04/10/2016 Columnista

Combatir al narcotráfico con las fuerzas armadas

Por Atilio A. Boron. Desde el cambio de gobierno y a partir de la visita del presidente de EE. UU. a la Argentina, diversas declaraciones oficiales indican que la recomposición de las relaciones con Washington tiene un fuerte componente militar. 

Esto no se reflejó en el escueto comunicado emitido por la cancillería argentina, pero sí lo hizo en el mucho más completo y profesional despacho dado a conocer por la Oficina de Prensa de la Casa Blanca, que enumera los acuerdos sustanciales sellados durante el encuentro entre ambos presidentes. Hay en todo esto una llamativa paradoja. La llegada de Barack Obama fue anunciada por los publicistas oficiales como un anticipo de la “lluvia de dólares” y de las inversiones norteamericanas que arribarían al país en la nueva etapa. Tal cosa no ha ocurrido hasta ahora, y los pronósticos no hacen lugar al optimismo. Pero si la colaboración económica se mueve muy lentamente, no ocurre lo mismo con la cooperación militar, muy especialmente, en la militarización del combate al narcotráfico al asignársele a las fuerzas armadas un papel protagónico en dicha tarea.

La experiencia de México ilustra los desastrosos resultados que tuvo en ese país la decisión del ex presidente Felipe Calderón de encomendarle a las fuerzas armadas la tarea de combatir al narcotráfico.  Todos cuanto han estudiado seriamente el problema coinciden en señalar que en la lucha contra ese flagelo sólo puede recurrirse a la participación de los militares una vez que todas las demás formas de combate fueron ensayadas sin éxito. La primera línea de ataque es la política social, toda vez que la producción y tráfico de sustancias psicotrópicas expresa un agudo proceso de descomposición social, producto de la escandalosa inanidad de la intervención estatal y de la lógica excluyente y excluyente  de los mercados. Ambos defectos tienen un impacto destructivo sobre la integración social, destruyendo familias, debilitando lazos sociales y comunitarios y creando la masa de maniobras que el narco necesita para la prosperidad de su deleznable negocio. Una política social integral, que restañe la integración social debe incorporar dimensiones económicas, sociales y, de manera muy especial, culturales. Debe complementarse asimismo con una intensa y persistente campaña de educación pública, que sólo podrá ser efectiva si la “población excedente” que el capitalismo arroja a la vera del camino es reintegrada a la sociedad con trabajos dignos y bien remunerados, y con una educación que permita a los sectores marginales ocupar un nuevo lugar en la sociedad.

La segunda línea de combate, prosiguiendo con nuestro análisis, es un acuerdo internacional que obligue a los países donde se concentra la gran masa de los consumidores de sustancias psicotrópicas a luchar con todas sus fuerzas para limitar la demanda de estupefacientes. Papel primerísimo ocupa Estados Unidos y, en mucha menor medida, los países europeos. En el caso del primero no deja de ser una asombrosa desgracia la ausencia de un programa federal de combate a las adicciones. Por más esfuerzos que hagan los países donde se produce la droga, si la demanda sigue tan fuerte y en alza será muy difícil que estos puedan lograr éxitos significativos en la lucha contra el narcotráfico.

Pero si no hay políticas sociales efectivas, en el sentido amplio arriba señalado, y si en los centros metropolitanos no se ataca la adicción, la situación se sale de madre con sus gravosos resultados y la introducción de las fuerzas armadas sólo logrará empeorar las cosas. Impulsados por Estados Unidos, algunos gobiernos latinoamericanos apostaron a una “solución militar” del problema. No resultó. En el caso de México el contacto entre el narco y las fuerzas armadas terminó por reclutar a una  parte de la oficialidad superior a las filas del primero, creándose zonas en donde el estado nacional perdió todo tipo de autoridad cayendo ésta en las manos de bandas armadas en donde “capos” de la mafia y sicarios conviven con ex oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad sembrando el caos y sumiendo en un baño de sangre regiones enteras del país en su incesante lucha por controlar la ruta de la droga y los puntos de venta. Esta es la historia reciente de México, con 27 mil 659 desaparecidos oficialmente registrados desde el 2007 hasta el 31 de diciembre de 2015, a la vez que entre el 2007 y 2014 164.000 mil personas fueron asesinadas en el marco del combate al narcotráfico. Para tener una idea de la magnitud de esa cifra, en ese mismo período unas 103.000 mil personas murieron en Afganistán e Irak, dos naciones que están en guerra, mientras  que México no lo está.[1] Sería imperdonable que las trágicas enseñanzas de la historia contemporánea del país azteca fuesen desoídas en la Argentina, con el riesgo de sufrir las mismas luctuosas consecuencias.

[1] La cifra de desaparecidos se encuentra en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/11/1074404; los muertos en el combate al narcotráfico en http://www.24-horas.mx/asesinatos-en-mexico-superan-cifra-de-muertos-en-guerras-de-irak-y-afganistan/

 

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