias redes de contención. Eso explica la enorme convocatoria del paro nacional de este martes convocado por los empleados estatales, los docentes y los trabajadores de la salud de los hospitales públicos, quienes en su lista de reclamos tienen como punto de inflexión la reapertura de las negociaciones paritarias que, a la luz de los acontecimientos, terminaron cerradas a la baja. En el sector público también se suma un paquete que incluye el pase a planta permanente de los trabajadores estatales precarizados; un problema que estaba presente también durante el kirchnerismo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inició la convocatoria con un argumento simple: si este año los trabajadores ya perdieron más de 15 puntos entre los acuerdos y la inflación real, y encima para el año próximo el Gobierno fijó un techo del 17 por ciento, el momento de exigir es ahora. No costó tanto que esta convocatoria se le fueran sumando la Ctera, la Federación Nacional Docente y la Conadu Histórica (universitarios). Los docentes fueron los primeros que cerraron sus acuerdos paritarios dentro de un escenario político y económico que no era ni por lejos el que finalmente se dio.

A la movilización convocada por los gremios se sumaron también la CTA Autónoma y movimientos sociales como la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, que si bien en los últimos tiempos han redefinido sus alianzas políticas coinciden en la necesidad de aunar esfuerzos para defender a los sectores más castigados de la sociedad como los trabajadores informales y los desocupados, y reclamar por “trabajo digno” y por “parar el ajuste”. 

Ya habrá tiempo para analizar el impacto de esta medida anunciada la semana pasada. También lo habrá para analizar la unión de las centrales de trabajadores que ya anunciaron un paro nacional, que tras la reunión prevista para el próximo jueves con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, muy probablemente tenga fecha de concreción. Los principales reclamos de los gremios nucleados en la CGT también serán la reapertura de paritarias y el manoseado impuesto a las ganancias, del que como mínimo se espera una mejoría sustancial con respecto a los retoques anunciados por el gobierno días atrás para intentar fijar un techo que, en principio, es percibido por los trabajadores organizados más bien como un piso. 

Mientras estas manifestaciones de los sectores populares y más postergados por el Gobierno siguen su curso y los funcionarios analizan cómo destrabar un conflicto que de seguir creciendo impactará negativamente en la alicaída imagen presidencial, desde el ministerio de Economía y Finanzas no llegan precisamente buenas noticias. El balance entre los dólares ingresados y los vendidos para el ahorro y el turismo, arrojó un resultado de una fuga de 14.599 millones. El problema es que esa salida de divisas sumado al déficit fiscal sólo puede contrarrestarse con la incorporación de deuda nueva cuya consecuencia son las altas sumas de dinero que el país pagará a sus acreedores en concepto de intereses. Se calcula que para a finales del 2016, el país destinará al pago de intereses prácticamente el doble de lo pagado por el mismo concepto a finales del 2015 (186 millones de pesos), y mucho peor se presenta el panorama para el 2017, donde los especialistas calcularon un incremento de alrededor del 32 por ciento (246 millones), es decir el doble de lo que con optimismo infundado los técnicos del Gobierno estiman como porcentaje de inflación para el año próximo. 

El déficit fiscal se ha convertido en un gran problema para el Gobierno, que no ha podido combatirlo ni frenando la obra pública ni con la ola de despidos del comienzo de la gestión y que en el próximo diciembre, según se deslizó a principio de septiembre, podría tener una segunda parte. Lo curioso es que el alto endeudamiento de estos meses, el mayor que se registra para un período tan corto, obligará al Gobierno a pagar el año próximo prácticamente el 11,5 por ciento (Página 12, 25/9/16) del total de Gastos Corriente en el Presupuesto Nacional, apenas un punto menos que el 12,3 por ciento que de esos gastos representan las remuneraciones de la administración nacional.

Es cierto que no será fácil para el Gobierno, con este preocupante panorama económico, dar respuesta a los reclamos de los trabajadores. Habrá que esperar a ver cuánto crece el conflicto y con cuánta fuerza se escucha el grito de los sectores populares, para ver si la situación comienza a cambiar. Pero una cosa al menos debería estar clara para el Gobierno y, particularmente, para el presidente Mauricio Macri: estos son los trabajadores a los que debe escuchar y no los extras que sus asesores de imagen le suben a un colectivo para simular un contacto cercano y una asimilación de realidad que, a juzgar por los hechos, está lejos, muy lejos de sus propias percepciones. 

 

*Sociólogo y periodista.

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